Seis mujeres piden justicia tras abuso sexual de policía infiltrado en movimiento anarquista de Barcelona

La primera vez que apareció en La Cinètika de Barcelona –un antiguo cine convertido en centro social anticapitalista okupado– fue a mediados de 2020.

Simpático, divertido y coqueto, se presentó como Dani, un recién llegado a la ciudad que apenas se ganaba la vida instalando equipos de aire acondicionado, y que dijo que encontró por casualidad el centro tras buscar en internet un lugar económico donde hacer ejercicio.

Durante los dos años y medio siguientes se convirtió en una figura habitual de la vibrante escena anarquista de la ciudad: se enfrentó a la policía en protestas y bloqueos contra los desalojos, visitaba una plaza popular para platicar durante horas mientras bebía cerveza y entabló relaciones íntimas con al menos ocho mujeres.

Así fue hasta que el hombre del mohicano, la colección de playeras antifascistas y el símbolo del caos tatuado en una rodilla resultó ser un supuesto agente de policía encubierto.

Seis de las mujeres con las que mantuvo relaciones durante ese tiempo ahora emprenden acciones legales, acusando al presunto agente y a sus superiores del Cuerpo Nacional de Policía de España de abuso sexual continuo y trato inhumano, así como de violación de su intimidad y de sus derechos fundamentales. El recurso legal también está dirigido contra el Ministerio del Interior, alegando que es el máximo responsable del comportamiento del cuerpo policial del país.

“Siento que me violaron”, comentó una de las mujeres a La Directa, el periódico con sede en Barcelona que publicó primero las acusaciones. “Estuve con alguien que ahora me doy cuenta de que no conocía y eso me provoca un verdadero miedo”.

La primera vez que coincidió con Dani fue a finales de 2020, cuando un grupo se reunió en La Cinètika para trabajar en una guía que pretendía prevenir y hacer frente a la violencia patriarcal. Ambos congeniaron inmediatamente y salieron juntos durante casi un año.

Las acusaciones, reveladas más de un año después de que él terminara abruptamente la relación, la dejaron luchando contra una mezcla de ansiedad, repugnancia e impotencia. “Si hubiera sabido que él era policía, nunca habría tenido una relación con él. No fui capaz de tomar esa decisión”, explicó.

En las últimas semanas se había enfrentado a una avalancha de recuerdos, reviviendo las muchas veces que lo presentó a sus amigos y familiares más cercanos y facilitó su acceso a la unida comunidad activista de la ciudad. “Nada justifica que el estado y la policía interfieran en mi vida”, señaló.

La Policía Nacional y el Ministerio del Interior de España aún no se han pronunciado públicamente respecto a las acusaciones. Ninguno de los dos quiso hablar con The Guardian; la policía no respondió la solicitud de comentarios mientras que el ministerio indicó que no realizaría declaraciones, ni confirmaría la existencia de “este supuesto caso”.

Fuentes policiales, no obstante, confirmaron a varios medios de comunicación españoles que Dani es un agente de policía, vinculándolo a una división que se dedica a la recopilación de información.

En el centro del recurso legal interpuesto por estas mujeres se encuentra la cuestión de si pudieron dar su consentimiento libre e informado, explicó Sònia Olivella, abogada del grupo de defensa de los derechos Irídia, con sede en Barcelona, y parte del equipo jurídico que representa a las mujeres.

“Es evidente que el consentimiento era falso. No se trata únicamente de que una persona mintiera sobre una faceta de su identidad, sino que toda la identidad era falsa”, señaló. “Y se facilitó en el contexto de una relación asimétrica entre activistas y un funcionario del Estado que estaba cumpliendo órdenes”.

La demanda también pide que se aclare quién –y bajo qué sospechas– se aprobó la operación encubierta. “Porque sabemos que no existe ningún marco legal que permitiría esta violación de los derechos fundamentales”, indicó Olivella.

Aunque las leyes españolas contemplan un proceso judicial que puede permitir que la policía se infiltre en grupos sospechosos de delincuencia organizada o terrorismo, esta operación tenía aparentemente como objetivo los movimientos anarquistas y libertarios, así como los grupos de defensa de los derechos de los trabajadores.

“Estamos hablando de movimientos de base que tienen una enorme transparencia en sus asambleas”, señaló Olivella. “De modo que no entendemos cuál podría ser la justificación, más allá de penalizar el derecho de asociación y protesta”.

En cambio, consideró que el caso formaba parte de un patrón más extenso de “violencia institucional”. Han surgido acusaciones similares que involucran a otros dos policías: uno que supuestamente se infiltró en grupos como los separatistas catalanes y los activistas pro vivienda, y otro que se desenvolvió en los círculos anarquistas y antifascistas de Valencia, según informó La Directa.

Las acusaciones comenzaron a salir a la luz semanas después de que se revelara que se había utilizado el software espía Pegasus para espiar a más de 60 personas relacionadas con el movimiento independentista catalán. “Se trata de prácticas que están conectadas entre sí”, indicó Olivella.

Al redactar el recurso legal, el equipo de Barcelona buscó en el Reino Unido un precedente moderno de lo que describieron como “violencia institucional sexualizada”: el escándalo de los “policías espía”, en el que se reveló que al menos 20 agentes encubiertos engañaron a mujeres para mantener relaciones íntimas que en algunos casos duraron varios años. Se sabe, o se alega, que cuatro agentes tuvieron hijos con mujeres que conocieron durante sus misiones encubiertas.

Mientras las mujeres de Barcelona esperan para saber si el tribunal accederá a juzgar su caso, su búsqueda de justicia ha sido objeto de un estrecho seguimiento por parte de Police Spies out of Lives, el grupo que representa a las mujeres del Reino Unido que fueron engañadas por policías.

“Observamos que el Estado español cruzó un límite en cuanto a la violación de los derechos fundamentales, explotando las relaciones íntimas y sexuales para monitorear la disidencia política”, destacó el grupo en un comunicado de apoyo firmado por otras 87 organizaciones de todo el mundo.

“Al igual que en el Reino Unido, este caso debería generar un debate público sobre los límites y el control de la actuación policial en un Estado gobernado por la ley y la democracia”.