Pasó la elección y los candidatos ya no tienen seguridad, aunque algunos podrían necesitarla

Diana Hernández perdió la elección el pasado 6 de junio. Para ella terminó este proceso electoral, pero no el riesgo de alguna agresión.

Candidata a una diputación local en Chilapa, Guerrero, Hernández contó con protección de hasta siete elementos de la Policía estatal durante la campaña y el día de la elección, cuando incluso su casa se mantuvo en resguardo. Pero pasadas las votaciones, el equipo de seguridad que le asignó el gobierno de Guerrero se fue, aunque el riesgo siguiera ahí.

“El mecanismo de protección lamentablemente sí está circunscrito al periodo electoral, es un tanto ambigua la situación porque el proceso electoral termina, desde mi punto de vista, no solo con la calificación de la elección, al menos sí hasta que les entreguen la constancia”, sostiene Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt, que durante el proceso electoral registró las agresiones a candidatos.

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Como ella, al corte del 21 de mayo al menos 80 candidatos recibieron protección de cuerpos de seguridad locales y medio centenar más de autoridades federales con motivo del proceso electoral. Esta protección se suspendió tras las votaciones. Sin embargo, algunos de ellos han recibido amenazas y el peligro persiste. La-Lista solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal una actualización de estos datos y una postura sobre el retiro del mecanismo de protección, pero hasta ahora no ha recibido una respuesta.

En el reporte oficial de mayo, las autoridades apenas registraron 398 casos, de los que 44 se consideraron sin confirmación de riesgo. Además, solo en 148 se inició una carpeta de investigación, aunque sumaban 13 homicidios, 11 privaciones temporales de la libertad y 187 denuncias de amenazas.

Y si bien algunos no lo hacen por el riesgo que representa denunciar cuando quien amenaza conoce sus datos personales, también hubo otros que no cuentan con evidencia de los hechos o que solo presentan acusaciones ante los medios de comunicación.

Apenas el pasado jueves, el presidente del PAN, Marko Cortés, acusó que algunos candidatos que quedaron en segundo lugar en elecciones con márgenes estrechos recibieron amenazas para que no impugnaran los resultados o buscaran recuentos.

“Con muy poco margen y amedrentaron a candidatos, candidatas para que no presentaran impugnación; amenazándolos a ellos y a sus familias, que si impugnaban, sabían dónde vivían y se atenían a las consecuencias”, lanzó en una entrevista radiofónica.

Sin embargo, formalmente no hay un mecanismo para dar seguimiento a la protección de estas personas pasados los comicios. En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) se establece que los candidatos pueden solicitar medios de seguridad personal, mismos que se les otorgará una vez que tengan la condición de titular una candidatura.

Riesgo poselectoral

Desde el inicio del proceso electoral en septiembre de 2020, Etellekt registra 102 políticos asesinados, 36 de ellos aspirantes a una candidatura o candidatos registrados. Sin embargo, en el séptimo reporte que presenta este lunes, la consultora muestra que la cifra es menor a los 152 casos registrados en la elección federal anterior, en 2018.

“Me parece que la tendencia es baja a pesar de todo”, comenta Salazar, pero de inmediato contrasta con los datos. “En junio, solo en los primeros seis días antes de la elección asesinaron a 12 políticos, una tendencia alta. Si la elección hubiera durado un mes más, quién sabe qué hubiera pasado”.

“Pero me parece que el tema de las agresiones fue un dato descomunal, vamos a reportar más de mil agresiones, y de ellas prácticamente más de 650 se dirigieron en contra de candidatos y aspirantes, fue un incremento mayor al 38% en relación a lo que vimos en 2018”, añade Salazar.

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Apenas cuatro días después de la elección, el alcalde del municipio hidalguense de Zapotlán de Juárez fue asesinado. En este escenario, el director de Etellekt considera que creció la conflictividad entre los actores políticos, por lo que ve muy arriesgado dejar a diversos ganadores de las elecciones sin protección.

“Vas a tener a varios alcaldes electos, regidores, diputados, que todavía van a tener que enfrentar un periodo muy crítico de riesgo, entonces todavía pueden ser objeto de atentados”, acota Salazar.

Algunos aspirantes consultados por La-Lista refieren que no todos contaron con la misma protección que Hernández. En San Luis Potosí, por ejemplo, la entidad con mayor número de candidatos atendidos con seguridad hasta el pasado 21 de mayo, contendientes que recibieron presiones desde principios de año reportaron que a pesar de presentar denuncias de amenaza antes la fiscalía estatal, solo les ofrecieron acceso a números de teléfono para entrar en contacto con la policía estatal.

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En busca de medidas

Diana Hernández prefiere no revelar su ubicación, pero tras la elección ya no está en Chilapa por motivos de seguridad. Su padre, el líder social y expresidente del PRD en Guerrero Ranferi Hernández; su mamá, Lucía Hernández; su abuela, Juana Dircio, y su primo, Antonio Pineda, fueron asesinados en 2017. Ella mantiene activa la investigación y eso le resta confianza para quedarse en Chilapa. A ello se suma que durante la campaña hubo dos casos en que sintió riesgo de un ataque.

“Se está viendo la forma de que nos puedan dar medidas cautelares. Estamos expuestos por la cuestión electoral, pero también por la cuestión jurídica. (…) Por parte del gobierno del estado no cuento con ninguna clase de apoyo ni para medidas cautelares, ni por el hecho de que estemos en calidad de desplazados. Vamos a esperar en lo que se da la transición”, comenta.

Pero en este periodo electoral no solo los candidatos se vieron afectados por la violencia. En San Luis Potosí, por ejemplo, la candidata a la presidencia municipal de Ciudad del Maíz, Rosa Angélica Martínez, comparte a La-Lista la denuncia de un simpatizante suyo que dijo haber sido amedrentado por la policía municipal cuando viajaba en su motocicleta apenas tres días antes de la elección.

A decir de Salazar, la presión y la violencia por parte de algunos grupos criminales alcanzó también a la ciudadanía: hubo perifoneos y otros llamados desde vehículos para votar por determinados candidatos.

“Varias semanas previas, algunos municipios en Veracruz, algunos corresponsales nos decían que llegaban grupos en automóviles o camionetas perifoneando, en algunos municipios de la zona de las montañas, incluso cercanos a Xalapa, para presionar a la gente, obligarla a votar por ciertos candidatos oficiales a nivel local. Lo cual también tenemos reportes que se dio en Sinaloa, Guerrero, Michoacán”, agrega el director de la consultora. “Sí se ejerció una verdadera presión y actos de violencia contra electorado, no solo contra políticos”.