El informe del gran jurado de Georgia sobre la presión electoral de Trump se hará público de forma parcial

Partes del informe del gran jurado de Georgia en el que se analiza si Donald Trump y sus aliados cometieron delitos cuando intentaron anular las elecciones de 2020 se harán públicas esta semana, sin embargo, la totalidad del informe permanecerá en secreto hasta que la fiscal del condado de Fulton decida si presentará cargos, según falló un juez el lunes.

Las secciones que se harán públicas serán la introducción del informe, la conclusión y una parte en la que se discute si algunos de los testigos que declararon ante el gran jurado con fines especiales mintieron bajo juramento. La sección no identifica los testigos que pudieron haber mentido.

Tales secciones se harán públicas en el expediente judicial el 16 de febrero, dictaminó Robert McBurney, juez del condado de Fulton, el lunes.

La decisión constituye el último avance en una investigación muy vigilada que inició Fani Willis, fiscal de distrito del condado de Fulton, sobre los intentos de anular los resultados de las elecciones de noviembre de 2020. El mes pasado, Willis compareció ante el tribunal para manifestar que se oponía a hacer público el informe en su totalidad hasta que ella decidiera si se presentarían cargos penales, una decisión que, según comentó entonces, era “inminente”.

Trump –que infamemente presionó al principal funcionario electoral de Georgia para que “encontrara 11 mil 780 votos” para anular las elecciones– y sus aliados podrían enfrentarse a una serie de cargos penales en virtud de la ley de Georgia. Es un delito estatal intentar intencionalmente que alguien cometa fraude electoral o interferir con un funcionario que está llevando a cabo funciones electorales. Al parecer, Willis también está considerando la posibilidad de presentar cargos por asociación delictuosa contra Trump, en virtud de la ley RICO (ley federal contra el crimen organizado).

En un fallo de ocho páginas, McBurney señaló que revisó el informe y que el gran jurado cumplió con su propósito. No obstante, la divulgación de la totalidad del informe antes de que Willis tome una decisión sobre los cargos penales podría violar el derecho al debido proceso de las personas nombradas en el informe, escribió.

“Según todos los indicios, el gran jurado para fines especiales llevó a cabo su trabajo según las normas establecidas. El problema en este caso, al discutir la divulgación pública, es que las normas establecidas no permiten que los objetos de atención de la Fiscal del Distrito sean escuchados de la manera que requerimos en un tribunal de justicia”, escribió.

“La consecuencia de estas deficiencias en el debido proceso no es que el informe final del gran jurado para fines especiales sea suprimido para siempre o que sus recomendaciones a favor o en contra de la acusación sean de alguna manera defectuosas o sospechosas. Por el contrario, la consecuencia es que esas recomendaciones son únicamente para conocimiento de la Fiscal de Distrito, por el momento”.