Desaparición de personas y desplazamiento forzado: la crisis de derechos humanos en Chiapas
Chiapas atraviesa una crisis de derechos humanos desde 2021, cuando la desaparición de personas aumentó junto con el desplazamiento interno forzado.
Chiapas atraviesa una crisis de derechos humanos desde 2021, cuando la desaparición de personas aumentó junto con el desplazamiento interno forzado.
A finales de mayo de 2023, luego de estar semanas en medio de un conflicto armado entre grupos del crimen organizado, alrededor de 3 mil habitantes del municipio Frontera Comalapa, Chiapas, abandonaron sus hogares. Este “éxodo” de pobladores fue la última muestra de la crisis de derechos humanos en Chiapas.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa se disputan el control de la zona fronteriza de Chiapas con Guatemala desde 2021. La guerra entre estas bandas delictivas ha impactado a los habitantes de Frontera Comalapa, Comitán, La Trinitaria, Amatenango de la Frontera, Tapachula y Suchiate.
Los pocos pobladores de Frontera Comalapa que hablaron con la prensa luego de su éxodo señalaron que preferían huir para evitar ser asesinados o para impedir que fueran reclutados de forma forzada por el narcotráfico.
El tráfico de drogas, de personas, de armamento y de mercancías ilícitas son las actividades que están asfixiando a la frontera de Chiapas con Guatemala. Habitantes de la zona han realizado varias protestas para exigir a las autoridades que frenen la violencia en Chiapas. Organizaciones sociales, e incluso la Iglesia Católica, se han sumado a la exigencia, pero hasta ahora sus reclamos no han hecho eco en las autoridades.
“Las familias están buscando ayuda y están denunciando, están tocando todas las puertas posibles para tener justicia, pero desafortunadamente no hay ninguna autoridad que pueda darles una respuesta”, expresa en entrevista con La-Lista Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Centro Frayba).
La defensora de derechos humanos cuestiona que, pese al aumento de desplazamientos forzados y personas desaparecidas, las autoridades federales y estatales se mantienen en su postura respecto a que Chiapas no ha sido consumido por la violencia.
“El gobierno solo ha dicho: ‘No existe la violencia, no hay tal situación’. Esa ha sido la respuesta a nuestras solicitudes”, critica Roblero.
En mayo de 2023, poco antes de que se registrara el éxodo de habitantes de Frontera Comalapa, el Centro Frayba publicó su informe Chiapas: un desastre, donde se expone cómo la violencia ha detonado en el estado por la disputa del CJNG con el Cártel de Sinaloa, por la pelea que también sostienen grupos delictivos locales y por el surgimiento de grupos de autodefensas que suelen ser cooptados por el narcotráfico.
Especialistas en seguridad y asociaciones civiles identifican que la ola de violencia en Chiapas se intensificó en 2021, cuando presuntos integrantes del CJNG asesinaron a Ramón Gilberto Rivera Beltrán, hijo de Gilberto Rivera Amarillas, el “Tío Gil”, quien fue operador del Cártel de Sinaloa en Chiapas hasta 2016.
“Se está dando todo un fenómeno de inseguridad y de violaciones a derechos humanos en Chiapas. Tenemos dos años en los que la violencia se ha incrementado tremendamente”, lamenta la directora del Centro Frayba.
Desplazamiento forzado, una de las violaciones a derechos humanos en Chiapas
El desplazamiento interno forzado es un problema histórico de Chiapas. El Centro Frayba tiene identificado que entre 1994 y 2001 muchas personas tuvieron que dejar su hogar por la violencia que generaron grupos paramilitares que surgieron para reprimir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
La intervención de los grupos paramilitares detonó conflictos sociales y políticos que provocaron más desplazamientos internos forzados en años posteriores. Para 2010, la Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas calculó que más de 37 mil personas tuvieron que abandonar su hogar por esta situación, indica el reciente informe del Centro Frayba.
No hay un dato exacto de cuántas personas han sido desplazadas por la violencia en Chiapas. El Centro Frayba hizo un nuevo conteo y estimó que, entre 2010 y 2022, al menos 16 mil 775 personas han abandonado sus hogares por la inseguridad.
“Tenemos desplazamiento en la zona frontera con Guatemala, en la región de los altos de Chiapas, en el norte y un desplazamiento muy reciente en Pantelhó”, señala Roblero.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) es otra organización social que ha dado seguimiento al problema del desplazamiento interno forzado. Laura Alvarado, integrante de la asociación civil, señala que en 2021 fueron 4 mil 634 personas las que dejaron sus comunidades en Chiapas.
La CMDPDH realiza su informe de desplazamiento interno forzado desde 2016, pero fue hasta 2021 que la organización detectó un mayor flujo de personas que salían de sus comunidades por problemas relacionados al crimen organizado.
“Estamos hablando de un proceso de vaciamiento de las comunidades, expulsiones muy reiteradas a lo largo de los años”, dice Alvarado a La-Lista en entrevista.
La experta de la CMDPDH también ha detectado que algunas personas sufren desplazamientos internos forzados intermitentes, es decir, vuelven a su comunidad y tiempo después salen otra vez para evitar actos de violencia.
“Algo que vemos a nivel nacional es que las autoridades locales apresuran estos retornos, por ejemplo, escoltando a las personas desplazadas con el Ejército o la Guardia Nacional, pero después se van los cuerpos de seguridad y el problema persiste”, critica Álvarado.
Daniel Márquez, también integrante de la CMDPDH, explica que el desplazamiento interno forzado es “multidimensional” por todos los impactos que tiene en las familias. Este fenómeno afecta las relaciones comunitarias y, a nivel individual, cada persona puede tener daños psicoemocionales y psicosociales.
“El estado de vulnerabilidad en que quedan las personas desplazadas es muy difícil de atender”, señala Márquez a La-Lista. “El llamado al gobierno es que debe encontrar soluciones en un periodo corto de tiempo porque si el desplazamiento es muy prolongado, eso es una afectación continua a los derechos humanos”.
Chiapas cuenta con una Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado. Y aunque la legislación sirve para guiar el actuar de las autoridades en esta materia, hay otros obstáculos que impiden que este fenómeno deje de ocurrir.
“La capacidad de reacción del Estado, de las instituciones, a tantos eventos de desplazamiento es muy limitada. Esta ley no garantiza que pueda haber una atención completa a las personas”, indica Márquez.
Desaparición de personas en Chiapas, otro delito que crece
No solo el desplazamiento interno forzado se ha acentuado en Chiapas por la violencia generada por el narcotráfico, también los casos de desaparición de personas han ido en aumento a partir de 2021.
Los datos oficiales indican que entre 2019 y 2022 la cifra de víctimas de desaparición aumentó 275% en Chiapas, al pasar de 88 personas afectadas a 330.
En total, desde 1974, cuando el Ejército y grupos paramilitares perseguían activistas en la llamada Guerra Sucia, en Chiapas se han registrado mil 169 víctimas de desaparición, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas al corte de las 18 horas del pasado 5 de julio.
Los municipios con una mayor cantidad de personas desaparecidas en Chiapas son Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Tonalá, Ocosingo, Pantelhó y Chiapa de Corzo.
Dora Roblero, la directora del Centro Frayba, explica que la desaparición de personas ha aumentado desde la incursión del CJNG en Chiapas. Este es un crimen que se registra principalmente en la zona fronteriza de Chiapas con Guatemala.
“En la frontera hay todo un tema de violaciones a derechos humanos en Chiapas por los delitos que se cometen ahí: tráfico de personas, de armas, de drogas”, señala Roblero.
La inseguridad ya ha tocado incluso a las autoridades locales. Hace una semana 16 funcionarios de la Secretaría de Seguridad del estado fueron secuestrados en Chiapas. Tres días después, luego de varias marchas de las familias de las víctimas y con la intervención del gobierno federal, se logró su liberación.
Al igual que los habitantes de Chiapas y organizaciones sociales como el Centro Frayba, la Iglesia Católica se ha sumado a las exigencias de un alto a la violencia, como en otras ocasiones lo ha hecho en Michoacán y en Guerrero.
El pasado 5 de julio, Luis Manuel López Alfaro, obispo auxiliar de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, advirtió que en Chiapas “hay un vacío de autoridad” ante la falta de respuesta del gobierno para evitar la crisis de derechos humanos.
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