‘Es una gran señal de progreso’: la batalla por despenalizar el suicidio

Cuando el parlamento de Ghana votó en marzo a favor de despenalizar el suicidio y los intentos de suicidio, el profesor Joseph Osafo sintió que le quitaban un peso de encima.

Osafo, profesor de psicología de la Universidad de Ghana, estuvo librando una batalla de casi 20 años por la abolición de dicha ley –introducida por los británicos–, que establecía que toda persona que intentara suicidarse debía enfrentarse a una pena de prisión o a una multa.

“Fue una sensación muy buena. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Estaba extremadamente eufórico”, recuerda. “Después, a la mañana siguiente, me di cuenta de que teníamos mucho trabajo que hacer”.

Ghana es uno de los cuatro países que despenalizaron el suicidio en el último año: Malasia, Guyana y Pakistán son los otros. Pronto podrían sumarse otros, lo cual, según dicen los activistas, es señal de que existe una mayor concientización y comprensión sobre la salud mental. Kenia y Uganda interpusieron demandas para derogar sus leyes, y los miembros del grupo de la ONU de Pequeños Estados Insulares en Desarrollo se comprometieron a despenalizarlo. También se están llevando a cabo debates en Nigeria y Bangladesh.

“Parece que se está produciendo un efecto dominó”, comenta Muhammad Ali Hasnain, abogado de United for Global Mental Health, un grupo que aboga por la despenalización. “Cuando un país despenaliza el suicidio, otros empiezan a seguir su ejemplo”.

“Es bastante inusual”, añade Sarah Kline, directora ejecutiva de la organización. “Es una gran señal de progreso y un importante paso adelante para las poblaciones de mayor riesgo, así como para los países en su conjunto”.

Más de 700 mil personas mueren cada año en el mundo por suicidio, aproximadamente tres cuartas partes (77%) en países de ingresos bajos y medios. Es la cuarta causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años.

Los británicos introdujeron un gran número de leyes durante el dominio colonial. El suicidio se despenalizó en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte en la década de 1960, pero nunca se penalizó en Escocia.

Al menos 17 países todavía tienen leyes que tipifican el suicidio como delito. Solo el año pasado, Jordania penalizó el intento de suicidio en un lugar público y condenó a un hombre a un mes de cárcel. En Nigeria, se puede detener, juzgar y procesar a niños de tan solo siete años por intento de suicidio. En Bahamas, Bangladesh y Kenia, se puede invalidar el testamento de una persona de la que se considere que se suicidó. En otros países, las personas que intentan suicidarse pueden enfrentarse a penas de prisión y/o multas.

Los resultados de estos castigos pueden ser “devastadores” y suponen “un enorme obstáculo” cuando se trata de abordar el problema, explica Natalie Drew, responsable técnica del equipo de desarrollo de políticas y servicios de salud mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Expertos y defensores de la salud sostienen que el suicidio debería ser tratado como un problema de salud pública y no como un delito.

Penalizar el suicidio les niega a las personas el derecho a acceder a los servicios de salud y las discrimina a causa de algo que están viviendo, añade Drew. Los estudios demuestran que en los países en los que se despenalizó el suicidio, las personas pueden buscar ayuda para su salud mental y las tasas suelen disminuir.

En septiembre, la OMS publicará una guía sobre la despenalización del suicidio dirigida a los legisladores, que incluye explicaciones sobre cómo lo han gestionado los países.

En Ghana, Osafo se encarga de garantizar que se dispone de la logística, las instalaciones y los recursos necesarios para las personas que necesitan ayuda. El gobierno está pensando en emprender una política nacional de prevención del suicidio y en ampliar una línea telefónica de ayuda para la salud mental, señala. La Asociación para la Prevención del Suicidio de Ghana está diseñando programas, se está difundiendo información a los profesores en las escuelas y hay planes de contratar a más psicólogos.

Osafo espera que la decisión de Ghana de despenalizar motive a otros países de la región a revisar sus legislaciones.

“(La decisión de Ghana) debería repercutir en el trabajo que se está llevando a cabo en otros países, especialmente en la región africana”, comenta Osafo. En los dos últimos meses creó un grupo de trabajo sobre salud mental con representantes de unos 20 países africanos, y uno de los principales temas de la agenda es la despenalización del suicidio, comenta. “Nigeria participa activamente, Camerún también… Kenia se unió y está haciendo un trabajo fantástico. Tenemos a Uganda. La gente nos ha estado preguntando cómo lo hicimos”.

Derrick Kizza, director ejecutivo de Mental Health Uganda (MHU), una red de personas con experiencia propia en problemas de salud mental, espera replicar el éxito de Ghana en su país. “Creemos que Ghana le da (a nuestro caso) más peso porque se sitúa en el contexto africano”, señala.

En abril, la MHU, junto con Raymond Felix Odokonyero, psiquiatra, Sarah Tushemereirwe, mujer que intentó suicidarse, y John Mary Kimuraheebwa, abogado del Tribunal Supremo, interpusieron una demanda ante el Tribunal Constitucional de Uganda argumentando que la Ley del Código Penal, que califica el suicidio como “delito menor” que conlleva una pena de prisión de hasta dos años, contradice la Constitución ugandesa y el derecho internacional de los derechos humanos.

En la vecina Kenia, que al igual que Uganda y Ghana, heredó las leyes relativas al suicidio de los británicos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia también interpuso una demanda para despenalizar el suicidio.

El mes pasado, en la conferencia ministerial de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo sobre enfermedades no transmisibles y salud mental, los miembros adoptaron la Declaración de Bridgetown, que los compromete a despenalizar el suicidio.

Por su parte, Abdullah Al Harun, gestor de proyectos de ADD International Bangladesh, una ONG internacional con sede en el Reino Unido, participa en un movimiento de base que busca la forma de despenalizar el suicidio en el país. Bangladesh heredó el Código Penal indio de 1860 y, según su artículo 309, el suicidio y los intentos de suicidio están considerados como delitos.

El gobierno de Bangladesh clasifica las enfermedades mentales como uno de los 10 problemas de salud prioritarios del país. Recientemente se introdujeron algunos cambios políticos, pero ninguno relacionado con la despenalización del suicidio. La Ley de Locura de 1912, otro vestigio de la ley colonial británica, fue derogada y sustituida por la Ley de Salud Mental en 2018. Esta ley se introdujo para proteger la dignidad, los derechos de propiedad, la rehabilitación y el bienestar general de las personas que viven con problemas de salud mental, algo que faltaba en la ley anterior, señala Abudullah. Ha prestado mucha atención a los acontecimientos en Pakistán y Malasia, que comparten similitudes culturales y donde, al igual que en Bangladés, el islam, que califica el suicidio como pecado, es la religión predominante.

Desde que se despenalizó el suicidio en Malasia el mes pasado, Anita Abu Bakar, fundadora y presidenta de Mental Illness Awareness and Support Association (MIASA), ya notó cómo cambia la situación. Se están ampliando los equipos de respuesta a las crisis y las líneas telefónicas de atención, y se están destinando fondos del presupuesto de salud mental a organizaciones que trabajan en la comunidad. “Este es el cambio que más nos alegra ver”, comenta. “Era una ley tan arcaica”.

Y añade: “Soy una persona con experiencia propia. ¿Qué significa la despenalización para personas como yo? Nos sentimos apoyados, sentimos que esta conversación puede pasar a otro nivel. Obviamente, la despenalización no es la única forma de prevenir el suicidio, pero es una de las más importantes. Me alegra este paso progresista, más vale tarde que nunca. Me entusiasma ver qué ocurrirá después, no solo para Malasia, sino para el resto de nosotros”.