El departamento de Justicia estadounidense señaló que el cofundador del Cártel de Jalisco no objetó ser transferido, por lo que la fiscalía pidió que ya no sea presentado a audiencias en Texas.
La reglamentación hecha por el Ejecutivo señala que el Estado no está obligado a dar información del ámbito de la vida privada de los funcionarios públicos ni de todo aquello que sea preparatorio de una decisión estatal.
