‘Sin dinero ni dónde quedarse’: los solicitantes de asilo esperan mientras se prolongan las restricciones fronterizas de Trump

Hasta 2015, el pequeño pueblo mexicano de Sonoyta, Sonora, apenas figuraba en el panorama migratorio de la frontera entre México y Estados Unidos, pero entonces la migración procedente de Centroamérica y otras partes de Latinoamérica empezó a aumentar.

En marzo de 2020, cuando el expresidente estadounidense Donald Trump aplicó la norma de salud pública Título 42, citando la pandemia como motivo para cerrar los puertos de entrada a los solicitantes de asilo en la frontera, comenzaron a llegar más familias a la pequeña localidad agrícola de 17 mil habitantes sin tener adónde ir.
“No tenían dinero ni dónde quedarse”, comentó Aaron Flores, que dirige los servicios de emergencia de la ciudad. “Cuando llegaron a nosotros, ya no tenían opciones”.

Sonoyta, que se encuentra a medio camino entre los puntos de cruce estadounidenses más grandes de Nogales y Yuma, Arizona, se ha convertido en una estación de paso para las familias solicitantes de asilo, mientras esperan –y esperan– que se levanten las restricciones del Título 42 y su oportunidad de presentarse ante los agentes federales fronterizos estadounidenses.

Desde que comenzó a aplicarse en 2020, el Título 42 ha sido utilizado más de 2.5 millones de veces para expulsar a solicitantes de asilo de Estados Unidos, en muchos casos de forma repetida. Con la orden dictada el lunes por la Corte Suprema de Estados Unidos, a petición de varios estados liderados por republicanos, entre ellos Arizona y Texas, el plazo del 21 de diciembre para poner fin al Título 42 fue ampliado nuevamente.

Fue una decisión emitida por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, con carácter temporal en la tarde del lunes, que anticipaban muchos de los que trabajan con solicitantes de asilo.

“Odio ser el Grinch”, comentó Flores. “La gente tiene derecho a solicitar asilo en virtud de la legislación estadounidense, pero el gobierno de Estados Unidos encontrará la forma de retrasarlo”.
Incluso cuando el Título 42 finalmente termine, señaló Flores, él no cree que el creciente ritmo de la migración se detendrá en el corto plazo, impulsado por las crecientes brechas de riqueza, el aumento de la inestabilidad política en algunos países y el calentamiento del planeta.

Por ello, la ciudad unió fuerzas con una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos llamada Shelters for Hope para convertir un motel abandonado en un centro de recursos para migrantes denominado Centro de Esperanza, que abrió sus puertas en diciembre de 2021. El centro ofrece comidas, asesoría legal, ropa y calzado a familias que quieren solicitar asilo en Estados Unidos. Actualmente, atienden entre 150 y 200 personas al día, indicó Flores.

Además de ser la directora de protección civil de Sonoyta, Flores también es codirector del Centro de Esperanza, que actualmente están ampliando para convertirlo en un albergue con capacidad para 150 personas e intentar hacer frente a las crecientes necesidades.

Una semana antes de Navidad, el centro celebró su primer año con una comida de tamales y con piñatas y juguetes para los niños. Decenas de familias, en su mayoría de México y Centroamérica, se reunieron en el patio del centro para comer cupcakes mientras los niños jugaban con los juguetes que habían recibido de los donadores estadounidenses y mexicanos.

En el último año, con la ayuda de abogados de inmigración estadounidenses que trabajan en un refugio de Nogales, el centro ayudó a 300 personas a solicitar asilo, explicó Flores. Pero es un camino difícil y largo, comentó, sobre todo cuando las autoridades de inmigración estadounidenses cambian constantemente los criterios que determinan quién puede quedar exento del Título 42 y presentar una solicitud de asilo.

“Los cubanos tienen mejores oportunidades –los hondureños también–, pero es peor para los mexicanos”, comentó Flores. “Y tenemos que ser brutalmente honestos con los hombres solteros que vienen aquí porque casi no tienen oportunidades”.
El centro recientemente recibió el estatus de organización sin fines de lucro en México y depende principalmente de donaciones.
No hace mucho tiempo, algunos de los solicitantes de asilo del centro limpiaron un parque local descuidado. Los residentes de Sonoyta agradecieron el gesto, dijo Flores.

El sábado, en otro refugio en Sonoyta solo para hombres, llamado Casa del Migrante, un hombre de Venezuela y otro de Honduras comentaron que también estaban esperando que terminara la aplicación del Título 42. “Todos se van a Yuma, Tijuana (en la frontera al sur de San Diego, California) o El Paso”, dijo el hombre de Honduras, que pidió que no se usara su nombre por temor a repercusiones de las autoridades, y que recientemente fue deportado de Estados Unidos después de haber vivido ahí indocumentado durante más de 40 años.

“Porque ahí es donde tienen la oportunidad de cruzar. Estamos esperando a ver qué pasa”, señaló.

Las deliberaciones legales sobre el Título 42 podrían durar ahora varios meses, dijo Adam Isacson, director de supervisión de defensa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, organización sin fines de lucro con sede en Washington DC. Muchos creen que el Título 42 ha disminuido el flujo migratorio, cuando no es así, indicó Isacson.
“Lo único que ha hecho es crear distorsiones disparatadas en las que a algunas nacionalidades se les aplica el Título 42 y a otras no”.

Todo depende de las nacionalidades que México permitirá a Estados Unidos expulsar de vuelta a través de la frontera o de si Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas con un país, lo cual puede facilitar las deportaciones a dicho país, explicó.

“Recientemente, el presidente estadounidense Biden concedió a México 60 mil visas de trabajo temporales adicionales para sus ciudadanos a cambio de que se llevara de vuelta a los venezolanos”, comentó.

La creciente crisis de desplazamiento y migración, agravada por el Covid-19, no es solo un problema que deba afrontar Estados Unidos, sino todo el hemisferio, indicó Isacson: “Colombia ha aceptado a 2.5 millones de venezolanos; Costa Rica tiene 200 mil personas en la lista de espera de asilo –en su mayoría nicaragüenses– y México se encuentra ya en su segundo año con 100 mil solicitudes de asilo”.

La semana pasada, Isacson estuvo en El Paso, donde el alcalde recientemente declaró una situación de emergencia después de que la ciudad comenzara a recibir miles de solicitantes de asilo más de los que podía atender de una sola vez, con frecuencia en un clima gélido.

“Había personas envueltas en mantas de la Cruz Roja en medio del frío glacial y en la calle”, relató Isacson.
Estados Unidos ha dispuesto de varios años para invertir en un sistema de tramitación “no caótico” para los solicitantes de asilo, señaló, pero ha decidido no invertir en él.

“Las leyes que tenemos son bastante estrictas en cuanto al derecho a solicitar asilo”, explicó. “Lo que no tenemos son las asignaciones (financiamiento aprobado por el Congreso) para que esas leyes realmente permitan pagar el procesamiento de una manera digna en los puertos de entrada”.

Un ejemplo, comentó, sería que la administración de Biden triplicara el número de jueces de asilo.
“Si te rechazan y tienes tu debido proceso y te envían a casa, entonces ese es el mensaje que vas a enviar: ‘No lo conseguí (el asilo)’, y la palabra se extiende”, señaló.

“Entonces el sistema puede centrarse en salvar a las personas que realmente están en peligro”.

Con el tiempo, Estados Unidos tendrá que reconocer que estos niveles de migración son la nueva normalidad, comentó.
“Hay mucho que se puede hacer sin necesidad de cambiar la ley”, dijo. “La pregunta es: ‘¿por qué no lo han hecho?”.