Ley de violencia vicaria a nivel federal es insuficiente: falta legislar en estados

Andrea Lezama Bonilla pasó 2 mil 335 días alejada de su hijo, que entonces tenía casi dos años de edad. El progenitor lo sustrajo de forma ilegal de su hogar en Puebla y lo llevó a vivir a Baja California Sur, a más de mil 500 kilómetros de distancia. El menor regresó con su madre hasta que tenía ocho años.

“La sustracción ocurrió en 2016 y en todos esos días que yo no pude ver a mi hijo no viví su crecimiento, no conocí su voz, me perdí gran parte de su infancia. Mi hijo fue la razón para comenzar esta lucha”, dice Andrea, representante de la Colectiva Madres Exigiendo Justicia contra la Violencia Vicaria. 

En 2022, Andrea obtuvo la primera vinculación a proceso por violencia vicaria en México y América Latina en contra de Ricardo “N”, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva. En 2023, la joven logró la guarda y custodia definitiva de su hijo. El siguiente paso, refiere, es una sentencia condenatoria para el agresor. 

El pasado 18 de enero entró en vigor el decreto por el que, a nivel federal, se tipifica la violencia vicaria, también conocida como violencia a través de interpósita persona, cuyo fin es dañar a la mujer a través de los hijos. Son reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al Código Civil Federal y al Código Penal Federal, en los que se establecen penas de hasta cinco años de prisión. 

Jennifer Seifert, cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria (FNCCV), señala que si bien el reconocimiento y sanción de la violencia vicaria a nivel federal es un avance importante para las mujeres e infancias del país, todavía falta mucho por hacer.

“Es un logro, pero no ayuda, no es algo que en estos momentos puedan usar las mamás en los estados. Es necesario armonizar las leyes y códigos locales a partir de lo que se establece a nivel federal”, indica Seifert, quien vivió 23 meses alejada de sus dos hijos –de entonces ocho y 12 años de edad–, sustraídos por el progenitor en el Estado de México. 

Según una revisión hecha por La-Lista a las legislaciones locales, 25 estados del país cuentan con la “ley vicaria”, es decir, reconocen este tipo de violencia. Sin embargo, solo 11 entidades (Campeche, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas) han reformado sus códigos penales y civiles para establecer penas de cárcel. 

Por otro lado, los congresos de Veracruz, Tabasco, Jalisco, Colima, Chihuahua y Aguascalientes mantienen sus iniciativas en la “congeladora”. En el caso de Durango ni siquiera se ha presentado una propuesta en la materia. 

Natalia Lococo, fundadora del Frente Nacional Mujeres y quien hasta la fecha lucha por recuperar a sus dos hijos menores de edad –sustraídos en 2019– puntualiza que hay algunas legislaciones erróneas, pues no protegen a las madres y sus hijos víctimas de violencia vicaria. 

“Hay estados en los que la ley vicaria ha salido en beneficio de ambos sexos, cuando este tipo de violencia es exclusivamente ejercida por los progenitores hacia las mujeres y sus hijos. México va tarde en la materia, no hay tiempo de hacerlo mal”, destaca Lococo. 

La primera vez que en México se escuchó hablar de violencia vicaria fue en 2021, cuando el caso de las hermanas Anna y Olivia en España acaparó la atención internacional. En abril de ese año, las niñas de uno y seis años de edad fueron secuestradas por su progenitor con el único objetivo de hacerle daño a la madre. Dos meses después, en junio, las menores fueron halladas sin vida.

Natalia Lococo recuerda que este hecho le impactó, pero también le sirvió para reconocer y nombrar lo que ella vivía desde 2019, cuando su exesposo decidió sustraer a dos de sus cuatro hijos. Poco a poco descubrió que no era la única y que había un patrón. 

“En España hay muchos casos de este tipo de maltratadores que llegan a la violencia extrema. Son progenitores con antecedentes de violencia familiar y deuda alimentaria a los que les fue negada la custodia de los menores, y por odio hacia la exesposa deciden arrebatarles a los hijos. En ese momento dije: es lo que estoy viviendo”, cuenta. 

Pero el término de violencia vicaria fue acuñado desde 2012 por la antropóloga argentina Sonia Vaccaro, quien lo define como “la expresión más cruel de la violencia de género”, en la que el agresor –exesposo o expareja– busca dañar a la mujer a través de sus hijos, asegurándose de que “no se recuperará jamás”.

Prevén “tsunami” de casos de violencia vicaria

En México no hay una cifra oficial ni certera de casos de violencia vicaria, aunque los colectivos de madres estiman que pueden ser más de 15 mil.

Tan solo el FNCVV conoció 4 mil 067 mujeres víctimas de este delito en 2023, así como 8 mil 540 infancias y adolescencias afectadas. Del total de casos que radican en este colectivo, 78 mamás pudieron recuperar a sus hijos. 

La mayor parte de los casos que el FNCVV ha conocido son de Jalisco (21%), Ciudad de México (15.7%), Estado de México (13.9%), San Luis Potosí (5.7%) y Nuevo León (4.6%). 

Jennifer Seifert considera que, una vez que los estados armonicen sus leyes y que jueces y ministerios públicos sean obligados a atender la violencia vicaria, habrá un “tsunami de casos”.

“Las autoridades no le han querido hacer frente a este tipo de violencia porque saben que una vez que abran la llave para que estas denuncias procedan y se sigan los procesos correctos, el tsunami se les va a venir encima. Habrá una cantidad innumerable de casos y se van a dar cuenta de toda la violencia, muchas veces sostenida desde sus mismas instituciones”, plantea.

Andrea Lezama indica que el tema de violencia vicaria ha resultado complicado para las autoridades, pues el concepto es “relativamente nuevo”, por lo que enfatiza la urgencia de que las reformas y leyes en la materia vayan acompañadas por capacitaciones a jueces y ministerios públicos. 

“La violencia vicaria ya la tenemos en papel, ya está plasmada en las leyes, pero ahora falta que en la práctica realmente se realice. Hará falta mucha voluntad, empatía y capacitación. Si este tipo de violencia es difícil de demostrar es por las autoridades, porque no quieren comprender el nivel de violencia que se ejerce hacia nosotras y nuestros hijos”, puntualiza. 

Natalia Lococo coincide en que cuando la ley vicaria funcione como debe ser –con perspectiva de género y anteponiendo el interés superior de la niñez– las autoridades se verán rebasadas. En tanto, prevé, la tipificación a nivel federal servirá para el reconocimiento de las víctimas y para prevenir el delito.

“Estoy segura que en México hay muchas más víctimas de las que tenemos en los colectivos, y cuando estas víctimas acudan a presentar sus denuncias los mismos jueces se darán cuenta que también han ejercido violencia vicaria, y esto abrirá otro entramado, porque entonces ¿quién revisará esos casos?”, cuestiona.

“La violencia vicaria es evidente y se puede prevenir”

La violencia contra Jennifer Seifert y sus hijos comenzó en el matrimonio, por lo que decidió separarse. En 2015, a los pocos meses de divorciarse, Jennifer promovió una demanda de amparo contra su exesposo por incumplimiento de pensión alimenticia. 

Una vez hecha la notificación, comenzaron las amenazas por parte del progenitor: “si no retiraba la demanda, algo pasaría”. En el juzgado familiar no avanzó el proceso y Jennifer no sabía de qué otra manera proceder, al mismo tiempo en que las amenazas iban aumentando. 

En 2019 se levantó una denuncia penal por la pensión alimenticia y en marzo 2021 las amenazas se cumplieron. El progenitor sustrajo a los dos hijos de Jennifer, la denunció por violencia familiar y le impidió tener cualquier tipo de comunicación con los menores hasta octubre de 2022, cuando Jennifer fue absuelta de la acusación fabricada. 

Con la absolución dieron paso las convivencias virtuales, que ella recuerda como “horribles”, pues su hija e hijo estaban a un nivel de manipulación –con base en estudios hechos por la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México– que se negaban a hablar con su mamá. Dos años después de la sustracción, en marzo de 2023, Jennifer finalmente recuperó a sus hijos. 

“En el tiempo que los alejaron de mí ellos tuvieron que aceptar, durante dos años, que yo era ‘la persona mala’, con la que ellos no podían estar, la persona de la que ‘los salvaron’. Mis hijos regresaron con problemas de estrés postraumático bastante grave, pero hoy están bien y están reintegrándose a lo que era su vida”, cuenta Jennifer. 

​​Lo que vivió Jennifer fue un patrón. En el 88% de los casos de violencia vicaria los agresores amenazan a la mamá con hacerle daño a través de sus hijos, el 90% de las mujeres tiene denuncias falsas y en el 80% existe un deudor alimentario, de acuerdo con las estimaciones del FNCVV.

Para Natalia Lococo la amenaza es la señal de alerta, por lo que considera que si las autoridades atendieran las denuncias de amenaza la violencia vicaria –y todos los tipos de violencia que engloba– habría una restricción para el agresor y se vería impedido de hacer daño. 

“En el 100% de los casos de las mujeres violentadas que comenzaron por la amenaza, la situación se agrava y la violencia escala, porque esas amenazas ya las empezaron a cumplir”, lamenta. 

En 2016, Natalia pidió la guarda y custodia de sus cuatro hijos, además de que denunció violencia familiar por parte de su exesposo. Dio aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que había amenazado con quitarle a sus hijos y dejarla en la calle. El Ministerio Público determinó el no ejercicio de acción penal, es decir, descartó la denuncia. 

Por otra parte, el presunto agresor de Natalia sí logró judicializar varias denuncias falsas en su contra, lo que la llevó a una detención arbitraria por el supuesto despojo de una propiedad. “Yo hasta ese momento no tenía ni una multa de tránsito, no entendía de dónde venían estas denuncias; afortunadamente, todas las denuncias en mi contra se cayeron”, sostiene.

En 2018, Natalia obtuvo la guarda y custodia de sus cuatro hijos. Al poco tiempo, fueron despojados de su casa por un proceso que el papá llevó “debajo del agua”, sin que ella fuera notificada. De la misma manera, en mayo de 2019, el progenitor se llevó a uno de los menores –de 13 años– y en diciembre del mismo año sustrajo al más pequeño, de siete años. 

Natalia Lococo logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajera dos casos suyos, obteniendo fallos favorables, pero el progenitor ha desacatado esas sentencias y ella aún está a la espera de recuperar a sus dos hijos. 

El presunto agresor de Andrea Lezama sigue apelando para obtener su libertad, mientras ella espera que sea sentenciado. El de Jennifer Seifert está atravesando varios procesos legales, el más grande es por el incumplimiento de la pensión alimenticia. 

“La violencia vicaria es evidente y se puede prevenir. Hay una serie de características y de patrón que aunque las autoridades no quieran ver, ahí están. Nos violentan en la cara de los jueces y de los ministerios públicos, es imposible que no se den cuenta. Hoy pasamos un obstáculo, la tipificación federal, pero es urgente accionar porque esta violencia está costando vidas”, concluye Lococo.