Ciudades de EU pagarán cifra récord de 80 mdd a heridos por brutalidad policial

Ciudades de todo Estados Unidos acordaron pagar un total de más de 80 millones de dólares (unos mil millones de pesos) en concepto de acuerdos a manifestantes heridos por la policía durante las protestas por la justicia racial llevadas a cabo en 2020, una cifra que, según los expertos, no tiene precedentes y que aumentará todavía más, dado que aún se están tramitando numerosas demandas.

El brutal asesinato de George Floyd cometido por agentes de policía de Minneapolis el 25 de mayo de 2020 desencadenó las manifestaciones más grandes a nivel nacional desde la época de los derechos civiles, ya que más de 26 millones de personas se reunieron para protestar contra el racismo y la brutalidad policial.

No obstante, tres años después, al menos 19 ciudades estadounidenses pagarán un total de más de 80 millones de dólares a manifestantes que sufrieron diversas lesiones como consecuencia de las acciones de la policía, que abarcan desde el uso de gases lacrimógenos hasta el disparo de proyectiles, y que interpusieron decenas de demandas civiles.

Justin Hansford, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Howard y director ejecutivo del Thurgood Marshall Civil Rights Center, calificó el número total de acuerdos como “sin precedentes”.

“Nunca he visto una serie de acuerdos por brutalidad policial como esta en la historia de Estados Unidos”, señaló.
Miles de personas quedaron traumatizadas, algunas sufrieron lesiones permanentes e interpusieron demandas que resultaron exitosas.

“No te recuperas de algo así. No es algo que hagas”, comentó Linda Tirado, que quedó parcialmente ciega después de recibir disparos de la policía mientras cubría como periodista las protestas que envolvieron a Minneapolis.

Anthony Evans recibió un disparo en la mandíbula en Austin por parte de la policía que utilizó la denominada munición menos letal durante una protesta del movimiento Black Lives Matter en la capital de Texas en 2020.

“Nunca estuvimos, como, insultándolos o gritándoles en sus caras ni nada parecido. Todo fue simplemente pacífico”, explicó Evans.

Carol Sobel, abogada de derechos civiles en el sur de California, comentó que se espera que los litigios en curso en Estados Unidos, que pueden tardar años en resolverse, aumenten aún más el total nacional de acuerdos.

“Tal como yo lo veo actualmente, cuando concluyan todos estos casos, probablemente se pagará una cantidad récord en total en todo el país”, comentó Sobel, así como un número récord de acuerdos.

“Eso es consecuencia del hecho de que la indignación por el asesinato de George Floyd fue nacional y estuvo representada a nivel nacional de una forma que nunca antes había ocurrido”, señaló.

Otras ciudades, entre ellas Nueva York, Filadelfia, Denver, Atlanta, Los Ángeles, Oakland, Milwaukee, Kansas City y Portland, Oregón, figuran entre las al menos 19 que han llegado a acuerdos hasta el momento y muchas más están siendo demandadas de costa a costa, entre ellas San José y Washington D.C.

“Hay muchos casos pendientes”, comentó Mara Verheyden-Hilliard, directora ejecutiva del Center for Protest Law and Litigation. “Creo que es razonable prever que las cifras superen las cifras del pasado”, comentó.

Verheyden-Hilliard señaló que se pagaron acuerdos masivos a raíz de la violencia policial experimentada durante el movimiento Occupy Wall Street en 2011 y 2012 y por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante las protestas antiglobalización registradas a principios de la década de 2000. Después ocurrió lo de 2020.

“Tuvimos a millones de personas saliendo a la calle para oponerse a la violencia policial racista. Y en una ciudad tras otra y en un pueblo tras otro, se desplegó a la policía para que reprimiera violentamente a los manifestantes”, indicó Mara Verheyden-Hilliard.

Se desconoce con exactitud cuántas personas resultaron heridas por la policía durante su participación en las protestas que se desencadenaron tras la aparición de un video en el que se veía a un agente de policía blanco arrodillarse sobre el cuello de Floyd durante un intento de detención, mientras Floyd jadeaba repetidamente diciendo que no podía respirar.

Las manifestaciones se extendieron por todo el país y posteriormente a nivel internacional, provocando una nueva concientización en la vida pública sobre el racismo sistémico y el número desproporcionado de asesinatos de afroamericanos cometidos por la policía. Desde entonces, grandes y pequeñas ciudades han pagado millones por las lesiones causadas por el uso de balas de goma, gases lacrimógenos y otras armas por parte de una policía fuertemente militarizada, y por métodos como el kettling, cuyo objetivo es acorralar y someter o disuadir a los manifestantes.

La ciudad de Nueva York y su departamento de policía (NYPD) pagarán más de 6 millones de dólares (unos 100 millones de pesos) a 320 manifestantes que fueron objeto de un uso excesivo de la fuerza –que incluyó ser atados con cinchos, golpeados con porras y rociados con gas pimienta– durante una protesta en junio de 2020.

“La violencia que desataron contra nosotros aquella noche fue deliberada, injustificada y estará conmigo el resto de mi vida”, señaló Henry Wood, uno de los demandantes, en una declaración realizada en marzo en relación con el acuerdo.

“Lo que hizo la policía de Nueva York, ayudada por los poderes políticos de la ciudad de Nueva York, fue un abuso extremo de poder”.

Se pagó la suma de 9.25 millones de dólares a cientos de manifestantes de Filadelfia. La Mesa, California, concedió 10 millones de dólares a una mujer de la localidad después de que un agente le disparara en la cabeza con un proyectil.

Los pagos, que suelen implicar un largo proceso judicial para las víctimas, están sujetos a la condición de que las ciudades y sus respectivos departamentos de policía admitan no haber cometido ningún delito.

Mientras tanto, las víctimas se enfrentan a lesiones que les cambian la vida, a traumas y a otros problemas, ya que estos acuerdos, si bien muestran grandes cifras en los titulares, ofrecen un alivio limitado.

Hansford señaló que las lesiones graves, como las de Tirado y Evans, conforman la mayoría de los casos resueltos, mientras que muchos otros nunca llegan a ser indemnizados.

Incluso las personas que reciben indemnizaciones se enfrentan a problemas financieros, comentó Hansford. Puede que tengan que pagar elevados gastos legales y deudas médicas, y es posible que los acuerdos no cubran los servicios de asesoría ni la asistencia constante.

“Tendrás suerte de llegar a un arreglo en la mayoría de los casos si no obtienes una indemnización por daños y perjuicios”, comentó Hansford, refiriéndose a los fondos adicionales concedidos por daños emocionales.

Hansford añadió que, históricamente, los litigios no han contribuido mucho a frenar el uso excesivo de la fuerza y que los departamentos de policía no se enfrentan a consecuencias económicas directas.

“Ellos pagarán esos dólares sabiendo que realmente no les afectará”, indicó Hansford.

Además, los agentes individuales quedan en gran medida exentos de cargos penales. Verheyden-Hilliard señaló que algunos acuerdos pueden conseguir que se prohíban algunas tácticas policiales controvertidas. Pero destacó que la policía suele encontrar nuevas formas para impugnar las reformas.

“Se necesita otra serie de demandas para intentar e imponer restricciones o desmantelar las tácticas ilegales que observamos”, indicó.

Desde el asesinato de George Floyd, muchos más han criticado la incapacidad de Estados Unidos para abordar la brutalidad policial. La diputada por Minnesota Ilhan Omar, en una entrevista concedida a The Guardian a principios de este mes, criticó la falta de acción y señaló que el problema no ha hecho más que empeorar. Además, la ONU pidió a las autoridades estadounidenses que abordaran la violencia policial ejercida contra la población afro.