Corrupción y desigualdad

México sigue enfrentando un sinnúmero de retos y desafíos formidables que sería difícil superar en el corto o mediano plazo. El abatimiento gradual de la corrupción, de la inequidad social y la impunidad, entre muchos otros, requiere de planes, estrategias y acciones impostergables que le permitan al país, cuando menos, vislumbrar soluciones a sus grandes problemas.

Lo cierto es que ahora estos males agobian al país y a su gente, que se siente en un desamparo total porque no hay forma de escapar de muchos de estos flagelos que los acompañan prácticamente a lo largo de su vida.

En las últimas horas se dieron a conocer una serie de resultados de encuestas o investigaciones, todas ellas serias, en las que se descubre que sobre México pesan todavía una maraña de males que apabullan no solo su desarrollo sino el bienestar de su sociedad, que todavía lucha afanosamente por salir de los trastornos ocasionados por la pandemia del Covid-19.

Por su puesto que la gran responsabilidad para alcanzar metas objetivas recae en el Estado mexicano, en sus tres órdenes de gobierno, y para ello se requiere de diálogo y entendimiento, pero sobre todo renunciar a discursos políticos que solo inciten al encono y a la confrontación social. Esto es lo que menos necesita nuestro México de hoy.

No puede pasar inadvertido el reporte que dio a conocer el Laboratorio Mundial de Desigualdad, en el que se revela que México es uno de los países que padece mayor inequidad social en el mundo. Para prueba de ello, destaca este informe, que el 10% de la población mexicana con mayor ingreso concentra el 78% del total de la riqueza. Además, señala que en promedio un adulto mexicano tiene ingresos al año por poco más de 232 mil pesos, aunque el 50% del estrato social inferior gana apenas 42 mil 700 pesos, lo que representa por sí mismo una tragedia para millones de mexicanos, si tomamos en cuenta que la población es de casi 130 millones de habitantes.

Por eso decimos que los desafíos son, por decir lo menos, monstruosos. De ahí la importancia de actuar cuanto antes.

Si hablamos de corrupción, en México las cosas son de extrema alarma si tomamos en cuenta que este flagelo causa un costo al país por casi 9% de su Producto Interno Bruto. El Inegi considera que el impacto económico de la corrupción fue más representativo entre la población que en las empresas. Según este instituto, el costo total por actos de corrupción entre la población fue de casi 6 mil 500 millones de pesos, mientras que el costo para las empresas arrojó un saldo de más de mil 600 millones de pesos. Este problema sigue teniendo un gran impacto negativo en el desarrollo nacional. Desde luego que este es un gran desafío que debe afrontar este gobierno, tomando en cuenta que una de sus banderas políticas, y que influyó en el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, fue justamente la lucha y el abatimiento de la corrupción. Al parecer ni una ni otra se ha dado.

Apenas vimos en días pasados la divulgación de información en la que se relatan casos que involucran a figuras ligadas a la presente administración. Las acusaciones apuntan desde al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, hasta el fiscal general de la República, Alejandro Gertz. A ambos se les señala de presunto enriquecimiento ilícito. También está el caso de Alejandro Esquer, secretario particular del presidente López Obrador, a quien se le pilla en un video realizando depósitos por alrededor de 44 millones de pesos a una misma cuenta en cuestión de horas. En algo tiene razón el presidente: “Lo que no mancha, tizna”. Esto en referencia a que sea verdad o no lo que se dice, deja huella una acusación de este calibre. El hecho es que estas noticias son casi una normalidad en el México contemporáneo.

En Estados Unidos apenas hace un par de días, el presidente Joe Biden lanzó un plan de gran envergadura para enfrentar el grave problema de corrupción que también existe en ese país. En otras palabras, es tomar al toro por los cuernos, no darle algunos pases para hacer una gran faena.

El plan dice algo que deberíamos tomar en cuenta aquí en México, que la corrupción amenaza su seguridad nacional, la equidad económica, los esfuerzos globales de lucha contra la pobreza y el desarrollo, y la democracia misma. Según él, al prevenir y contrarrestar eficazmente la corrupción y demostrar las ventajas de una gobernanza transparente y responsable, se puede asegurar una ventaja fundamental para su país y otras democracias.

Por si fuera poco, el Inegi dio a conocer la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, y obviamente los datos revelan otra cruda realidad, que más de 220 mil mexicanos se encuentran en alguna de las 203 cárceles locales, municipales o federales. Esto quiere decir que en México se siguen cometiendo muchos delitos, y que prácticamente la gran mayoría de estos no son castigados, lo que te lleva a otro gran cáncer que padece México: la impunidad. Se calcula que solo el 1% de los casos investigados es resuelto satisfactoriamente.

La posibilidad de que México alcance otros niveles de desarrollo solo existirá si de manera eficaz se empiezan a encarar con acciones realistas y no demagógicas estos fenómenos. Responsabilizar a gobiernos pasados, a herencias malditas o a ideologías nuevas o trasnochadas ya no es una justificación para no cumplir con la responsabilidad de garantizar el bienestar de una población que cada vez enfrenta más la inequidad y la injusticia social.

Hay que retomar esos mandatos que obligan a un gobierno a impulsar a la sociedad entera en su conjunto, sin fobias ni calificativos, con un pragmatismo que lleve acciones eficaces en beneficio de todos.

Sería importante considerar lo dicho por el mandatario estadounidense al presentar su estrategia anticorrupción, porque de alguna manera tiene un contenido universal: que la corrupción es un cáncer dentro del cuerpo de las sociedades, una enfermedad que devora la confianza del público y la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus ciudadanos, y que sus efectos nocivos afectan casi todos los aspectos de la sociedad.

Que también agrava la polarización y la desigualdad social, política y económica; obstaculiza la capacidad de los estados para responder a las crisis de salud pública o para brindar una educación de calidad; degrada el entorno empresarial y las oportunidades económicas; impulsa el conflicto, y socava la fe en el gobierno.

Y hace énfasis en que aquellos que abusan de las posiciones de poder para obtener beneficios privados no solo roban la riqueza material, sino también la dignidad y el bienestar de la sociedad. Entonces, no hay de otra, a trabajar para algún día cuando menos ver la luz al final del túnel.