El conflicto en el CIDE escala; la directora del Conacyt ignora diálogo y convocan a marcha

El conflicto en el CIDE escala de nueva cuenta luego de que la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, ignoró el llamado al diálogo para este jueves 2 de diciembre que le hicieron representantes de la Asamblea Académica Permanente, del Sindicato del personal Académico del CIDE y de la comunidad estudiantil, con el fin de hallar una solución a las demandas de la comunidad estudiantil.

“Ante esta nula disposición, la Asamblea Académica Permanente solicita atentamente a las autoridades de la Secretaría de Gobernación establecer un espacio de interlocución y diálogo para escucharlas demandas de la Asamblea Académica Permanente, del Movimiento Estudiantil y de los Sindicatos y ofrecer una ruta de solución para restablecer la legalidad en los procesos de toma de decisión en el CIDE, incluido el proceso de designación del director general, y restablecer las condiciones para retomar la vida académica en la institución, libre de intimidaciones y amenazas”, leyó la mañana de este jueves Jean Meyer, profesor emérito de la división de historia del CIDE a nombre de la Asamblea Académica Permanente.

La comunidad del CIDE convocó entonces a una marcha a todas las instituciones académicas, las comunidades estudiantiles y la sociedad en general para el próximo sábado 4 de diciembre, a las 10:00 horas, del Parque Hundido a las oficinas de Conacyt, en Insurgentes Sur, “para exigir que la autoridad responsable de conducir la política científica se apegue a la legalidad y respete el estado de derecho en su conducción como autoridad”.

El conflicto en este centro público de investigación del Conacyt, uno de los 26 que hay en el país ha escalado ante el rechazo al nombramiento del doctor José Antonio Romero Tellaeche como director general permanente durante los próximos cinco años.

Romero Tellaeche fue designado como director general interino desde agosto pasado sin ser parte de la comunidad académica de este centro, aunque es egresado de la Maestría en economía. Su llegada al CIDE se dio después de una inesperada renuncia de Sergio López Ayllón, quien permanece como profesor investigador de la División de Asuntos Jurídicos del CIDE. Pero en tres meses de esa eventual gestión removió del cargo al director del CIDE Región Centro, en Aguascalientes, Alejandro Madrazo Lajous, y a la profesora Catherine Andrews, de la secretaría académica. En el primer caso, argumentó “pérdida de confianza”, mientras que con Andrews, comentó entre su equipo que las decisiones de la académica en contra de sus peticiones eran “un acto de rebeldía”.

Esas decisiones, en calidad de director general interino han sido consideradas como actos de autoritarismo por parte de la comunidad estudiantil y se dieron a unas semanas del proceso de selección del director general permanente.

Las y los estudiantes activos del CIDE hicieron un llamado al diálogo con Romero Tellaeche, quien los invitó a su propia reunión por zoom, en vez de aceptar la que ellas y ellos le habían enviado. En su charla les dijo que en el CIDE ha dominado el pensamiento neoliberal y que se había convertido en una agencia de consultoría, generando ingresos por hasta 2 millones de pesos anuales para un profesor. El director no dio a conocer nombres.

A los pocos días, la sociedad de exalumnas y exalumnos, CIDE Alumni, invitó a Romero Tellaeche y al doctor Vidal Llerenas, para que dieran a conocer su plan de trabajo en caso de que fueran nombrados como director general. Sólo aceptó Vidal Llerenas, mientras que Romero dejó plantada a la Sociedad de Exalumnos, que representa a más de 3 mil egresadas y egresados.

Este 29 de noviembre se hizo oficial el nombramiento de Romero Tellaeche por parte de la directora general de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, y ese mismo día dio inicio una protesta de estudiantes en el CIDE Santa Fe, cuyas instalaciones han sido tomadas. Las y los estudiantes han acampado en la entrada principal de uno de  los centros públicos de investigación más importantes del país, al que el presidente, Andrés Manuel López Obrador ha descalificado desde sus conferencias matutinas.

Desde la concentración de recursos de los fideicomisos de investigación pública que se concretó con una reforma aprobada por el Congreso en 2021 hasta una investigación penal en contra de 31 científicos a quienes la Fiscalía General de la República ha pedido que sean presos en un penal de alta seguridad, los actos en contra de integrantes de la comunidad científica han sido considerados como actos de intimidación cuando no son favorables al actual gobierno.