A un año del Proyecto Pegasus, los gobiernos aún tienen acceso a esa tecnología de vigilancia
'NSO Group y sus financiadores siguen lucrando al facilitar las violaciones de derechos humanos relacionadas con la vigilancia selectiva'. Foto: Vesa Moilanen/Rex/Shutterstock

Hace un año, el Proyecto Pegasus reveló la persecución ilegal de activistas y defensores de los derechos humanos por parte de los gobiernos mediante un polémico software de vigilancia vendido por la empresa NSO Group.

La magnitud de la investigación –realizada por más de 80 periodistas de 17 medios de comunicación, entre ellos The Guardian, en 10 países y coordinada por Forbidden Stories, que contó con el apoyo técnico de Amnistía Internacional– fue impactante. Los amigos y la familia del periodista asesinado Jamal Khashoggi fueron las víctimas. Loujain al-Hathloul, una destacada activista saudita por los derechos de las mujeres, fue objeto de ataques. Incluso jefes de Estado reconocidos –como Emmanuel Macron, Imran Khan y Cyril Ramaphosa– fueron identificados como objetivos.

Amnistía Internacional y otras organizaciones expresaron su preocupación en múltiples ocasiones, no obstante, finalmente, con los números de teléfono filtrados y la innovadora investigación forense, obtuvimos la prueba que la sociedad civil había estado buscando desesperadamente. Se descubrió el alcance mundial del software espía Pegasus de NSO Group, y su falta de ética empresarial quedó expuesta ante todos. Seguramente, ahora todo habría cambiado.

En los 12 meses transcurridos desde el lanzamiento del Proyecto Pegasus, se han producido algunos pasos positivos. Hemos visto cómo políticos y parlamentarios de todo el mundo han prestado atención y han exigido el levantamiento del telón del secreto que amparaba la vigilancia selectiva ilegal. Hemos presenciado la presentación de múltiples denuncias, el inicio de litigios civiles y el contraataque de grandes empresas tecnológicas, como Apple, con demandas interpuestas contra NSO Group. También hemos sido testigos de cómo funcionarios de alto nivel de la Unión Europea han iniciado investigaciones oficiales sobre Pegasus.

Sin embargo, el problema principal persiste: los gobiernos de todo el mundo todavía tienen acceso a Pegasus. Todavía pueden abusar de él, sin ningún tipo de regulación y sin garantías judiciales ni supervisión adecuadas. NSO Group y sus financiadores siguen lucrando al facilitar las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la vigilancia selectiva.

Los activistas de todo el mundo –incluyendo aquellos que trabajan en temas vitales como la denuncia de crímenes de guerra, la lucha por el acceso a las tierras, el agua potable, los derechos sexuales y reproductivos, la educación y muchos más– siguen viviendo con el temor de que se pueda acceder de forma ilegal a sus comunicaciones privadas. Comprensiblemente, todavía viven con el temor de que las consecuencias de estas violaciones a su privacidad trasciendan el mundo digital y amenacen sus vidas.

Ahora debemos actuar más para resaltar los sistemas normativos y legales existentes que simplemente no son adecuados para su propósito, y seguir recordando a los gobiernos de todo el mundo que aún queda trabajo por hacer. Es necesario establecer una moratoria mundial sobre la venta, la transferencia y el uso de las tecnologías de vigilancia.

Por ejemplo, a pesar de los años en los que se ha denunciado el uso de Pegasus contra defensores de los derechos humanos y destacados periodistas en México –entre ellos Carmen Aristegui, cuyo hijo también fue objeto de ataques debido al trabajo de su madre–, no hay indicios de que México haya dejado de utilizar el programa Pegasus, ni de que NSO Group o el Ministerio de Defensa israelí hayan limitado la exportación del software de vigilancia a este país. Sencillamente, la autorregulación no funciona; actualmente se necesita una moratoria a nivel mundial.

Todas las personas afectadas merecen que esto termine; merecen que prevalezcan la verdad y la justicia. Dentro de un año, esperemos haber salido de la sombra de Pegasus y haber cambiado el mundo después de todo.

Danna Ingleton es directora adjunta de Amnesty Tech.

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