Las claves de la reforma electoral que anhela Ricardo Monreal

En México, lo natural después de una elección es que haya una reforma electoral. Tras la elección de 2006, vino la regulación de los spots en televisión; luego de la presidencial de 2012, se tipificó como delito la entrega de tarjetas de pago en campaña. Por eso, el adelanto del proyecto de una reforma electoral profunda anunciado por el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, es una reacción esperada.

Así lo explicó a La-Lista Palmira Tapia Palacios, integrante del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México, quien indicó que esta propuesta de reforma toma mayor relevancia porque anteriormente “no habíamos visto una autoridad electoral que tuviera decisiones de tal calado en el proceso electoral”.

Tras varias jornadas de protesta y la presentación de dos proyectos en el Instituto Nacional Electoral (INE) y dos sentencias en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dos candidatos a la gubernatura, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, se quedaron sin registro por incumplir con los reportes de gastos de precampaña, cuya sanción máxima, pero no única, era la inhabilitación para contender en la elección.

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Hace unos días, el coordinador parlamentario de Morena en el Senado advirtió que, al concluir el actual proceso electoral, será “inevitable” una reforma para someter al INE y al TEPJF.

Estos son los principales temas a tratar en este proyecto de reforma, según el adelanto de Monreal.

Sanciones a candidatos

El senador refirió que la cancelación del registro de 49 candidatos de Morena a cargos de elección popular se trató de sanciones desproporcionadas, excesivas e irracionales, por lo que en su propuesta evalúa el cambio en estas sanciones.

No obstante, especialistas consultados por La-Lista coinciden en que estas medidas están en la ley y fueron impulsadas por aquellos a quienes ahora se les imponen.

“Los grupos de Morena, cuando estaban en el PRD, pidieron justamente que ocurriera esto y pidieron entre otras cosas, los reportes de gasto de campaña”, dijo en entrevista el doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research (New York), Gustavo López Montiel. “Ahora les parece excesivo, no únicamente porque sí es excesivo, sino también porque burocratiza todo el sistema electoral y no les permite margen de maniobra como partidos políticos”.

Además, respecto de si la cancelación de candidaturas se trataba de un asunto estrictamente político y no jurídico –como afirmó Monreal cuando señaló el caso de la candidata de Morena en San Luis Potosí, Mónica Rangel y de quien dijo que ya no se atrevieron a violar sus derechos humanos de votar y ser votada–, el especialista recalcó: “aquí el tema tendría que ver con ubicar el derecho de quién”.

Al recordar el caso de Salgado Macedonio, quien ha comunicado sus pretensiones de llevar su caso frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explicó que se tendría que decidir qué es lo más importante: si el derecho individual de la persona de votar o ser votada o el derecho colectivo para tener candidatos que cumplan con las condiciones de legalidad.

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Por otra parte, José Pablo Abreu, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey, explicó que el derecho a ser votado incluye ciertas reglas para garantizar que haya equidad en la contienda, y una de ellas es el informe de precampaña.

El también exasesor parlamentario en el Poder Legislativo recalcó la importancia de ser objetivos al analizar si la mayoría en el INE y el Tribunal Electoral estuvieron equivocados en su aplicación o si más bien quien violó las normas y faltó a las reglas establecidas fueron Morena y sus aspirantes.

Además, indicó que el modelo de sanciones y los procesos para sancionar se han ido perfeccionando con el tiempo y que sanciones como las aplicadas a los candidatos a quienes se negó registro son una forma de evitar la impunidad en la fiscalización de recursos.

“Se le está diciendo al partido mayoritario que tiene Presidencia de la República y mayoría en el Congreso: ‘aún y cuando tú tengas una legitimidad electoral muy fuerte para aprobar en el número de reformas incluyendo la que estás cocinando, mi deber como autoridad es sancionar las conductas ilegales y en este caso, haya sido una dos, o cincuenta candidaturas, el número de personas que hayan violado esta norma, deben de ser sancionadas conforme establece la ley’”, dijo.

Racionalidad de recursos públicos

La iniciativa que Monreal prometió presentar pronto pretende establecer, entre otras cosas, una racionalidad en el uso de recursos públicos, ya que según argumentó, en este proceso electoral se van a erogar más de 40,000 millones de pesos.

Ante esto, Abreu coincidió en que la democracia mexicana es muy costosa; sin embargo, sostiene que es incorrecto asumir que porque el sistema electoral es “costoso”, la alternativa es recortar presupuesto al INE y al Tribunal y esperar que sigan haciendo el mismo trabajo con menos dinero.

“La responsabilidad que se le ha ido acumulando al INE, no por decisión del INE, sino por decisión de las y los legisladores y los partidos políticos, ha implicado mayor actividad y mayor gasto”, puntualizó.

Redes sociales y urnas electrónicas

Durante la presentación de su más reciente libro Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral, en Culiacán, Sinaloa, Monreal reiteró que otro de los temas a revisar es el impacto de las redes sociales, con bots y campañas sucias, en el desarrollo de la contienda electoral.

Sin embargo, López Montiel explicó que las redes sociales son un espacio en donde la regulación es muy complicada, ya que pasa por la posibilidad de suspender el funcionamiento de una red.

Al respecto, ejemplificó la regulación de espacios digitales en otros países, en donde la única forma de tener un control es eliminando cuentas de actores políticos, como en el caso de Donald Trump, o prohibiendo el uso de la red, como ocurre en algunos países de Asia y África.

“No se pueden regular los contenidos específicos. Suspenderlo iría, como ya pasó con otras dimensiones de comunicación, contra la libertad de expresión de las personas”, reiteró.

A este tema, además, hay que agregar la participación de los administradores de las propias redes sociales, como Facebook y Twitter, los que deberían involucrarse en la discusión pública, sostiene Tapia Palacios.

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Respecto al planteamiento de Monreal de abrir paso a la urna electrónica y a mecanismos modernos para poder ejercer el derecho del voto y que éste sea respetado, aun cuando Morena impugnó en febrero la decisión del INE de implementar un programa piloto de 100 urnas electrónicas para las elecciones intermedias, Tapia Palacios explicó que es fundamental analizar los casos en América Latina en donde se han utilizado urnas electrónicas y aprender lo que debe y no debe hacerse.

Sin embargo, la especialista negó que este factor pueda ocupar un lugar importante en la reforma electoral, consecuencia de la desconfianza que genera el voto electrónico en la población. Aunque, según explicó, el voto extraterritorial estaría abriendo una ventana para nuevos métodos de votación.

“Gradualmente creo que nos moveremos, si no totalmente a una votación electrónica, sí algunas partes que integran todo el proceso de la jornada electoral”, aseguró.

Funcionarios en campaña

Por otro lado, el legislador morenista dijo que uno de los temas delicados es el de los funcionarios públicos que abusan de su función y acuden a actos proselitistas a ofrecer, a cambio del voto, beneficios, a pesar de que el fraude electoral es un delito grave.

En este sentido, expresó que en ciertos casos no basta que el Tribunal Electoral declare que se ha cometido alguna irregularidad, sino que se tiene que sancionar penalmente al responsable.

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Para lograr un mayor control respecto a los funcionarios en campaña existen dos vías, según Abreu. La primera es que “aumentemos las conductas sancionables y aumentemos el monto de las sanciones o los años de prisión para quien infringe la norma”, que ya se ha hecho y nos ha llevado a elevar sanciones sin obtener resultados reales por la ineficiencia de nuestro sistema.

La otra vía, de acuerdo con el especialista “es empezar a generar una cultura de respeto a los derechos humanos, de respeto a la legalidad, de mayor civismo y un debate más aterrizado y civilizado de nuestros actores políticos porque si quien infringe la norma es quien la modifica, no cambia la dinámica”. 

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