Periodista y abogado con más de 35 años de trayectoria. Reportero, comentarista y consultor experto en temas jurídicos. Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 2011. Especialista en el Poder Judicial de la Federación y analista político.
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La Reforma Judicial se tambalea con Trump
Debilitar al Poder Judicial es el auténtico tiro en el pie del que no hablan quienes aplauden la destrucción de la impartición de justicia. ¡Vendrán las consecuencias internacionales!
Debilitar al Poder Judicial es el auténtico tiro en el pie del que no hablan quienes aplauden la destrucción de la impartición de justicia. ¡Vendrán las consecuencias internacionales!
Es curiosa la bipolaridad de la Presidenta de México, por un lado pide respeto a Donald Trump inspirada en Juárez (por cierto, ministro y ex presidente de la Suprema Corte) para establecer una narrativa que intenta sortear la coyuntura con aquella frase que reza “nada por la fuerza; todo por la razón y el derecho”. Por otro lado, burla la fórmula constitucional que reconoce el equilibrio entre los 3 Poderes de la Unión al avalar una reforma judicial regresiva y ante esto la decisión de excluir a 7 ministros de la Suprema Corte para el acto oficial del aniversario 108 de nuestra Carta Magna en Querétaro, resultó anecdótica.
Fue demencial hacer una ceremonia en el Teatro de la República excluyendo a la Presidenta de la Corte, sugiriendo que Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel son dignas de representar al Poder Judicial de la Federación en una ocasión que no tuvo nada de celebración y mucho de funeral.
¿Qué falta de respeto aduce Sheinbaum por parte de la presidenta de la Corte o de los ministros no alineados? Más allá de la participación en una ceremonia oficial, en el fondo se trata de la incapacidad para asumirse como auténtica jefa de Estado. Se dice republicana, pero su concepto sobre esa calidad tiene vicios ideológicos de origen que la hacen ver ridícula cuando invoca el derecho hacia el exterior y lo pisotea en su propia casa. Exige el respeto que no concede para un acto solemne porque las fobias nublan sus decisiones, envuelta en el parámetro de mediocridad que le heredó su antecesor.
¿Con estos desplantes el gobierno de la República invoca a la unidad nacional? ¿Destrozando la impartición de justicia independiente pretende exigir respeto? ¿Desvirtuando la Constitución de 1917 conmemora su promulgación?
Más allá del protocolo ceremonial que les importa un demonio, la estrategia de cancelar al Poder Judicial resulta un escupitajo hacia arriba ante la guerra comercial que acecha a nuestro país porque la Presidenta Sheinbaum y sus asesores económicos en el gabinete no están aterrizados sobre la inminente revisión del T-MEC con las consecuencias de reformas constitucionales mal hechas que anulan la certeza para los negocios en México con implicaciones negativas en la relación bilateral.
No se puede omitir al Poder Judicial autónomo de la ecuación para el desarrollo del país, los jueces a modo devaluarán a la nación frente a sus socios. Se trata de las razones del derecho, no de la ideología barata. Ni Juan Ramón de la Fuente o Marcelo Ebrard asumen la responsabilidad de sensibilizar a la presidenta sobre la grave debilidad de nuestro Estado Derecho. Ahora sólo encontramos ánimos patrioteros, fotos con empresarios que tampoco han tenido el talante para advertir sobre los atropellos contra el sistema de impartición de justicia que marcaron el final del sexenio anterior y son validados en el arranque de este.
Lo que viene y cómo viene es un reto inédito. Celebran un mes de gracia en los aranceles que impone Trump a cambio de obedecer la exigencia de un mayor combate al crimen organizado, una tarea abandonada con conocimiento de causa por el gobierno federal. La agenda de los oligarcas del norte no es negociable, se limita a imponer, amenazar e intimidar.
La renegociación del tratado comercial vigente con Estados Unidos y Canadá se adelantará, la reforma que destruye la autonomía judicial será objetada y las exigencias del equipo Trump pasarán factura al abuso hasta ahora impune. La política del garrote ya rindió resultados para blindar la frontera con una instrucción desde Washington, si los intereses comerciales se ven amenazados con jueces ignorantes sometidos al régimen morenista, el efecto de reacción será similar porque es inadmisible para los intereses republicanos. No se trata de una conjetura personal, muestra de ello son las advertencias de Larry Rubin, presidente de la “American Society of Mexico” que anticipa la revisión del T-MEC incluyendo la reforma judicial que aniquiló a la Corte como Tribunal Constitucional y echó a la calle a jueces profesionales de carrera que otorgaban condiciones de objetividad e independencia respecto al poder político.
La reforma, con sus amañados mecanismos de kermés y una elección judicial inspirada en Bolivia menosprecia el Estado de Derecho y es inadmisible entre los líderes del empoderado partido republicano al que pertenece Rubin. Estamos frente a un contexto inédito, cuando desde el gobierno de los Estados Unidos se afirma categóricamente que “las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas (carteles) sostienen una alianza intolerable con el gobierno mexicano” se acusa una gravísima complicidad que involucra directamente al ex presidente López Obrador y a Claudia Sheinbaum por su tolerancia inexcusable respecto a los grandes capos de la droga. El reclamo es una justificación para el inicio de la guerra que no tenemos posibilidades de ganar, la pausa de 4 semanas en los aranceles se nos pretende vender como un maravilloso logro diplomático de la presidenta de México que sólo permea en los que compran muy barato, es como un un mejoral ante un cáncer con metástasis.
Debilitar al Poder Judicial es el auténtico tiro en el pie del que no hablan los funcionarios y legisladores morenistas que aplauden como focas ante la destrucción del sistema de impartición de justicia. Muchas cosas pueden pasar en los próximos meses si Trump pone en la mesa de recriminaciones hacia México la reforma judicial como ya se anticipa. La amenaza arancelaria logró una movilización inmediata de 10 mil militares mexicanos en la frontera a petición de Washington, ¿Cuál será la exigencia ante una reforma judicial retrógrada que ya se revisa en los escritorios de la Casa Blanca? La soberbia con la que se hicieron cambios sin diagnóstico violando la separación de poderes tendrá costos internacionales para México.
Claus Von Wobeser, ex presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, fundador del despacho más reconocido en materia de arbitraje internacional en nuestro país y presidente de la “International Chamber of Commerce Mexico” también ha advertido sobre las condiciones de revisión del T-MEC que no se han reflexionado de forma inteligente desde Palacio Nacional. “México no puede exigir que Estados Unidos cumpla cuando nosotros no estamos cumpliendo. La desaparición de los órganos autónomos es muy preocupante y además la reforma judicial no nos va a ayudar”. Para el también ex integrante de la Corte Internacional de Arbitraje, el atropello al Poder Judicial deja mal perfilado al gobierno mexicano en las revisiones de los acuerdos comerciales que vendrán.
Otra opinión que se suma a este pronóstico es la del “Cyrus Vance Center for International Justice” de la Barra de Abogados de Nueva York a través del documento denominado “Reforma Judicial en México: Una Guía para Empresas sobre Implicaciones y Riesgos” publicado en días recientes: “La elección de jueces por voto popular podría politizar el proceso judicial, ya que los candidatos podrían verse influidos por intereses políticos o económicos para asegurar su elección o reelección. Esto pone en riesgo el generar compromisos políticos, lo cual afecta la imparcialidad de las decisiones judiciales y, por ende, la confianza en el sistema de justicia”.
Tenemos en conclusión 3 avisos de alto nivel que no forman parte del discurso matraquero de la administración Sheinbaum. Desde la Cancillería y la Secretaría de Economía saben bien que la reforma judicial estará sobre la mesa próximamente, aunque se abstengan de reconocerlo públicamente.
Si esto no fuera suficiente, los ignorantes operadores legislativos de Morena siguen acumulando razones para cuestionar los procedimientos de armado de listas de candidatos a juzgadores inspirados en las ferias de pueblo. No me detendré en el repertorio de trinquetes en el Senado, sólo me limitaré a señalar que han corrido con gran “suerte” personajes afines a Arturo Zaldívar, que excluye a sus detractores y unge a incondicionales como Fabiana Estrada Tena, Marisol Castañeda Pérez, Ana María Ibarra Olguín o Lorena Pérez Romo, entre otras “afortunadas” en ese bodrio tombolero de nula credibilidad.
EDICTOS
Se consolida un despido necesario en el Consejo de la Judicatura Federal, el 15 de febrero será el último día de Edgar Bonilla del Ángel como Director General del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (IFECOM). Termina un ciclo oscuro en el que se habrían manoseado procedimientos para favorecer intereses ligados a consorcios, bancos y litigantes que afectaron la imparcialidad de un órgano creado hace 25 años para garantizar profesionalismo, ética y transparencia a los procesos concursales de empresas en riesgo de quiebra. No hay que olvidar que en la investigación interna que emprendió la ministra Norma Piña respecto al periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la Judicatura Federal, surgieron indicios sobre diversas irregularidades que presuntamente involucran a Bonilla del Ángel. En dicha indagatoria se pueden encontrar párrafos como este: “Se utilizaba dicho instituto para apersonarse en los asuntos relativos a concursos mercantiles, a través de los síndicos que designaban, para que los procedimientos siguieran determinado sentido, mediante promociones insidiosas o bien se citaban a las partes para ejercer presión y lograr convenios que los beneficiaran”. La investigación también contiene denuncias sobre la manera de forzar procedimientos de quiebra en beneficio de bancos y despachos jurídicos con derecho de picaporte en la oficina del director del IFECOM. “Cuando la empresa no aceptaba, realizaba tácticas dilatorias, solicitudes sin fundamento y recursos innecesarios a fin de retrasar procedimientos o bien, evitar la ejecución de resoluciones que pudieran beneficiar a la empresa rebelde”. Bonilla se va desacreditado, pero con la soberbia de decirle a sus cercanos que seguirá controlando esa oficina.
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