Banco de ADN, poco efectivo para investigar delitos de género, advierten expertos

Como parte de las medidas para atender la alerta por violencia de género en la Ciudad de México el gobierno local impulsó la creación de un banco de ADN para investigar delitos en la materia; sin embargo expertos advirtieron sobre los riesgos de esta herramienta en caso de que no se ejecute de la manera apropiada. 

El Congreso de la CDMX aprobó la creación del banco de perfiles genéticos para contribuir en la indagación de casos como homicidio, lesiones, privación de la libertad personal con fines sexuales, incesto, secuestro, violación, estupro, privación ilegal de la libertad y feminicidio; lo cual se da con la intención de encontrar a los culpables. 

Para ello se recolectará la información de ADN de los imputados o sentenciados por delitos como los anteriores, de los servidores públicos de las instituciones de seguridad ciudadana, incluido el gabinete de la materia y la jefa de gobierno, así como de las víctimas de estos hechos, aunque de manera voluntaria para este último sector. 

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Asimismo, las autoridades responsables del manejo del Banco de ADN serán la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, la Agencia Digital de Innovación Pública, así como las secretarías de Seguridad Ciudadana, de Gobierno y de la Mujer. 

¿Qué es un Banco de ADN?

Es un instrumento donde se resguardan restos biológicos que se toman para la investigación de diversos delitos, para que con la información de las víctimas y de los presuntos agresores se pueda verificar si hubo contacto o una relación en los hechos, explicó, Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri, experto en bioderecho. 

En entrevista para La Lista el jurista explicó que en la comisión de actos ilegales puede haber restos de sangre o secreciones que pueden ayudar a fortalecer la investigación, para lo cual se consulta esta herramienta biológica. 

El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) subrayó que se deben generar mecanismos muy rigurosos para la protección de los datos personales, además que la base de datos de las personas sometidas a proceso se deben de dar de baja cuando se quede probada su inocencia, pero en caso de que sean sentenciados, su ADN pasará a un resguardo histórico. 

Alertó que se debe tener cuidado en el manejo y diseño de la base de datos, para lo cual existen estándares internacionales, ya que se necesita un mínimo de marcadores para que se pueda identificar plenamente la identidad de una persona. 

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En ese sentido, advirtió que si tampoco hay una conservación adecuada del ADN o falla la cadena de custodia y se contaminan las muestras, se puede generar información falsa sobre los posibles agresores. 

Aunque refirió que si se hace un mal manejo de esta herramienta se pueden vulnerar los derechos humanos de los involucrados, en un buen uso se puede identificar con mayor certeza al agresor por sus restos biológicos. 

Poca utilidad para atender la violencia de género

La creación del Banco de ADN fue un instrumento para atender los reclamos del movimiento feminista pero está lejos de atender de manera eficaz el problema de la violencia de género, según Lucía Núñez Rebolledo, experta en criminología y estudios de género. 

En entrevista para La Lista recordó de la existencia del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), el cual no ha tenido los resultados esperados, por lo que estima que la nueva herramienta de almacenamiento biológica no haga la diferencia. 

Estimó que es difícil que esta política tenga efectividad en México, ya que hay un colapso del sistema justicia y de las instituciones correspondiente, además que no hay funcionarios capacitados para realizar investigaciones con perspectiva de género. 

“A veces parece como que estas acciones salen a la luz de coyunturas y protestas sociales, acciones no muy bien diseñadas y que tienen que sacar para calmar el reclamos de los movimientos sociales, en este caso de las feministas”, aseguró la catedrática de la UNAM.  

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Para que un proyecto con un banco de ADN funcione en este territorio, abundó la abogada, se requiere de una investigación de estos delitos con perspectiva de género, que se prepare a los especialistas con esta formación desde las universidades, además que los Ministerio Públicos no revictimicen a las mujeres. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, durante 2019, en el 7.6% del total de los delitos el Ministerio Público inicio una carpeta de investigación, por lo que en el 92.4% de los casos no hubo una denuncia o se inició una indagación. 

Además, del total de carpetas de investigación iniciadas en el Ministerio Público, en el 44.5% de los casos “no pasó nada o no se continuó con la investigación”, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Aunque la cifra negra de delitos en promedio para todo el país es del 92.4%, para la CDMX es del 94%. 

Núñez Rebolledo apuntó otros problemas éticos para el banco, como que se mantengan los registros de los imputados en el archivo histórico, ya que esto también iría en contra del derecho a la reinserción social de los delincuentes.

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“Los castigos no están pensados para sancionar, hipotéticamente, a las personas por lo que son, sino por lo que hacen, esta idea de ingresarte a un banco te esencializa”, agregó. 

Aunado a ello, reiteró que la mayoría de los agresores sexuales de las mujeres son personas que conviven con ellas, por lo que no tendría mucha utilidad buscar en un banco a desconocidos.  

“La mayoría de los estudios indican que es probable que las mujeres conozcan a sus agresores, por ejemplo, en 8 de cada 10 casos de violación en los Estados Unidos”, revela el estudio “Comprender y abordar la violencia contra las mujeres”.