Corrupción en México: hay 58 mil investigaciones y solo 183 casos sancionados
En su lucha contra la corrupción en México, las fiscalías estatales solo han dictado sentencias condenatorias en el 1% de sus casos.
Luego del feminicidio de su hija, Lidia Florencio experimentó en más de una ocasión la corrupción en México. La primera vez fue cuando acudió al Ministerio Público (MP) para denunciar la desaparición de su hija, las autoridades se negaron a abrir una carpeta de investigación. Tenían que pasar 72 horas para que la policía de Chimalhuacán, Estado de México, comenzara a buscar a Diana Velázquez Florencio, de entonces 24 años.
Ante el rechazo de las autoridades, y luego de la desaparición de su hija el 2 de julio del 2017, Lidia recorrió los lugares donde podría estar y le llamó a su teléfono incontables veces. Por fin una mujer le respondió y le dijo que ese celular lo compró en un tianguis de San Vicente Chicoloapan.
Lidia volvió al MP con esa información y solo así aceptaron tomarle una declaración. Días después encontró el cuerpo de Diana en el Servicio Médico Forense. La joven fue víctima de feminicidio, pero las autoridades abrieron una carpeta de investigación por homicidio doloso sin informar a los familiares de la víctima.
A partir de ese momento, Lidia luchó contra la burocracia del Estado de México. Primero logró la reclasificación del delito de feminicidio cuatro meses después de haber ocurrido. Luego tuvo a dos abogados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México que no le dieron acceso a la carpeta de investigación y la abandonaron en la mitad del proceso.
No levantar una denuncia por privación de la libertad y abandonar a tu cliente siendo abogado de oficio es considerado un delito de corrupción en el Estado de México. Esta clase de casos, como los que sufrió Lidia, son investigados bajo la tipificación de “ejercicio indebido y abandono de las funciones públicas” y la fiscalía anticorrupción estatal tiene 38 indagatorias abiertas por este delito desde el 2017.
La Fiscalía Anticorrupción del Estado de México investiga las irregularidades de servidores públicos. De acuerdo con documentos a los que La-Lista tuvo acceso por medio de solicitudes de acceso a la información, desde el 2017 la fiscalía abrió 20 mil 295 carpetas de investigación por distintos tipos de crímenes, pero solo ha conseguido 74 sentencias condenatorias contra los presuntos responsables.
Fiscalías anticorrupción: muchas investigaciones y pocas sanciones
Desempeño de las fiscalías anticorrupción en los estados.
Fuente: Solicitudes de acceso a la información.Nota: Baja California Sur, Hidalgo, Nayarit y Campeche no entregaron respuesta a sus solicitudes.
Las fiscalías especializadas en el combate a la corrupción comenzaron a crearse en las entidades federativas a partir del 2017 y son parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Los datos obtenidos con solicitudes de información (se pueden consultar aquí) muestran que en 28 estados estas instituciones abrieron 58 mil 822 carpetas de investigación en los últimos cinco años.
En contraste, solo 16 fiscalías estatales dijeron haber obtenido 183 sentencias condenatorias contra funcionarios públicos de 2017 a la fecha. Esto quiere decir que menos del 1% de las indagatorias han culminado con una sanción de un juez.
Aunque para este trabajo se hizo la misma solicitud de información a todas las fiscalías estatales, no todas respondieron. Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz no especificaron si han obtenido sentencias, mientras que Baja California Sur, Hidalgo y Nayarit no dieron respuesta a las peticiones.
Por su parte, Chihuahua no solo no dio la información solicitada, sino que su combate a la corrupción permanece en la opacidad al reservar por cinco años el número de sentencias condenatorias que ha conseguido.
La fiscalía anticorrupción que más investigaciones ha abierto desde su creación es la del Estado de México con 20 mil 295. Después Baja California con 8 mil 619; Oaxaca con 4 mil 827; Jalisco con 3 mil 841, y Puebla con 3 mil 544.
En términos de sanciones, las fiscalías anticorrupción que han logrado una mayor cantidad de sentencias condenatorias son las del Estado de México con 74; Baja California con 30; Puebla con 16; Quintana Roo con 12; y Tamaulipas con ocho.
“Estas cifras nos hablan de las deficiencias de las fiscalías por varios motivos: falta de autonomía, falta de criterio para poder sancionar los delitos, falta de una ley de víctimas de corrupción y falta de voluntad política”, señala Vania Pérez, integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA.
La experta destaca que México ha avanzado en reconocer la corrupción como un problema, al grado de crear fiscalías especializadas para combatirla, no obstante, estas instituciones no se han consolidado por falta de interés de las autoridades.
“Toda vez que el SNA y los sistemas locales anticorrupción fueron creados para ser un contrapeso de los gobiernos locales y del gobierno federal en temas de rendición de cuentas, en algunos espacios han hecho que no existan para no ‘pisar callos’ y no darle seguimiento a actos de corrupción de gobiernos locales”, critica Pérez Morales.
‘Las fiscalías anticorrupción no son prioridad’
El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y Tojil, dos organizaciones expertas en temas de acceso a la justicia, publicaron el pasado 2 de diciembre un informe sobre las condiciones de las 32 fiscalías estatales anticorrupción. El diagnóstico indica que 20 de esas dependencias recibieron más de mil millones de pesos para operar entre 2019 y 2020, pero aún así tienen un bajo número de sentencias.
Otros hallazgos son que estas instituciones trabajan con poco personal, han sufrido recortes en sus recursos económicos y no cuentan con un programa de acción para atender los delitos.
“Los cuatro ejes fundamentales de una fiscalía anticorrupción: marco jurídico, recursos económicos y materiales, capital humano y procesos todavía son insuficientes en la gran mayoría de las fiscalías anticorrupción”, cuestiona Fernanda Avendaño, coordinadora del equipo Anticorrupción del Imco. “Estos cuatro ejes sin duda se van a relacionar con los resultados insuficientes de la gran mayoría de las fiscalías anticorrupción”.
Imco y Tojil, que analizaron el trabajo de las fiscalías durante el 2019 y 2020, indicaron que 24 fiscalías especializadas en el combate a la corrupción no tienen autonomía presupuestal, es decir, dependen de que las fiscalías generales de justicia les den dinero. Además, ocho fiscalías anticorrupción han sufrido recortes en sus presupuestos.
Guanajuato, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Hidalgo, Colima, Veracruz y Quintana Roo son las entidades que sufrieron una reducción presupuestal entre 2019 y 2020.
La falta de personal y capacitación es otro problema documentado por el Imco y Tojil. Según su informe, en promedio nacional, las fiscalías estatales anticorrupción tienen 12 ministerios públicos, siete policías de investigación y cuatro peritos. Asimismo, entre el 2019 y 2020 menos de la mitad de las fiscalías capacitaron a estos trabajadores.
“Las fiscalías anticorrupción son las que están en la primera línea de batalla en este tipo de delitos, pero los datos nos muestran que no han sido prioridad dentro de las entidades federativas”, critica Avendaño.
Corrupción, un mal de México
Desde que Andrés Manuel López Obrador arrancó su campaña para la presidencia se propuso combatir la corrupción y ha presumido que en su administración este fenómeno se ha reducido, aunque a nivel federal, como ocurre en los estados, tampoco se han resuelto casos emblemáticos.
La investigación sobre Odebrecht, una empresa brasileña que sobornó a exfuncionarios para ganar contratos en nuestro país, aún no tiene ninguna persona sentenciada. Lo mismo ocurre con la llamada Estafa Maestra, una operación en la que servidores públicos del sexenio anterior desviaron recursos a través de universidades estatales.
En el Índice de Estado de Derecho 2021 del World Justice Project (WJP), México se ubicó en la posición 135 de 139 países en el rubro de ausencia de corrupción. “El mayor reto de México es (en el apartado) Ausencia de Corrupción, en el que tiene su puntaje más bajo. Específicamente, hubo retrocesos en los indicadores que miden la ausencia de corrupción en el poder legislativo y en el judicial”, explicó el WJP en un comunicado.
Mientras que en el Índice de Percepción de la Corrupción 2020, elaborado por la organización Transparencia Internacional, México ocupó la posición 124 de 180 países. “Tema delicado en el caso mexicano es la falta de sanciones a los casos y redes de corrupción que ya son del conocimiento de la opinión pública tras ser revelados por periodistas de investigación”, señaló la asociación Transparencia Mexicana al difundir un comunicado de prensa a principios de este año.
El problema de la corrupción en México no solo abarca casos donde funcionarios roban miles de millones de pesos. También la gente de a pie padece este problema. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en los primeros seis meses del 2021 el 46.8% de la población mayor de 18 años que tuvo contacto con alguna autoridad dijo haber sido víctima de corrupción.
Lidia Florencio, madre de Diana, la joven víctima de feminicidio en Chimalhuacán, es un ejemplo. Ella expone que uno de sus dos abogados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México le sugirió parar la investigación del feminicidio y a cambio el gobierno estatal le podría dar 300 mil pesos por reparación del daño.
La propuesta fue rechazada por la mamá de Diana, quien se dio cuenta del poco interés de los servidores públicos para realizar su trabajo. “Tuvimos una muy mala experiencia con el ministerio público y con la comisión ejecutiva. Nosotras teníamos que estar investigando, buscando pistas sobre el asesino de Dianita, y afortunadamente logramos que (el pasado 22 de diciembre) ya hubiera una sentencia contra el responsable”.