Nueva #LeyGertz: ‘Cancela’ derechos para las víctimas de delitos, dicen observadores

“Perdóname lo que te voy a decir… Nos ha ido de la chingada con las instituciones de gobierno involucradas en encontrar a nuestros familiares”, explica Mario Vergara, el fundador del colectivo de Los Otros Desaparecidos de Iguala, Guerrero. Desde hace 6 años, a raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Mario comenzó a andar entre cerros para detectar fosas clandestinas desplegadas por territorio mexicano. Su labor ahora le lleva a asesorar a cientos de personas en diversas partes del país, para aprender los métodos forenses que aplica para encontrar a su hermano Tomás.

Pronto anuncia una visita al estado de Michoacán.

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“Yo no quiero ser abogado”, se queja: “lo que quiero es a mi hermano Tomás de regreso. Quiero gente (se refiere a los funcionarios de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República) que sepa caminar en las veredas, en los cerros, y que aguanten las jornadas debajo del sol. Que nos ayuden a encontrar a nuestros familiares, sin excusas”.

El motivo de la conversación es la reciente aprobación en comisiones de Ley de la Fiscalía General de la República. A decir de organizaciones de la sociedad civil, dicha iniciativa busca “restar protagonismo” y “ocultar” información a las víctimas en los proceso de investigación para casos de desaparición, feminicidio, homicidios, violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas.

“Hace tiempo la necesidad nos obligó a salir a buscar, escarbar en los montes para encontrar a nuestros desaparecidos… y lo hicimos”, recuerda con voz una voz fina y rala, que luego se apaga y saca chispas. “El Estado mexicano debería de tener vergüenza porque nosotros, sin ningún conocimiento de búsqueda forense o legal, nos atrevimos a levantar la voz y hacer lo que ellos no quisieron hacer durante mucho tiempo”.

Y sí. En su andar por veredas olvidadas, decenas de familias han encontrado consuelo luego de encontrar los restos de los suyos. La indolencia de las autoridades, acusa, pero también la desesperación, los convirtió en antropólogos, topógrafos, ministerios públicos, arqueólogos y policías ministeriales, con el fin de encontrar muertos o en vida a más de 83 desaparecidos que existen en el país y cientos de miles de asesinados. El saldo de la violencia permanece imbatible.

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Es precisamente la denuncia de Mario el foco de tensión que circula en la propuesta legislativa presentada por el senador Ricardo Monreal de la bancada de Morena para reformar a la FGR. Como él, miles de familiares de víctimas critican la actuación de las autoridades para acceder a la justicia, ante los magros resultados de los casos en lo que participa la FGR o las fiscalías estatales. Como los responsables de los peritos, los agentes del ministerio público y las agencias de investigación federales volverían a estar en la opacidad de aprobarse el proyecto que impulsa el fiscal Alejandro Gertz Manero, con el supuesto fin de otorgar más “autonomía” de la institución a su cargo.

“El propio fiscal (Gertz Manero) está impulsado una iniciativa para abogar la ley orgánica actual, proponiendo la aprobación de una nueva ley que representa un retroceso para las víctimas, para las investigaciones efectivas, para la autonomía y para la consolidación de una institución que sea capaz de procurar justicia”, denunció el Colectivo contra la Impunidemia el pasado 17 de enero. “Este no es el fiscal que vele por los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el país”.

Mario Vergara asiente: “es verdad”.

La polémica ley

El pasado 7 de octubre, el senador Ricardo Monreal presentó a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, la iniciativa de “Ley de la Fiscalía General de la República”. Monreal señaló que la propuesta recoge de manera “sensible e integral”, las “preocupaciones de la sociedad civil” que habrían participado en el proceso. Monreal señala que su propuesta sufrió modificaciones “profundas” derivadas de un intercambio de opiniones entre el equipo de la Fiscalía y un “grupo plural de senadoras y senadores”.

Dos meses después, la consulta rindió resultados políticos.

El pasado martes, las comisiones de Justicia aprobaron por mayoría de votos –y la venia de todos los partidos políticos–, el dictamen de reforma a la FGR para que pronto subiría al pleno. La excepción que polemizó públicamente fue el voto en contra de la legisladora Claudia Ruiz Massieu, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Quien acusó: es “preocupante que en el dictamen se retire a la Fiscalía de la mayoría de los sistemas relacionados con la investigación de violaciones a derechos humanos, destacablemente al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”.

En efecto, el Artículo 11 del dictamen aprobado por las comisiones del senado, sustituiría al Artículo14 de la ley vigente que aprobó la misma legislatura en 2018. Dicho artículo compromete a la FGR para que integre una Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, dedicado a la protección de niños, niñas y adolescentes; trata de personas; desaparición forzada y desaparición cometidas por particulares; periodistas y defensores de derechos humanos; migrantes; investigación de tortura, entre otros. De aprobarse estas funciones desaparecerán y su integración dependerá de la faculta de atracción para delitos federales.

Para el senador (independiente) Emilio Álvarez Icaza, quien recientemente alertó sobre los “peligros” del paquete, la propuesta precisamente va en contra de lo expresado por Monreal en diciembre pasado. Así lo expresó en entrevista con La Lista: “De un ejercicio que pudo haber sido muy beneficioso, la autonomía de la fiscalía, en el que participó el entonces presidente electo (Andrés Manuel López Obrador) junto con su equipo de expertos, pasamos a un método de trabajo muy opaco. Con muy poca participación de la sociedad civil. Sobre todo con muy poca consideración a los colectivos de víctimas”.

“Siento que hay una especie de incomodidad del actual fiscal para que su trabajo no sea tema de escrutinio público. El tema es que como las investigaciones en delitos de desaparición, agresión a periodistas y defensores, casi nunca se avanza, el hecho de que por ley las víctimas puedan acceder a esa información y definir el plan de investigación de los ministerios públicos les incomoda”-Humberto Guerra, coordinador del programa de Derechos Humanos
y Lucha contra la Impunidad de Fundar Mexico

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Álvarez Icaza considera que con este proyecto, la FGR asumirá un “grave retroceso” en política pública y defensa de derechos humanos, particularmente en su retirada de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, que actualmente encabeza la doctora Karla Quintana bajo la supervisión de la Secretaría de Gobernación. El choque muestra contradicciones incluso dentro del propio gobierno. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, recientemente exigió al fiscal Gertz Manero que deje atrás “una visión anacrónica” de una institución rígida y vertical que se coloca por encima de los demás órdenes de gobierno.

En el Artículo 14 de la iniciativa se instituye que la Agencia de Investigación Criminal será la encargada de llevar a cabo la operación, investigación e inteligencia para la investigación y persecución de los delitos, así como de coordinar y asignar personas agentes de la Policía Federal Ministerial, personas peritas y personas analistas para el desarrollo de las investigaciones que formen parte de la FGR. Dicho artículo sustituiría el Artículo 32, que obliga a dicha institución a implementar una Coordinación de Métodos de Investigación, encargada de coordinar y asignar los servicios periciales y crear la Base Nacional de Información Genética, vitales para la búsqueda de desaparecidos.

“La ley vigente previó la construcción de bases de datos de información genética para la identificación de personas con motivo del fenómeno de la desaparición, razón por la cual es imprescindible evitar la regresión y/o cancelación de tales disposiciones”, señaló la organización México Evalúa, una de las encargada de elaborar la ley que tiene como objeto “formular, probar y mejorar el modelo de investigación criminal a operar en toda la Institución”. El paquete legislativo contempla otras 67 iniciativas que se encuentran en disputa por las distintas fuerzas políticas que integran la Cámara Alta.

“Regresión” e “incertidumbre”

Integrantes del desaparecido colectivo “Fiscalía que Sirva”, quienes participaron en la redacción de la ley que otorgó autonomía a la Fiscalía General de la República (FGR), sostienen que la iniciativa buscar saltar al pasado en los procesos de investigación y “volver a un modelo parecido” al de la extinta Procuraduría General de la República.

Humberto Guerra, coordinador del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar Mexico, afirma que la concepción de “autonomía” para la FGR que sostiene Gertz Manero, en realidad busca “eludir” el protagonismo que las víctimas ahora tienen en las investigaciones ministeriales.

“Siento que hay una especie de incomodidad del actual fiscal para que su trabajo no sea tema de escrutinio público. El tema es que como las investigaciones en delitos de desaparición, agresión a periodistas y defensores, casi nunca se avanza, el hecho de que por ley las víctimas puedan acceder a esa información y definir el plan de investigación de los ministerios públicos les incomoda”, dice. La huella del fiscal Gertz Manero, es la constante en la iniciativa que se filtró a principios de 2020 y la del presente año.

Por su parte, Miroslava Ortiz, directora de fortalecimiento institucional de la sociedad civil en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), advierte que los cambios legislativos podrían abonar a la “incertidumbre” que la ciudadanía padece por los altos niveles de impunidad. En México, según la organización México Evalúa, que participa en el “Colectivo contra la Impunidemia”, al cual también está inscrito el ONC, 92.4% de los delitos en el país quedan sin castigo.

“Si tú vas haciendo el cálculo de los delitos que se cometen y lo cotejas con las carpetas de investigación, y luego ves cuántas de éstas avanzan y por último lo cotejas con cuántos casos se resuelven ante un juzgado, te das cuenta de que la procuración de justicia está dentro de un embudo. Las capacidades de las instituciones de procuración de justicia están muy rebasadas. […] Precisamente, la FGR que resuelve los casos más impactante, últimamente está renuente a atraer casos, ¿cómo quiere que cada fiscalía general haga su labor?”, afirmó.