2021 va por récord de quejas por violación a derechos humanos de migrantes

El uso excesivo de la fuerza de las autoridades y la lentitud de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para realizar su trabajo han hecho visible de nuevo la crisis migratoria que atraviesa México. En los últimos cinco días tres caravanas de personas migrantes salieron de Chiapas rumbo al centro del país por el retraso en la resolución de sus solicitudes de refugio, pero agentes de la Guardia Nacional (GN) y del Instituto Nacional de Migración (INM) frenaron su avance. Con golpes y patadas.

En un video difundido en redes sociales el pasado 29 de agosto, se observa a un trabajador del INM pateando la cabeza de un migrante que previamente había sido tumbado con empujones. También se escuchan los gritos de menores de edad y mujeres que tratan de escapar de los elementos de la GN que los persiguen.

Estos abusos de las autoridades federales no son aislados. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió, entre enero y julio de este año, 1,017 quejas por presuntas violaciones de derechos humanos de funcionarios públicos en contra de personas migrantes, una cifra que ya superó a la registrada en 2019 (831) y que está cerca de rebasar las 1,274 acusaciones que hubo en todo el 2020.

El 74% de las quejas registradas por la CNDH este año provienen del sur y norte del país. Tapachula, Chiapas; Centro, Tabasco; Acayucan, Veracruz; Guadalupe, Nuevo León, y Tijuana, Baja California, son algunos de los municipios que concentran más acusaciones por violaciones a derechos humanos, además de Venustiano Carranza en la Ciudad de México.

A las autoridades federales de seguridad se les ha acusado de incurrir en tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de migrantes; omitir otorgar la calidad de refugiado; detener arbitrariamente a los extranjeros; torturar; intimidar; omitir brindar protección; no ofrecer atención médica; privar de la vida, entre otros actos.

“Mi percepción es que sí ha habido un aumento en el uso excesivo de la fuerza, critica David Mendoza, integrante del Servicio Jesuita a Migrantes en Comalapa, Chiapas. “Pareciera que están haciendo una cacería, no están haciendo una migración ordenada y segura como ellos dicen, lo que están haciendo es una cacería de personas”.

El defensor de derechos humanos ha seguido de cerca a las tres caravanas migrantes que salieron de Tapachula en los últimos cinco días. David Mendoza refiere que estos grupos, en su conjunto, se componían por más de 1,000 personas, pero la GN los ha ido dividiendo con operativos diarios.

“Ha habido varios intentos de contención, han intentado destruir las caravanas con encapsulamientos y en cada uno de estos van deteniendo desde 20 a 100 personas”, comparte el experto. “La cantidad de heridos no la tenemos con certeza, pero desde luego que los hay, ha habido un desgaste muy grande”.

Guardia Nacional, encargada de contener a los migrantes

Así como las violaciones a derechos humanos de migrantes han aumentado, también lo han hecho las solicitudes de refugio. En los primeros seis meses del 2021 se recibieron 51,654 peticiones de este tipo, una cifra que ha superado las capacidades de la Comar.

Defensores de derechos humanos refieren que actualmente esa dependencia puede demorar más de un año en resolver una solicitud de refugio, pero la Ley de sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Política ordena que este proceso se lleve a cabo en 45 días hábiles o como máximo en 90.

Principalmente personas de Honduras, Haití, Cuba, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Chile, Brasil y Colombia son quienes han solicitado refugio al gobierno mexicano.

Por otra parte, la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) indica que entre enero y julio del 2021 han sido deportados 117,052 migrantes, un 8% menos respecto al mismo periodo del 2019, cuando la movilidad no fue interrumpida por la pandemia de Covid-19, aunque en aquel año las cifras de devoluciones iban a la baja en el mes de julio y ahora van a la alza.

El aumento en el flujo migratorio ha terminado por saturar a la Comar, especialmente su oficina del municipio de Tapachula, donde se concentra el 69% de las solicitudes de refugio. La lentitud de la comisión para resolver las peticiones de asilo es el principal motivo por el que se han formado las caravanas migrantes, pero también influye que en Tapachula no hay oportunidades laborales, académicas, de vivienda y acceso a la salud para los extranjeros.

Lejos de agilizar el trámite de las solicitudes de refugio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha encargado a la GN contener el flujo migratorio en la frontera sur, la puerta que México comparte con Centroamérica, una región donde predomina la inseguridad y la pobreza.

La GN recibió su primera recomendación de la CNDH por hacer un uso excesivo de la fuerza en enero del 2020 para frenar a un grupo de migrantes en Chiapas. Más de un año después, la dependencia de seguridad ha reutilizado esa estrategia de disuasión en los últimos cinco días.

“Ahora han utilizado una estrategia que apuesta al desgaste: dejan caminar a los migrantes y después los agreden violentamente”, comenta Yuriria Salvador, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova. “Las personas han salido tremendamente lesionadas e incluso las autoridades golpearon a niños, adolescentes y apostaron también por separar a las familias para que algunos se entregaran”.

El video de un agente del INM pateando a un migrante trascendió las fronteras mexicanas y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió a México que se respetaran los derechos humanos de estas personas que, según las asociaciones civiles que las acompañan, solo quieren encontrar una oficina donde su solicitud de refugio se resuelva más rápido.

Hasta el jueves, las tres caravanas que salieron el sábado, lunes y miércoles se encontraban todavía en Chiapas. A pesar de los bloqueos de la GN, tenían la intención de seguir adelante en su recorrido hacia el centro del país. Yuriria Salvador incluso estima, con base a lo que ha observado en Tapachula, que más grupos migrantes podrían salir de ese municipio en los próximos días en busca de un mejor lugar para realizar sus trámites y encontrar una forma digna de vivir.

‘Contención seguirá’

Aunque especialistas en temas de migración han acusado que la GN y el INM han violado los derechos humanos de las personas migrantes, el presidente López Obrador insiste en que esas dependencias continuarán con su labor de contención de la migración.

“Es muy preocupante todas estas actitudes de la GN y del INM, es evidente que están actuando sin protocolos para detener a las personas”, critica Alejandra Macías, directora en México de la organización Asylum Access, otra ONG que ha seguido de cerca el recorrido de las caravanas.

La especialista también coincide en que estos grupos migrantes que salieron de Chiapas están formados principalmente por personas que ya intentaron ingresar al país de forma legal, mediante un documento de refugio, pero el retraso de la resolución de la Comar los ha hecho trasladarse a otros estados.

El pasado 29 de agosto, el día en el que se difundió el video donde se ve a un agente del INM patear la cabeza de un migrante, el presidente López Obrador visitó Chiapas y presumió la inversión que ha hecho en Centroamérica para tratar de frenar la migración: 1,300 millones de pesos en el programa Sembrando Vida.

Sin embargo, para los defensores de derechos humanos esto no es suficiente. La GN lleva dos años realizando labores de seguridad en la frontera sur, una actividad que ha convertido a esta fuerza de seguridad en un muro impenetrable para muchos extranjeros.

“México siempre se ha caracterizado por ser un país de asilo, y así lo ha dicho el gobierno mexicano, pero si vemos realmente en la práctica esto no es así”, lamenta Alejandra Macías.