El colapso de la Línea 12, ¿dónde están los responsables a un año del siniestro?

A un año del colapso del tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco de la Línea 12 del Metro, que ocasionó la muerte de 26 personas y otras 106 víctimas con heridas, ningún funcionario, exfuncionario o empresa ha sido acusado formalmente.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se ha concentrado en el único proceso abierto, por homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad, contra ocho exfuncionarios que colaboraron en Proyecto Metro, entre ellos su exdirector, Enrique Horcasitas, durante la administración de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno, así como dos representantes legales de personas morales.

Hasta el momento, ninguno ha sido imputado, pues las cuatro audiencias para acusarlos formalmente, se difirieron a petición de las partes tras señalar falta de transparencia de la Fiscalía, al no entregar la carpeta de investigación completa a los abogados de las víctimas y los acusados.

La última audiencia diferida fue la programada para este 2 de mayo, pues uno de los acusados no se presentó por problemas médicos y la defensa de otro más pidió más tiempo para revisar la carpeta de investigación, ya que tomó el caso recientemente.

¿Quiénes son los responsables del siniestro en la Línea 12?

Además de los exfuncionarios, la FGJCDMX no ha anunciado acciones penales contra otros actores, pero sí ha llamado insistentemente a las víctimas a que firmen un acuerdo reparatorio con Grupo Carso, empresa del multillonario Carlos Slim para simplificar el proceso y no llegar a juicio.

Cicsa, de Grupo Carso, fue la encargada de construir el tramo que se colapsó en la Línea 12 del Metro. A partir de un acuerdo reparatorio que firmó con el Gobierno de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo, en octubre pasado, la misma constructora se encuentra rehabilitando y reconstruyendo la obra y ha pagado las indemnizaciones al 90% de las víctimas, según la Fiscalía.

Carso estimó que el costo de la rehabilitación de los 7 kilómetros del tramo elevado de la Línea 12 es de 800 millones de pesos aproximadamente, de acuerdo con el director financiero de la compañía, Arturo Spinola, lo que representa el 1% de sus ventas, pero dejó claro en un comunicado que no es el responsable del desplome.

“CICSA no causó ni es responsable del lamentable evento del pasado 3 de mayo en la Línea 12 del metro. La Línea 12 es operada y supervisada de manera independiente por el STC-Metro desde que el consorcio entre CICSA-ICA-Alstom la entregó a satisfacción del GCDMX en el año 2013”, aseguró  la empresa en marzo de 2022.

Del consorcio de empresas que participaron en la obra ─ICA, Alstom y Cicsa ─ sólo Carso, de la cual depende Cicsa, se ha comprometido a pagar el daño material al firmar el acuerdo reparatorio que liberó a la empresa de un proceso penal en su contra por daño a la propiedad culposo.

Sin embargo, Cicsa todavía puede ser llevada a juicio por lesiones y homicidio culposo, pues existen 12 víctimas, representadas por el abogado Teófilo Benítez, que se han rehusado a firmar el acuerdo reparatorio con la empresa porque la FGJCDMX no les ha realizado peritajes y dictámenes necesarios para determinar el daño.

“Necesitamos de cinco cosas: un dictamen en medicina forense o legal a efecto de determinar tus lesiones, un peritaje en psicología, un peritaje en trabajo social, un peritaje en antropología y, principalmente para que un juzgador tenga el conocimiento de la reparación del daño, un peritaje en matemática actuarial (por parte de la Fiscalía)”, explicó Teófilo Benítez en conferencia de prensa el pasado 29 de abril.

El abogado Cristopher Estupiñán, quien representa a otras 11 víctimas, anunció en abril que ellos sí firmaron un acuerdo reparatorio con Grupo Carso, y con base en peritajes realizados por una psicóloga contratada por el despacho. Sin embargo, no reveló las condiciones ni el monto que pagó la empresa por una cláusula de confidencialidad.

El resto de las víctimas, que son más de 50, representadas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi) de la Ciudad de México, firmó un acuerdo diferente con la empresa.

La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que el 90% de los afectados aceptó el acuerdo reparatorio que ofreció la constructora, que de acuerdo a una fuente cercana al caso, fue de 400 mil pesos a 6 millones de pesos a cambio de no denunciar a la empresa.

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Las hipótesis de las causas del desplome

Aunque algunos peritajes, como el de la empresa DNV, contratada por la Secretaría de Gestión y Riesgos de Protección Civil para realizar los peritajes, apuntan a la falta de pernos en la estructura, fallo que se dio desde el inicio de su construcción, a cargo de Grupo Carso. 

A partir de este peritaje, que obra en la carpeta de investigación, expertos contratados por abogados de las víctimas, realizaron análisis que señalan que también la falta de mantenimiento y revisión, de 2012 a 2021, contribuyó al desplome.

De acuerdo con Tomás Andrade, ingeniero y arquitecto del Instituto Politécnico Nacional con 30 años de experiencia en obra pública, contratado por el despacho de Teófilo Benítez, el deterioro de la trabe, que comenzaba a pandearse, ya era evidente desde 2019, pues existen imágenes tomadas por un dron que lo confirman, las cuales son parte del peritaje de DNV que obra en la carpeta de investigación.

El ingeniero presentó su análisis el 28 de abril ante medios y explicó que en los apoyos de la columna (columna 13) de la trabe, se utilizaron cabezales móviles y no fijos, como lo indicaba el plano inicial, además, se encontró en el peritaje de DNV que se requerían 750 pernos, de los cuales sólo se pusieron 280 y, de esos, al menos el 85% fueron mal colocados.

“La estructura de la trabe ya tenía deflecciones importantes, ya había rebasado sus límites y cuando el tren pasa, todos estos elementos llevaron el esfuerzo a estos apoyos móviles, que no estaban diseñados para eso”, explicó el ingenieroAndrade.

Por su parte, el equipo legal de Cristopher Estupiñán también contrató al ingeniero y experto en ingeniería estructural, Guadalupe Roque, quien presentó su análisis dos días antes. Ambos expertos coincidieron en que las fallas estuvieron en tres puntos: el diseño de la obra, la ejecución de la obra y la falta de mantenimiento basado en los manuales.

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Los otros probables responsables… además de Carso

La conclusión de los análisis del peritaje de DNV, llevó a Estupiñán y a Benítez a cambiar su estrategia y mirar hacia otros posibles responsables, entre los que se podrían encontrar funcionarios del pasado y actual gobierno de la capital.

En el caso de las 11 víctimas que representa Estupiñán y que ya firmaron el acuerdo reparatorio con Cicsa, de Grupo Carso, su objetivo para obtener justicia cambió hacia las otras empresas que componen el consorcio constructor: Alstom, empresa estadounidense, e ICA, empresa que actualmente está a cargo de las obras del Tren Maya.

De acuerdo con Cristopher Estupiñán, a pesar de que no fue la que estaba encargada de construir ese tramo, la empresa que figura como la encargada legal de las del consorcio es ICA, por lo que la fiscalía debió llamarla a comparecer por el desplome de la línea 12. 

“ICA es el presidente del consorcio (constructor) de la Línea 12. Debería estar dando la cara desde el principio y no haber aventado a otra empresa (Cicsa) (…) ICA está siendo protegida abiertamente por el gobierno”, aseguró el abogado en conferencia de prensa.

Desde junio de 2021, Estupiñán lleva un proceso civil en Estados Unidos contra las empresas ICA y Alstom, a las que se suman las acciones de responsabilidad patrimonial en la Contraloría de la CDMX contra la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Obras y Servicios y el Sistema de Transporte Colectivo que interpondrán esta semana.

En estas acciones contra dependencias se pedirán 110 millones de pesos por persona como indemnización por los daños causados por las omisiones de las autoridades cometidas desde el inicio de las obras de la Línea 12, hasta el mantenimiento que se le dio posteriormente.

En el caso de las otras 12 víctimas, representadas por Teófilo Benítez, la estrategia es solicitar la reclasificación de los delitos, de culposo a doloso, a partir de los indicios de que el colapso de la línea 12 se pudo evitar, ya que existen manuales de mantenimiento que obligan a funcionarios a revisar periódicamente las estructuras, los cuales no fueron aplicados.

De ser así, quienes hayan estado a cargo del Metro, entre 2012, año en que se inauguró la Línea Dorada, y 2021, año del colapso, se sumarían a los ocho exfuncionarios de Proyecto Metro y dos representantes legales que actualmente son señalados por la FGJCDMX.

Benítez también anunció que emprenderán una acción colectiva para solicitar la demolición de todo el tramo elevado de la Línea 12, que actualmente es rehabilitada y reforzada por el gobierno de la capital, en colaboración con Cicsa, esto con la intención de asegurar la no repetición de los hechos.

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Las víctimas de la tragedia de la Línea 12 que no han sido consideradas

Sergio Santiago Pino es uno de los lesionados por el colapso de la trabe elevada de la línea 12. A pesar de transportarse en bicicleta, usaba la Línea 12 para no correr riesgo sobre la avenida Tláhuac. La noche del 3 de mayo de 2021, regresaba a su casa del trabajo. Iba en el último vagón con su bicicleta cuando cayó el tren.

“Me subí en Tezonco, precisamente para que en la parte de abajo no me fueran a atropellar. Yo me sentía más seguro, entre comillas, porque decía: ‘Me subo en Tezonco y me bajo en Tláhuac y de ahí llego a mi domicilio’ y fue todo lo contrario”, contó Sergio a La-Lista.

Su hombro se dislocó, tuvo fractura de tibia, uno de sus muslos se partió a la mitad y está a la espera de una resonancia magnética en la cadera para determinar si es operado de los discos de la columna o podrá llevar su recuperación con rehabilitación.

A pesar de esto, no fue considerado víctima en la única carpeta de investigación que la FGJCDMX abrió contra los exfuncionarios, pues no contaba con asesoría jurídica cuando se integró la causa penal y, hasta el momento, continúa a la espera de que su caso sea incorporado al proceso. 

Como él, se tiene conocimiento de al menos otras cuatro personas que esperan a que la Fiscalía los reconozca como víctimas del colapso, quienes actualmente son representadas por Teófilo Benítez.