La corrupción destroza el discurso presidencial
Libertad bajo palabra

Periodista y Abogado con más de 33 años de trayectoria profesional. Reportero, comentarista y consultor experto en temas jurídicos. Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 2011. Especialista en el Poder Judicial de la Federación y analista político. Twitter @jenroma27

La corrupción destroza el discurso presidencial
Foto: Alexa Herrera/La-Lista

En su tercera campaña presidencial, el presidente de la República voló por instrumentos. En medio de un hartazgo social que dominó el ánimo electoral en 2018, logró sin mayores esfuerzos el respaldo mayoritario de los electores que lo llevó al triunfo reventando el eje de flotación de sus opositores.

Un sector que no pertenece a sus votantes duros fue a las urnas con ciertas dudas, pero finalmente otorgó su respaldo a quién ofreció, sin detallar los cómos, erradicar el embute, la mordida, los contratos sin licitar, los moches, la entrega de bolsas de efectivo para respaldar “proyectos personales” o el uso de información privilegiada y cuanta artimaña exista para obtener dinero mal habido desde la función pública.     

El eje esencial de su discurso se basó en el combate a la corrupción que carcomió las plataformas de priistas y panistas, los votantes hartos de promesas incumplidas inclinaron la balanza a favor de quien ofreció terminar con los abusos sistemáticos. Bastó el voluntarismo de Andrés Manuel López Obrador para convencer que las cosas cambiarían con un liderazgo que nos pondría a la vanguardia en la transparencia de las cuentas públicas y el uso eficiente de los recursos del gobierno para aliviar las necesidades de los más vulnerables. 

La narrativa era infalible para los indecisos, que se sumaron al voto duro de Morena, con el resultado conocido. En la política que conocemos los mexicanos lamentablemente se calculan las promesas que de antemano se sabe no se cumplirán, éstas vienen a ser el medio para capitalizar los errores del rival. 

Tras la curva de aprendizaje, el reacomodo de fuerzas, otra legislatura en San Lázaro dominada por el partido del presidente y medio sexenio en el poder, los resultados en materia de corrupción ponen a México peor que antes y esto sí se puede medir y, en consecuencia, evaluar.  

El fracaso evidente para erradicar los usos y costumbres de la cleptocracia mexicana destroza el discurso autocomplaciente repetido hasta la saciedad desde el púlpito mañanero. Ninguna revisión seria o cotejo de cifras reales permite establecer que Andrés Manuel López Obrador ha cumplido sus principales promesas de campaña para acabar con la corrupción o combatir la pobreza. La calidad de vida de los mexicanos no ha mejorado, el nivel de preparación de los funcionarios que nos gobiernan en algunos casos es paupérrimo y tampoco los distingue la honestidad que tanto se promueve como eje de la llamada transformación de cuarta generación.

En términos reales somos un país más corrupto que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que ya de por sí es grave. La semana pasada el ranking de la organización World Justice Project (WJP) que mide diversos indicadores, ubicó a nuestro país en el sitio 135 de los 139 que se evalúan. México solo resultó menos corrupto que Uganda, Camerún, Camboya y el Congo ubicados en una rezagada África dominada por espantosas dictaduras militares que dejaron secuelas irreversibles. 

En el reconocido ranking en el que se analizan diferentes factores como el grado de sobornos, tráfico de influencias o la apropiación indebida de fondos públicos, las naciones mejor evaluadas fueron Dinamarca, Noruega, Singapur, Suiza y Finlandia. 

No te pierdas: World Justice Project

En 2019, a meses de haber comenzado el gobierno de López Obrador, nos encontrábamos en el lugar 117, atribuible a la herencia del sexenio anterior, marcado por los escándalos de gobernadores priistas y casos indignantes como el de Emilio Lozoya Austin, ahora consentido a cambio de sus testimonios pactados sobre los que difícilmente aportará pruebas de calidad. 

Cómo olvidar los trinquetes de Carlos Romero Deschamps, beneficiado con un evidente trato para disfrutar de una insultante jubilación dorada para desaparecer de la vida pública y seguir disfrutando de las centenas de millones de pesos que manejó discrecionalmente desde el sindicato que exprimió a Pemex. O la novela de Elba Esther Gordillo, presa del sexenio anterior, purificada sin perder la fortuna que amasó desde el sindicato de maestros para operar a favor del régimen. 

En el PAN también hay casos graves de corrupción con los emblemas de Genaro García LunaLuis Armando Reynoso o Guillermo Padrés, entre otros. 

Tomando como base estos casos ajenos a Morena, los autodenominados apóstoles de la transformación no son distintos, tanto que en América Latina y el Caribe, México fue el peor de 32 países analizados por el estudio de World Justice Project, organización independiente, multidisciplinaria, sin fines de lucro que trabaja para combatir la corrupción y la desigualdad con oficinas en nuestros país, Singapur, Washington y Seattle. 

En el índice de Estado de Derecho 2020-2021, WJP muestra también un estancamiento en el progreso de México hacia una legalidad robusta, nos encontramos en el lugar 113 de 139 en esta materia. Los detalles de los temas analizados en el estudio que cuenta con una de las metodologías más serias y completas, pueden ser consultados en el sitio worldjusticeprojet.org para ilustrar con mayor profundidad lo que intento sustentar en estas líneas. 

En la autodenominada cuarta transformación no existe ninguna superioridad moral cotejable con hechos comprobables, más allá de la saliva ideológica. En lo que se puede medir, la realidad destroza el discurso presidencial sobre la corrupción que será replicado ante el Consejo de Seguridad de la ONU el próximo 9 de noviembre, como se anticipó hace unos días. Las palabras de López Obrador sobre la audaz afirmación de que la corrupción se acabó con su llegada al gobierno, carecen de sustento a la luz de los siguientes hechos:

  • Miles de contratos sin licitación para adjudicar directamente bienes y servicios, operaciones que se dijo estarían prohibidas en este sexenio y se pueden consultar a través de la plataforma Compranet, donde se confirma que el 80% de las adquisiciones que realiza el gobierno federal se hacen con opacidad y se otorgan sin controles de licitación, un verdadero catálogo de irregularidades.    
  • Ausencia de transparencia en el manejo de recursos públicos y entrega de programas asistenciales sin reglas de operación.
  • Funcionarios de alto nivel que desde sus posiciones litigan a su favor para enriquecerse aprovechando el tráfico de influencias.
  • El video escándalo de Pío López Obrador, recibiendo de David León, fajos de dinero en efectivo.
  • La triangulación de recursos públicos en la Conade que dirige Ana Guevara, generando sobreprecios en servicios para deportistas y desviando fondos, según lo documentó la Secretaría de la Función Pública.
  • La fortuna inmobiliaria de Manuel Bartlett que evidencia un enriquecimiento inexplicable para el actual director de la CFE tolerado y protegido por la presente administración.
  • Los negocios por debajo del agua de Carlos Lomelí, exdelegado del gobierno federal en Jalisco a través de una red de empresas farmacéuticas que venden al sector público, utilizando su cargo para beneficiarse personalmente. 
  • Las adquisiciones del IMSS a empresas sancionadas por diversas irregularidades. 
  • La presencia cercana de personajes impresentables como Napoleón Gómez Urrutia, Irma Eréndira Sandoval, René Bejarano “el señor de las ligas” y su esposa Dolores Padierna, que no se resignan a quedarse sin reflectores, ni posiciones donde puedan acceder al poder y sus beneficios.
  • El expediente de Felipa Obrador Olán, prima hermana del presidente, beneficiada por Pemex a través de diversos contratos por más de 365 millones de pesos para su empresa.

La corta memoria con carga ideológica y el voluntarismo declarativo no son suficientes para borrar una historia de corrupción que sigue arraigada en nuestro putrefacto sistema político. Un lastre que no será erradicado por decretos populistas que nos dejan mal parados ante las naciones del mundo. 

EDICTOS

¿Sabe usted cuales son las ciudades más inseguras en México? La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) las ha mapeado con base en la percepción de los ciudadanos. 

Por mucho, el horror que se vive en Fresnillo, Zacatecas, la ubica como la número 1. No hay día en que no se registren ajustes de cuentas entre criminales que dominan esa región gobernada por Morena. 

Le sigue Ciudad Obregón, Sonora, también con alcalde del partido en el poder.

En tercer sitio se ubica Irapuato, Guanajuato, en la que el gobierno municipal de la panista Lorena Alfaro tiene perdida la plaza ante la delincuencia.

Cuarto lugar, Coatzacoalcos, Veracruz, con un alcalde de Morena que no tiene las capacidades, ni los recursos para salir de la atmósfera de violencia e inseguridad que azota a esa región.

Y en quinto sitio se encuentra el municipio de Naucalpan, Estado de México, conurbado a la capital donde ya las autoridades encabezadas por Patricia Durán Reveles, de Morena, ni siquiera mete las manos ante la ola de asaltos y narcomenudeo incontrolable.