Se han tratado de frenar las investigaciones desde la FGR: GIEI

Las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa que encabezaba el fiscal especial Omar Gómez Trejo comenzaron a ser bloqueadas desde el interior de la Fiscalía General de la República cuando éste comenzó a investigar a posibles participantes de actos de tortura del Centro de Investigaciones, advirtieron los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a un día de que termine su mandato.

“Los hechos concretos sí son categóricamente que se han tratado de frenar las investigaciones, se han dado órdenes de no judicializar, inclusive se han dado órdenes de no ir a audiencias”, dijo Ángela María Buitrago.

Explicó que el bloqueo inició en enero de este año cuando empezó a judicializarse a funcionarios del Centro de Inteligencia que hacían parte del grupo de personas que se habían identificado como presuntos torturadores, se incrementó en febrero y marzo y se hizo “evidente y patente en agosto, cuando ya todo esto termina siendo parte de lo que conoce el GIEI “, dijo la experta.

Señaló que el 19 de agosto marca una fecha resultó en evidencia de lo que estaba sucediendo en la Fiscalía General de la República.

“Se ha llegado el 19 de agosto por personal de la antigua Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) y de Visitaduría a despojar de las carpetas a los fiscales especiales de la Ueilca”, advirtió

Dijo esas acciones, en su criterio, no estaban permitidas Ey no son lógicas frente a una unidad que lleva tres años trabajando en algo y de la noche a la mañana quitan al fiscal del caso y ponen a un fiscal que ni siquiera conoce la investigación”, agregó Buitrago.

Recordó que la Visitaduría y la Seido habían tenido paralizadas las investigaciones que no habían realizado de debida manera desde el 2014.

Refirió al fallo de un tribunal de Tamaulipas que generó la orden directa de que “las personas que intervinieron con antelación no podían intervenir ni en la integración de las carpetas ni en la actuación de las carpetas.

“Las personas que llegan a la unidad para hacer este cambio no solamente habían intervenido sino que algunas de ellas estaban siendo posiblemente investigadas por la misma Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca) en actividades de tortura”, dijo la funcionaria.

Se rompió el acuerdo de la unidad especial de caso Ayotzinapa

Francisco Cox dio ejemplos de cómo la unidad especial de investigación del caso Ayotzinapa solicitó pruebas a los servicios periciales al interior de la fiscalía que no daban resultados y que obligaron a la unidad a buscar asesoría o pericias en el extranjero que sí dieron los resultados

“Esto se refiere concretamente al análisis de voz de personas públicas conocidas que aparecen en videos de tortura y donde, curiosamente, servicios periciales decía que no podía hacer esas pericias”, señaló.

Pero el momento de mayor ruptura ocurrió el 16 de agosto cuando en la FGR se comisiona a una licenciada de asuntos internos para que desempeñara funciones de agente del MP adscribiéndola a la Ueilca.

“Esta persona no tenía conocimiento del caso y esto quedó demostrado cuando el día siguiente, el 17 de agosto, se produce la solicitud de aprehensión del exprocurador Murillo Karam, fue de público conocimiento cómo en la audiencia de control el juez de control del reclusorio norte llamó la atención a quienes concurrieron en dicha audiencia por su falta de conocimiento del caso”.

En opinión del GIEI, dijo, se dejaron de incluir evidencias y antecedentes probatorios que hubieran fortalecido aún más la responsabilidad del exprocurador Murillo Karam.

Temen cacería de brujas contra fiscal especial

Los expertos del GIEI emitieron un mensaje a medios un día antes de que termine su mandato y solicitarán una ampliación de plazo por un mes.

Dijeron que temen una cacería de brujas en la FGR en contra de Omar Gómez Trejo.

“Hay fundado temor de que puedan haber represalias, que se utilice la auditoría como una forma de represalia, la presencial del GIEI, creemos y queremos creer, que da cierto resguardo a que eso se haga profesionalmente, que esas auditorías sí sean ordinarias y que no sean una caza de brujas. Por lo tanto ese temor a criminalización, a inicios de acciones administrativas en contra de los funciones que llevaron a cabo su labor, es lo que motiva la prórroga de un mes”, dijo Cox.