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Honduras remitida al comité de derechos humanos de la ONU por la prohibición total del aborto
Mujeres protestan contra una enmienda que refuerza la prohibición del aborto en Honduras y contra la violencia contra las mujeres en Tegucigalpa, enero de 2021. Foto: Orlando Sierra/AFP/Getty Images

Honduras acude por primera vez a un organismo mundial de derechos humanos por la prohibición total del aborto, que según los activistas viola los derechos fundamentales de las mujeres y los compromisos internacionales del país.

El Centro de Derechos Reproductivos y el Centro de Derechos de la Mujer (CDM), con sede en Honduras, presentaron este mes una petición ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en nombre de una mujer conocida como Fausia, que se enfrentó a un embarazo forzado tras ser violada y a quien se le negó el derecho al aborto en el marco de las draconianas leyes hondureñas.

Honduras es uno de los cinco países latinoamericanos, junto con Haití, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana, donde el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia, incluso en casos de violación, incesto o cuando la vida de la mujer embarazada corre peligro. Hasta el año pasado, también era el único país que prohibía los anticonceptivos de emergencia.

Las mujeres que se someten a un aborto o los profesionales médicos que lo practican pueden enfrentarse a penas de hasta seis años de prisión. La prohibición se reforzó con una enmienda constitucional en 2021, que elevó el umbral de votos necesarios para que el Congreso modificara la ley del aborto.

Esta estricta prohibición se cuestiona ahora por primera vez a través de un organismo internacional. Las organizaciones que respaldan la denuncia de Fausia quieren que el comité de la ONU dictamine que la prohibición total del aborto es una violación de los derechos fundamentales de mujeres y niñas, y recomiende que Honduras regule el acceso al aborto como un servicio de salud esencial.

También piden al estado hondureño que indemnice a Fausia por no haber protegido sus derechos.

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Fausia, seudónimo de esta mujer indígena nahua, fue agredida por dos hombres y violada por uno de ellos en 2015 en represalia por su trabajo como defensora del medio ambiente y de los derechos humanos. No pudo acceder a la píldora anticonceptiva de emergencia por estar prohibida en aquel momento, y cuando buscó asistencia médica, a pesar de las amenazas de sus agresores, se encontró con hostilidad e intimidación.

“Le dije al médico que no quería quedar embarazada y que quería interrumpir el embarazo, y me dijo que si intentaba abortar iría a la cárcel”, cuenta Fausia a The Guardian.

“Fue muy traumático. (El embarazo) no era algo que yo quisiera. Sufrí mental y físicamente porque simplemente no podía aceptar que otro ser estuviera creciendo dentro de mi cuerpo, y la forma en que había llegado allí no era la correcta”, dijo Fausia, que pensó en acabar con su vida y aún toma antidepresivos.

Además de soportar la angustia de un embarazo no deseado y una maternidad forzada, Fausia y su familia han sufrido amenazas de muerte y desplazamientos debido a sus arduos esfuerzos por obtener justicia. Sus agresores fueron finalmente condenados a principios de este año, aunque aún pueden apelar.

“El caso de Fausia no es una tragedia individual. Es emblemático de los efectos nocivos de la prohibición absoluta del aborto en Honduras (…) y ejemplifica el uso sistemático de la violencia sexual contra las mujeres y la negación total de los derechos sexuales y reproductivos”, manifestó Carmen Cecilia Martínez López, del Centro de Derechos Reproductivos.

El estricto control del Estado hondureño sobre el cuerpo de las mujeres obliga a más de mil niñas de entre 10 y 14 años a dar a luz cada año, señaló Regina Fonseca, del CDM. Señala que la prohibición no impide que las mujeres busquen abortos clandestinos, se calcula que cada año se practican entre 50 mil y 80 mil y que la criminalización afecta de forma abrumadora a las mujeres pobres y marginadas.

En medio de la decepción por la falta de avances en materia de derechos reproductivos bajo el mandato de Xiomara Castro, la primera mujer presidenta de Honduras, los activistas confían en que la ONU emita una decisión favorable que podría sentar un precedente para el cambio.

“Aunque los procedimientos de la ONU llevan su tiempo, me siento optimista en cuanto a que se pedirá al Estado hondureño que modifique su marco normativo”, afirmó Fausia, cuyo seudónimo significa “fuerza” en su lengua materna.

Traducción: Ligia M. Oliver

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