Estados y municipios se han hecho a un lado en la protección de periodistas: Enrique Irazoque

Al menos 160 periodistas han sido asesinados en México por realizar sus labores y esta ola de violencia continuará si las autoridades estatales y municipales no colaboran en el resguardo de estos profesionales, advierte Enrique Irazoque, coordinador del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

“Si seguimos pensando que el Mecanismo de Protección va a resolver todos los problemas, esa sola afirmación es la que le pone su sentencia de muerte”, señala el funcionario en una entrevista concedida a La-Lista, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se conmemora este miércoles 3 de mayo.

Irazoque Palazuelos apunta al crimen organizado y a las autoridades locales como los principales responsables de los ataques contra periodistas. “Si las autoridades municipales dejaran de agredir, acabaríamos con casi la mitad del problema”, indica.

Si bien en este sexenio las medidas para resguardar a periodistas y defensores de derechos humanos han aumentado un 58%, el funcionario niega que esto sea producto de un aumento de la violencia como lo alerta la organización internacional Artículo 19. Él asegura que esto tiene que ver con un mayor trabajo de resguardo por parte del gobierno.

Para garantizar la libertad de prensa, la Secretaría de Gobernación busca crear una nueva Ley General que establezca las responsabilidades de los gobiernos municipales, estatales y federal ante la protección de periodistas. Sin embargo, para que esto suceda el Congreso de la Unión primero debe aprobar una reforma constitucional que aún está pendiente de ser revisada por el Pleno de la Cámara de Diputados.

A un año y medio de que concluya el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el coordinador del Mecanismo de Protección confía en que se pueda emitir una nueva Ley General que sea un “legado” para próximas administraciones.

La-Lista (L-L): ¿Cuántas personas son protegidas por el Mecanismo de Protección actualmente?

Enrique Irazoque (EI): Tenemos más de mil 600 personas, una gran cantidad de ellas son personas defensoras de derechos humanos y tenemos un número mayor a 500, que son las personas periodistas que se encuentran siendo protegidas por el mecanismo. 

En este sexenio, al quinto año de gobierno, hemos erogado más de 2 mil mdp que representa un aumento de más del 295% en comparación con el sexenio anterior, donde solo se erogaron cerca de 800 mdp en la protección de medidas que otorga el mecanismo. Tenemos un aumento del 70% del personal del Mecanismo. 

También hemos logrado aumentar en un 130% la incorporación de personas defensoras de derechos humanos y hemos aumentado casi un 58% las medidas de protección a los dos sectores, incluyendo a las y los periodistas.

L-L: ¿Este aumento en la protección es producto de una mayor violencia?

EI: Nosotros tenemos documentado más de 90 asesinatos en el sexenio de Felipe Calderón, más de 90 asesinatos en el sexenio de Enrique Peña Nieto y hasta ahorita contabilizamos 55 en lo que va del sexenio (de López Obrador). En mi opinión no es que haya más violencia, tomando en consideración este fortalecimiento del Mecanismo (ahora) podemos llegar a más personas y más personas que más lo necesitan.

L-L: ¿Cuáles son los estados donde hay más violencia contra periodistas?

EI: Tomando en cuenta a las personas incorporadas, tenemos estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, Sonora, Jalisco, Tamaulipas, por mencionarte a algunos de ellos. Son los estados donde más vienen las incorporaciones del Mecanismo.

¿Cuántos periodistas que estaban dentro del Mecanismo han sido asesinados?

EI: Tomando en consideración solo periodistas, seguramente desde la creación del Mecanismo, que es 2012, puede llegar a haber más de 160 asesinatos contra periodistas, de esos hay nueve casos en donde los periodistas estaban integrados al Mecanismo.

L-L: ¿Y qué falló en esos nueve casos?

EI: Hay que recordar que una gran mayoría de las medidas que otorga el Mecanismo se dan a través de las autoridades estatales, es decir, no es que falle el Mecanismo, hay que revisar cuáles son las corresponsabilidades de obligaciones que tenemos nosotros como Mecanismo y que tienen las autoridades locales para proteger a las y los periodistas. 

En algunos casos considero que las medidas, como ha comentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), no llegaron a tiempo y a partir de ahí se genera una serie de omisiones.

Se ha generado mucha incertidumbre, pareciera que toda la política nacional de protección de periodistas y personas defensoras recae en esta oficina y no hay nada más falso que eso. Si este mecanismo no cuenta con toda la colaboración con los gobiernos de los estados y sobre todo con las autoridades municipales, que son las que más agreden a estos sectores, siempre va a ser insuficiente.

L-L: ¿En qué porcentaje las autoridades municipales son las que más agreden?

EI: Más del 60% o 70% de las fuentes de riesgo que nosotros conocemos se centran en las autoridades municipales y en el crimen organizado.

Nosotros desde nuestro análisis muy particular en términos de la protección, creemos que hay agresiones directas independientes de autoridades municipales, creemos que hay agresiones directas independientes del crimen organizado y otras donde seguramente, por el contexto, hay colaboración de ambos sectores.

L-L: ¿En los estados y municipios no se toma en serio la protección de periodistas?

EI: La Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección federal no puede emitir resoluciones vinculantes para los municipios y para los estados, lo cual es un problemón. Si donde más agreden y asesinan a personas periodistas y defensoras es en los contextos municipales y estatales, y no le das herramientas jurídicas al Mecanismo de Protección federal, ¿cómo crees que el Mecanismo de Protección federal puede detonar una política nacional de largo alcance que pueda llegar a todos los territorios?

El problema fue que se crea el Mecanismo federal, se le dota de recursos suficientes y tal pareciera que en lugar de que las autoridades se volcaran a tener como centro el Mecanismo de Protección federal, parece que se hacen a un lado. 

Te doy cifras concretas: en diez años solamente hay 17 o 18 leyes estatales en las entidades federativas que hablan sobre esta problemática, habrá menos de 15 mecanismos de protección en todo el país que atienden esta circunstancia. Hay un gran rezago desde lo local.

L-L: ¿Algún ejemplo de las omisiones de autoridades locales?

EI: Te voy a poner un ejemplo, un día necesitábamos proteger a una familia de un periodista que había sido asesinado en una entidad federativa. Habíamos identificado que había ciertos rondines de una motocicleta, teníamos la sospecha de que pudieran haber civiles que pudieran poner en riesgo la familia del periodista. 

Acudimos tanto al gobierno del estado como a la fiscalía para que simplemente hubiera un rondín más focalizado en ese domicilio. Esta petición no tiene que ver con más dinero, es utilizar la misma patrulla de la misma colonia de la entidad federativa para hacer un rondín más focalizado en esta zona. Pero ni el estado ni la fiscalía respondieron.

L-L: ¿Cómo está el tema de la impunidad?

EI: La impunidad, en este y en todos los delitos, en todas las violaciones a derechos humanos, es histórica. Tenemos tal vez una crisis de impunidad de más de 40 años en estos fenómenos y seguramente la impunidad debe estar rondando arriba del 80% o 90% en los crímenes contra periodistas. 

Quiero decirte que el año pasado por instrucciones del presidente de la República se estableció un grupo especial dentro del Gabinete Nacional de Seguridad para fortalecer las capacidades de las fiscalías en las investigaciones, con esto inclusive el año pasado se obtuvieron cuatro o cinco sentencias en casos de asesinatos contra periodistas, se vinculó y se detuvo a más de 30 personas. A partir de ahí creo que hubo un cambio, pero lo que quiero decir es que esto no es sostenible, esta responsabilidad es de las fiscalías.

L-L: ¿Qué buscan con la nueva Ley General que quieren crear?

EI: Primero, fortalecer al Mecanismo de Protección federal y que pase de ser un mecanismo nacional con facultades y atribuciones para emitir resoluciones hacia los tres órdenes de gobierno. 

Dos: generar corresponsabilidades muy claras de lo que le corresponde a cada quien, municipios, estados, federación. Y reiterar cuáles son las obligaciones que tienen las fiscalías, por ejemplo, en término de sus atribuciones legales de emitir medidas cautelares en favor de periodistas y personas defensoras. 

Tres: crear un sistema nacional de prevención y protección para que las autoridades nos coordinemos debidamente y podamos tomar decisiones de política pública, crear instrumentos que pueden ayudar mucho, como un protocolo nacional de actuación para proteger a periodistas y personas defensoras, generar un registro general de agresiones para saber dónde están los problemas y dónde estarán siendo agredidos los periodistas y las personas defensoras.

L-L: Al sexenio solo le queda un año y medio, ¿es suficiente para lograr estos cambios?

EI: Tengo toda la esperanza de que sí. La verdad es que ese fortalecimiento jurídico al Mecanismo ni siquiera está pensado para el hoy, queremos dejar a quien venga un Mecanismo fortalecido en todos los aspectos: más personal, más recursos, más política pública y más herramientas jurídicas.

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