¿La respuesta correcta al Covid-19? Países del mundo se encuentran bajo escrutinio
Estocolmo durante la pandemia. Suecia adoptó una estrategia mayoritariamente voluntaria de fomento del distanciamiento social y la buena higiene. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Getty Images

La investigación pública de Gran Bretaña sobre el Covid-19, dirigida por la jueza jubilada Heather Hallett, dista mucho de ser el primer comité independiente del mundo que empieza a analizar la experiencia de un país en su enfrentamiento con la pandemia.

Sus estructuras, mandatos –y progresos– varían ampliamente según los sistemas y tradiciones, pero su labor es básicamente la misma: evaluar la preparación, registrar el proceso de toma de decisiones, analizar las respuestas de los gobiernos y extraer lecciones para el futuro.

Suecia fue uno de los primeros países en crear un comité de Covid-19 que –dirigido por el jubilado presidente del Tribunal Supremo Administrativo del país, Mats Melin– elaboró informes provisionales en 2020 y 2021 y un informe final de mil 700 páginas en febrero de 2022.

Creado por el gobierno bajo la presión del parlamento, el comité llegó a la conclusión de que la política general de Suecia fue “fundamentalmente correcta”, pero que debería haber cerrado establecimientos y tomado otras medidas más estrictas en las primeras fases de la pandemia.

El país escandinavo polarizó la opinión pública nacional e internacional cuando decidió no seguir el ejemplo de la mayor parte del resto del mundo y ordenar medidas de confinamiento, adoptando en su lugar una estrategia mayoritariamente voluntaria de fomento del distanciamiento social y la buena higiene.

La estrategia significó que “los ciudadanos conservaron un mayor grado de su libertad personal en comparación con muchos otros países”, señaló el informe, indicando asimismo que varios países que impusieron confinamientos estrictos registraron “resultados significativamente peores” que Suecia.

No obstante, el informe criticó la decisión de no cerrar, ni siquiera por un breve periodo de tiempo, restaurantes y centros comerciales, y señaló que era “sorprendente” que solo hasta el 29 de marzo se limitara el aforo a 50 personas en los eventos en recintos cerrados. Un informe provisional criticó duramente la atención prestada a las personas mayores en los inicios de la crisis.

El panel de ocho expertos, que incluye profesores de economía y ciencias políticas y un pastor, escuchó en privado las declaraciones de alrededor de 100 testigos.

En algunos países también se están llevando a cabo procesos penales. La Corte de Justicia de la República (CJR) de Francia, que investiga y juzga a los ministros acusados de cometer delitos en el ejercicio de sus funciones, recibió miles de denuncias públicas por negligencia del gobierno.

En enero, el máximo tribunal de apelaciones del país desestimó una acusación formal formulada contra la exministra de Salud, Agnès Buzyn, aunque tanto ella como su sucesor, Olivier Véran, y el exprimer ministro Édouard Philippe siguen siendo objeto de diversas fases de investigación.

Criticada por algunos como inapropiada, la investigación gira en torno a las preguntas clave que ahora se plantean en muchos países: ¿estaban preparados los ministros? y ¿sus cambios de política –como en el caso de los cubrebocas y los confinamientos– reflejaron la evolución de los conocimientos científicos o carencias políticas?

Además de la investigación penal, se han realizado al menos tres investigaciones parlamentarias en Francia. Un informe del Senado de diciembre de 2020 coincidió con las conclusiones de dos investigaciones de la Cámara baja, al señalar la existencia de múltiples fallos en la preparación y la estrategia adoptadas frente a la pandemia.

En parte como respuesta a las críticas, el gobierno creó el verano pasado un comité permanente compuesto por 18 miembros y encargado de “vigilar, anticipar y prevenir los riesgos de salud pública” (COVARS). El comité celebró su primera reunión oficial en septiembre.

Los políticos de Italia también se enfrentan a posibles procesos judiciales, ya que el exprimer ministro Giuseppe Conte, el exministro de Salud Roberto Speranza y otras 17 personas están bajo investigación por la respuesta inicial del gobierno a la pandemia.

La fiscalía de Bérgamo, la provincia de Lombardía más afectada durante la primera ola del virus, inició la investigación, la cual sucede a una investigación preliminar iniciada a mediados de 2020 y que fue promovida principalmente por familiares de las víctimas de Covid-19.

La investigación judicial se centra en la presunta incapacidad de las autoridades para salvar aproximadamente 4 mil vidas en Bérgamo si se hubiera puesto antes en cuarentena a las ciudades afectadas, así como en la ausencia de un plan nacional actualizado contra pandemias, cuya versión actual data de 2006.

De forma un poco más tardía, el nuevo parlamento italiano aprobó finalmente en abril los documentos necesarios para crear un comité parlamentario de investigación sobre la gestión –ahora anterior– de la pandemia por parte del gobierno, centrándose en la crucial fase inicial.

En Estados Unidos, recientemente se informó que un grupo bipartidista de senadores estaba intentando revitalizar los esfuerzos para crear un comité nacional de Covid-19, siguiendo el modelo de la investigación del 11 de septiembre de 2001, que estudie los orígenes del virus y la preparación y respuesta a nivel nacional y estatal.

El comité tendría poderes de investigación y emitiría recomendaciones para futuras pandemias, sin embargo, los intentos de legislar al respecto supuestamente se han visto frenados por los desacuerdos partidistas y la falta de apoyo del gobierno de Biden.

Un gran número de comités del Congreso que tienen distintos mandatos están investigando diferentes aspectos de la crisis de Covid-19, no obstante, las audiencias se han visto manchadas por las discusiones partidistas sobre la procedencia del virus y la eficacia de las medidas de distanciamiento.

Algunos países ni siquiera han llegado a ese punto. El mes pasado, los diputados de Alemania rechazaron por abrumadora mayoría la petición del partido Alternativa para Alemania (AfD) de crear un comité para investigar “el comportamiento del gobierno federal y las autoridades auxiliares… en relación con las medidas adoptadas contra el Covid-19”.

El partido de extrema derecha quería saber especialmente si lo que denominaba “intervenciones masivas en los derechos fundamentales de los ciudadanos y en la vida económica de Alemania” eran “realmente adecuadas, necesarias y oportunas” en comparación con las medidas adoptadas en otros países.

Sin embargo, en Baviera se está llevando a cabo una investigación por corrupción, en relación con las acusaciones de que algunos políticos conservadores regionales ganaron grandes sumas de dinero en comisiones por los contratos de cubrebocas que firmó el gobierno regional durante la primera ola de la pandemia.

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