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Derechos Humanos

Al menos 331 activistas humanitarios fueron asesinados en 2020, revela estudio

Dos tercios de los activistas asesinados trabajaban para proteger los derechos ambientales, territoriales e indígenas, mientras que aquellos que proporcionaron apoyos contra el Covid también se enfrentaron a represalias.

Una mujer indígena muestra un retrato de Cristina Bautista Taquinas, una líder indígena asesinada por grupos armados ilegales, durante una marcha en Cali, Colombia, en junio pasado. Fotografía: Pablo Rodríguez / EPA

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Un estudio encontró que al menos 331 defensores de los derechos humanos luchando por la justicia social, ambiental, racial y de género en 25 países fueron asesinados en 2020, y muchos más fueron agredidos, arrestados y criminalizados por sus labores.

Latinoamérica, el continente más peligroso para proteger los derechos ambientales, territoriales y humanos, conforma más de tres cuartos de los asesinatos de activistas humanitarios en 2020. En Colombia, donde los activistas son un objetivo constante de los grupos armados a pesar del acuerdo de paz de 2016, se registraron 177 de las muertes, esto es más de la mitad del total global. Las Filipinas son el segundo país más peligroso con 25 asesinatos, y después están Honduras, México, Afganistán, Brasil, y Guatemala.

Aunque la mayoría (69%) de los asesinados luchaban por derechos ambientales, territoriales o de los pueblos indígenas, otros activistas fueron atacados simplemente por proporcionar ayuda contra el Covid-19 en sus comunidades, de acuerdo con un reportaje publicado el Jueves por el grupo activista Front Line Defenders (FLD).

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En un año durante el cual muchos países implementaron medidas de confinamiento para ayudar a contener el esparcimiento de la pandemia, los defensores de los derechos humanos proporcionaron apoyos urgentes al distribuir equipos de protección personal, medicamentos y alimentos a los enfermos y ancianos, y llenar las lagunas que dejaron los gobiernos. A pesar de esta asistencia (o tal vez a causa de ella) se enfrentaron a una variedad de represalias, desde arrestos hasta acoso, violencia física y asesinatos, dijo el director de protección de FLD, Ed O’Donovan.

La pandemia de Covid-19 expuso muchas fallas en muchas sociedades, notablemente las desigualdades sistémicas y los fallos del gobierno para proveer de servicios efectivos a sus ciudadanos, lo que a veces es intencional”, dijo O’Donovan.

“Muchas de estas cosas pueden ligarse con la corrupción y los sistemas no democráticos en los que la transparencia y las responsabilidades son un obstáculo para los intereses de las élites del poder, tanto políticas como económicas. Los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil han llenado esas lagunas, aunque los sigan atacando, al ofrecer servicios y una visión alternativa a las sociedades”.

O’Donovan dijo que no le sorprende que en el continente americano, los activistas que trabajan contra la impunidad y los problemas de justicia sufrieron la segunda cifra más alta de violaciones en su contra, después de los que trabajan por los derechos indígenas, territoriales y ambientales.

Veinte defensores de los derechos humanos trabajando contra la corrupción también fueron asesinados en 2020, la cifra más alta jamás documentada por FLD.

El reportaje también encontró que:

  • Los activistas indígenas conforman casi un tercio del total de 331 asesinatos de activistas humanitarios en todo el mundo, aún cuando los pueblos indígenas conforman sólo alrededor del 6% de la población global.
  • Un número significativo de los asesinados trabajaban para detener proyectos industriales extractivistas. Incluyendo a la activista ambiental sudafricana Fikile Ntshangse, a quien le dispararon por su oposición a la expansión de una mina de carbón cerca de su casa.
  • 13% de las muertes registradas son mujeres.
  • Asesinaron a seis activistas transgénero en 2020, todos en América.

Aunque el Covid-19 estancó la inercia de las protestas que iniciaron en 2019, los defensores de los derechos humanos ayudaron a reanudar las movilizaciones, y en algunos países, a comenzar movimientos durante la segunda mitad de 2020, según el reportaje. En Polonia, los activistas pelearon por los derechos reproductivos; en Bulgaria, lucharon contra la corrupción de la élite política; en Estados unidos, erupcionaron las protestas contra el racismo sistémico; en Hong Kong, los activistas salieron a las calles para luchar contra la introducción de una ley de seguridad nacional “orwelliana”.

Que menos países sean responsables por un mayor número de asesinatos de activista humanitarios en 2020 que en 2019 (331 asesinatos en 25 países el año pasado en comparación con 304 asesinatos en 31 países en 2019) demuestra que la impunidad prevalece cuando se trata de crímenes contra activistas, incluso en medio de los confinamientos y la pandemia global, dijo O’Donovan.

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“Los defensores de los derechos humanos siempre están en riesgo y la falta de responsables e investigación de sus asesinatos no deja prácticamente costo alguno para los perpetradores“, dijo O’Donovan, y añadió que un puñado de países (entre ellos Afganistán, Colombia y Perú) fueron responsables de los incrementos significativos en los asesinatos en 2020.

En Perú, los asesinatos incrementaron de uno en 2018 a ocho en 2020; 75% de los asesinados en 2020 eran indígenas, que trabajaban en problemas territoriales o indígenas, lo que significa que la mayoría, si no es que todos, se ubicaba en áreas remotas y en contra de actores corporativos y estatales en busca del control de territorios y recursos naturales”, dijo O’Donovan.

En Colombia, los grupos armados establecieron sus propios centros de control de COvid-19 y patrullaron áreas bajo su control, lo que expuso a los defensores de derechos a riesgos mayores”.

El reportaje llegó en la misma semana que Amnistía Internacional acusó al gobierno del Reino Unido de no cumplir con su promesa para proteger a los trabajadores por los derechos humanos en el extranjero. Dijeron que los trabajadores de la salud, abogados, periodistas y activistas de derechos en todo el mundo batallaron para conseguir el apoyo de las embajadas británicas.

El FLD hizo una nota especial para los intentos de China e India de “reducir y reenmarcar los estándares normativos de los derechos humanos” en el escenario global. El reporte también subraya la persecución constante en China de su población Uighur, de mayoría musulmana, que resultó en detenciones arbitrarias masivas y vigilancia, trabajos forzados, esterilización forzada de las mujeres Uighur, y la muerte de al menos un activista por los derechos humanos de los Uighur, Tursun Kaliolla, antiguo funcionario público que falleció en diciembre de 2020 cuando estaba bajo custodia en Xinjiang.

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La subdirectora de FLD Olive Moore dijo que las cifras de 2020 demuestran una tendencia “inconcebible” de violencia contra activista, y exhortó a que los defensores de los derechos humanos se incluyan en los planes postCovid de los gobiernos, y en las conferencias climáticas Cop26 programadas para noviembre de este año.

Aunque 2020 fue un año difícil para todos, fue especialmente desafiante para los defensores de los derechos humanos, que se enfrentaron a retos sin precedentes. Se enfrentaron a más ataques, inseguridad económica y el impacto de enfermedades y muerte en sus comunidades, y aún así trabajaron para llenar las lagunas de las insuficientes respuestas de los gobiernos contra la pandemia”, dijo Moore.

“Que estén bajo ataques, como se detalla en este reportaje, es inaceptable”.

The Guardian
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