¿Quién llevará el Paracetamol a Baja California?

Imagínense que todos los usuarios de las aplicaciones de comida a domicilio deciden que quieren romper el monopolio que tienen Rappi, UberEats y Didi-Food en la Ciudad de México y, para ello, les comunican a los restaurantes que a partir de ahora, quieren que los platillos se los repartan ellos directamente, sin intermediarios. 

¿Qué pasaría? Probablemente tendrías que ir tú por la comida porque muchos asadores, cantinas, taquerías, cevicherías no cuentan con motocicletas ni repartidores para llegar a los hogares de toda la megalópolis.

En la vida real, los usuarios son el gobierno federal; los restaurantes, los laboratorios fabricantes de medicamentos, y las aplicaciones son Grupo Fármacos Especializados (Grufesa), Farmacéuticos Maypo, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) y el resto de empresas del sector de la distribución de fármacos.

Este es el panorama que pintan desde ese gremio. Por eso, se preocupan por qué pasará cuando la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) termine de afinar el proceso de compra de medicamentos para 2021 y los entregue en mayo. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que sería Biológicos y Reactivos de México (Birmex), una dependencia federal, la que se encargaría de la distribución, pero esta aún no cuenta con los Centros Nacionales de Distribución. 

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“La logística para abastecer a más de 26 mil unidades médicas del sector público en el país es un desafío considerable que puede elevar los costos”, afirma el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) en su reporte El mercado de medicamentos en México: Retos y oportunidades. 

El Imco y la organización Impunidad Cero, que ha investigado el desabasto de medicamentos en México, dudan de las capacidades de Birmex para llevar a cabo la titánica tarea de distribuir los medicamentos a toda la sanidad pública mexicana.

Meros intermediarios

“No han entendido que las distribuidoras no eran intermediarias, sino que hacían todo el proceso de logística”, afirma el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (Andis), Carlos Ramos. “Es más intermediario la UNOPS”, añade, en relación a los 85 millones de dólares de comisión que se llevará el organismo por gestionar las compras consolidadas de 2021 a 2024.

Ramos habla desde el almacén de una de las distribuidoras que representa la Andis y que formaba parte del grupo que el gobierno federal señaló por acaparar el mercado. Fue en 2019, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó a esas compañías de participar en la licitación consolidada de medicamentos de la Secretaría de Salud. 

Quería trato directo con los laboratorios y aclarar si las distribuidoras habían incurrido en actos de corrupción, tráfico de influencias y prácticas monopólicas. Solo las tres mencionadas al inicio, abastecían aproximadamente el 66% de la demanda de medicamentos de la sanidad pública mexicana. Por eso, Ramos prefiere no identificar de qué empresa se trata: teme represalias.

“Hay ocho entradas. Cada una tenía personal asignado, que revisaba el producto que llegaba”, comenta, señalando con la mirada tras la careta protectora las cortinas donde los camiones acomodaban sus cajas para descargar los fármacos que antes del famoso veto, les mandaban los laboratorios. 

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Son casi las 10 de la mañana y hoy, no hay nadie descargando nada. Sin mirar se puede saber que solo hay una grúa operando entre los pasillos que forman los anaqueles porque en el silencio, resuenan sus pitidos intermitentes.

Desde un pasillo alcanzas a ver qué sucede en el contiguo. Parte de los estantes son hoy transparentes. Sus 15 metros de altura hacen aún más evidente que las pilas de cajas que cobijan son un residuo de la actividad que un día hubo en esa planta.

Solían manejar 400 millones de cajas o piezas de medicamentos cada año. Hoy apenas llegan al 20%. De 300 empleados, se quedaron en 69 a principios de 2020. Muchos se desplazaban des del sur de la Ciudad de México hasta este parque industrial situado en el norte, en el Estado de México. 

“Todos los productos tienen que estar debidamente etiquetados conforme a la norma y a las características que piden los estados. Ello, para que tenga trazabilidad, por si hay algún problema”, explica el director ejecutivo de la Andis, señalando con el brazo a los once empleados con la mirada fija en las cajas en las que estampan los adhesivos con una máquina etiquetadora de mano.

Es lo que se llama el picking y el packing, es decir, el reacomodo de los medicamentos que les envían los laboratorios para repartirlos en las cantidades y las condiciones que les pide cada unidad médica. “Hoy han llegado productos lituanos sin la etiqueta del sector salud porque no hay un sistema de gestión de calidad que garantice que el envase esté en español”, añade. 

Con sus 70 camiones, surtían por toda la república dos veces a la semana. La ruta más larga era la que llegaba a Baja California. En tres días les traían el medicamento y, por el camino, dejaban fármacos en los centros de salud que también les habían hecho algún pedido. 

“Si el precio promedio de genéricos era de 18 pesos, con 1.9 pesos los hacían llegar a todo el país”, explica Ramos. El costo de la distribución era el 10% del precio del medicamento por dos motivos. 

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El primero, porque las distribuidoras eran las que directamente licitaban en la compra consolidada. Por tanto, el precio que ofrecían al gobierno federal, ya incluía el costo del transporte. 

El segundo es que para abastecer las 90 millones de piezas de Paracetamol que cada año requiere la salud pública mexicana, las distribuidoras compraban el medicamento a diferentes laboratorios para asegurarse que cubrirían el 100% de esa demanda tan voluminosa. Ello a su vez, les permitía llegar a economías de escala, es decir, a estos costos tan bajos. 

Hoy sobreviven 24 vehículos de esa flota y la ponen a disposición de los laboratorios, que los contratan para suplir su falta de infraestructura y experiencia que necesitan para cumplir con sus compromisos con el gobierno federal. 

En algunas ocasiones, hacen el picking y el packing para enviar las cajas de medicamentos a uno de los seis operadores logísticos que el gobierno contrató para repartir los medicamentos por toda la república. 

Vetadas

Por eso, desde la Andis defienden que no eran unos meros intermediarios, sino que eran un eslabón de una cadena de distribución que añadía valor y, aseguran, funcionó bien durante los 30 años previos a la 4T.

En la mañanera del 8 de abril de 2019, el presidente dijo que la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera estaban investigando a empresas distribuidoras. 

En cuanto a distribución de medicamentos (no de insumos médicos u otros rubros), la cartera que encabeza Irma Eréndira Sandoval Ballesteros multó e inhabilitó por dos años a Grufesa, en julio de 2019. La razón fue que proporcionó información falsa en una licitación nacional consolidada celebrada por el IMSS en 2017. 

Por el mismo motivo, también inhabilitó por dos años a la farmacéutica PiSA y a su distribuidora Dimesa aunque en noviembre de 2020, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) suspendió dichas sanciones.

Desde la Andis no tienen conocimiento de ninguna investigación, sanción o inhabilitación más en contra de ninguna de las empresas a las que representan. “Se nos ha criticado mucho por corrupción. Si es así, que denuncien”, afirman desde la asociación.

Este gremio prevé dos posibles escenarios a partir de mayo. El más optimista: que los operadores logísticos y los laboratorios logren llegar a todos los rincones del país en los tiempos y cantidades de medicamentos que les piden en cada unidad. 

En ese caso, el abasto de fármacos estaría garantizado por ese frente aunque, en la práctica, el nuevo esquema del gobierno terminaría por añadir un operador más en la cadena: los laboratorios, las distribuidoras —ahora trabajando por los laboratorios (como si la taquería contratara Uber Eats para hacerle el reparto de los pedidos)—, los operadores logísticos y las unidades de salud del Gobierno.

Pero podría ser que los operadores se vieran rebasados por el volumen de fármacos a entregar y que se generaran cuellos de botella. Eso sí podría comprometer el abasto de medicamentos.

El gremio de los distribuidores urge al gobierno a definir cómo se va a tejer la nueva cadena de suministro. Ellos ponen sus anaqueles vacíos y flotas de vehículos estacionados a su disposición para asegurar que el Paracetamol llegará a Baja California.