“Los agentes migratorios nos han hecho la vida imposible”: venezolanos varados en Ciudad Juárez
Ana de Dios Pavón de Calles, una niña migrante de 13 años procedente de Venezuela, reacciona en una protesta durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en Ciudad Juárez, México, el viernes. Foto: José Luis González/Reuters

Para atravesar el anárquico Tapón del Darién, un viaje a través de la peligrosa selva panameña donde termina Sudamérica y comienza Centroamérica, se necesitan al menos 10 días a pie y es, en el mejor de los casos, extenuante y, en el peor, letal. Pero es más fácil que encontrarse atrapado en la frontera entre Estados Unidos y México, declararon las personas que fueron lo suficientemente afortunadas como para evitar el incendio mortal en un centro de detención de migrantes ubicado en Ciudad Juárez la semana pasada.

“Es por culpa de las autoridades de inmigración, nos han hecho la vida imposible”, comentó a The Guardian Loidermar Barrios, de 27 años y originaria de la ciudad de Maracay, Venezuela. “Mi hija de cuatro años me dice: ‘Mamá, quiero regresar, quiero regresar a la selva'”, añadió.

En la mañana del jueves, Barrios, su esposo Edgar Naranjo, de 27 años, y sus dos hijos llegaron al centro de detención de migrantes donde un incendio mató a 40 migrantes en Ciudad Juárez, la gran ciudad mexicana hermana de El Paso, Texas, justo al otro lado de la frontera con Estados Unidos.

Querían saber si entre los fallecidos había algún familiar desaparecido, para así poder comunicárselo a sus parientes en su país. “Ni siquiera nos regresan vivos”, comentó Naranjo. “Si está muerto, será muy complicado llevar su cuerpo a Venezuela”.

Las muertes están siendo investigadas como presuntos homicidios, indicó la fiscal Sara Irene Herrerías, que acusó a los responsables del centro de no hacer nada para evacuar a las víctimas después de que las llamas envolvieran una celda con migrantes encerrados en su interior.

En la tarde del lunes, las autoridades de migración hicieron redadas en las intersecciones de toda la ciudad, deteniendo a migrantes que limpiaban parabrisas y pedían dinero en la calle. Esos detenidos se convirtieron en las víctimas del incendio.

Las personas que fallecieron, según una lista del gobierno publicada el viernes, eran hombres procedentes de Guatemala, El Salvador, Venezuela y Honduras, el mayor de ellos tenía 51 años y el más joven 18, la mayoría eran veinteañeros.

“El alcalde había estado enviando mensajes de xenofobia a la población migrante”, señaló Naranjo. “Su retórica provocó estas redadas. Él es el responsable”.

Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, criticó a los migrantes que protestaron e interrumpieron temporalmente el flujo del tránsito vehicular el mes pasado en el Puente Internacional Paso del Norte que conduce a Estados Unidos, diciendo: “Es crucial que pongamos fin a esto. Podrían perjudicar a la economía de la ciudad… se nos está acabando la paciencia”.

El alcalde negó cualquier responsabilidad en el incendio durante una entrevista con la prensa el martes, insistiendo en que lo que ocurrió en las calles no tenía ninguna relación con lo sucedido en el centro.

“Todo aquel que establezca algún tipo de relación está buscando sacar un beneficio político de una tragedia”, señaló Pérez Cuéllar.

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Lucía Pacheco, hermana de Carlos Alberto Pacheco Gutiérrez, que falleció durante un incendio en un centro de detención de migrantes ubicado en Ciudad Juárez muestra una foto de su hermano y su sobrino Marvin García, que viajaban juntos, en El Salvador. Foto: José Cabezas/Reuters

Los migrantes que esperan en México la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos suelen acusar a las autoridades de xenofobia y de abusos, entre ellos arrestos injustificados, secuestros, robos y violaciones.

“Si tienes un permiso legal para quedarte en el país, lo rompen en tu cara y roban tu dinero”, comentó Óscar Hernández, de 63 años, originario del estado de Aragua, en Venezuela. “No solo nos convertimos en un negocio para la policía, sino también para los hoteles, los grupos criminales e incluso los albergues”.

Según Hernández, los migrantes salen a las calles a dormir y pedir dinero en Ciudad Juárez porque no tienen otras opciones. Lleva meses buscando trabajo, pero comenta que su edad se lo ha impedido.

Y los albergues, algunos con dificultades para salir adelante, funcionan más como hoteles, explicó, cobrando cuotas diarias por dormir en el piso y tener acceso a baños sucios. “Cincuenta pesos por dormir, 30 pesos por bañarse y cinco pesos por usar el baño. No nos están ayudando, nos están estafando”, comentó Hernández.

Josefina Cedeño, de 40 años, originaria de la ciudad de Caracas, Venezuela, coincidió en que las condiciones de vida en los albergues eran muy malas e incluso peligrosas. La comida de los albergues con frecuencia la hace enfermar.

“Duermo debajo de una banca con unos cartones debajo de mí. Estoy mejor aquí (que en un albergue) hasta que consiga mi cita”, comentó Cedeño.

El hecho de permanecer en la frontera de México durante semanas o incluso meses a la espera de una cita con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) no es lo que Barrios y su familia esperaban cuando salieron por primera vez de Venezuela el año pasado.

“La mayoría de los migrantes son venezolanos, porque Estados Unidos dijo que nos recibiría”, explicó Barrios. “Pero ahora estamos aquí y nos cerraron la frontera”.

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Una mujer reacciona mientras migrantes protestan contra la política migratoria del gobierno mexicano durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en Ciudad Juárez. Foto: José Luis González/Reuters

El gobierno del presidente Biden ofreció una vía legal de entrada a Estados Unidos a 24 mil solicitantes de asilo venezolanos que huyen del colapso económico que atraviesa su país, pero solo a aquellos que lleguen a Estados Unidos en avión, cuenten con el respaldo de un patrocinador estadounidense y cumplan otras estrictas condiciones. Los demás se encuentran atrapados en la frontera.

En virtud del Título 42, la norma de salud pública que impuso Donald Trump cuando brotó la pandemia de coronavirus y que se mantuvo durante el gobierno de Biden –pero que ahora dejará de aplicarse a partir del 11 de mayo–, a la mayoría de los migrantes que llegan a pie a la frontera se les impide la entrada a Estados Unidos cuando llegan para pedir asilo, o se les expulsa sumariamente si cruzan de forma irregular y se entregan.

“CBP: la sangre también está en tus manos”, se lee en un cartel blanco pegado a la valla metálica situada afuera del centro de migración donde ocurrió el incendio.

Actualmente, la CBP utiliza su nueva aplicación, CBP One, para que las personas soliciten una cita para pedir asilo, pero cada día se liberan muy pocos espacios, por lo que las familias no pueden programar citas juntas y algunas se ven obligadas a separarse.

Ana de Dios Pavón de Calles, de 13 años y originaria de la ciudad de San Cristóbal, Venezuela, se encuentra en el limbo en Ciudad Juárez con su hermana y su padre, a la espera de reunirse con su madre, que llegó a El Paso después de lograr programar una cita individual con la CBP hace dos semanas. La familia intentó en repetidas ocasiones utilizar la aplicación para sacar una cita como familia, sin embargo, tal como han descubierto muchos otros, no pudieron hacerlo.

La noche del incendio, su madre le llamó 13 veces para asegurarse de que la familia estaba bien. “Lo que más necesito en este momento es a mi mamá”, comentó Pavón de Calles.

Su padre, Juan Pavón, de 55 años, acampa afuera de la estación migratoria junto con docenas de personas que exigen una resolución por parte de los gobiernos mexicano y estadounidense.

“La presión está aumentando, porque la desesperación está aumentando”, señaló Pavón. “Se está creando un movimiento”.

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