Guacamayaleaks | Con EPN, el Ejército pidió hasta 800 mil pesos diarios a los estados para brindar labores de seguridad

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pidió pagos de millones de pesos a gobiernos estatales a cambio de desplegar a sus militares y combatir la inseguridad. Algunos convenios de colaboración entre el Ejército y las autoridades locales durante 2018, el último año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, muestran que las entidades debían pagar hasta 800 mil pesos diarios para contar con las Fuerzas Armadas en las calles.

Estos convenios de colaboración se encuentran en los correos electrónicos que el grupo de hackers autodenominado Guacamaya extrajo de un servidor de la Sedena. En los documentos se observa que el Ejército pidió a los gobiernos estatales dar estímulos económicos a los militares, proporcionar las armas que utilizarían, pagar indemnizaciones por los elementos que resultaran heridos o fallecieran, contratar pólizas de seguro para sus bienes y dar mantenimiento a las instalaciones donde estarían laborando.

La-Lista detectó cuatro convenios de colaboración que la Sedena diseñó para acordar el despliegue de sus tropas en Nuevo León, Veracruz, Durango y Coahuila. Los documentos, que no cuentan con la firma de las partes implicadas, fueron enviados desde un correo electrónico de la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la institución a personal interno del Ejército, la Marina y las áreas jurídicas de los estados involucrados.

Uno de los convenios de colaboración es el de la Sedena con el gobierno de Nuevo León, que estaría vigente del 8 de enero al 30 de noviembre de 2018, el último día del gobierno de Peña Nieto. En el documento se expone que las autoridades locales debían pagar una “cuota de recuperación diaria por elemento” de 826.41 pesos. De inicio ambas partes acordaron el despliegue de mil militares, por lo que el gobierno de Nuevo León debía pagar 826 mil 410 pesos diarios para tener el apoyo de las Fuerzas Armadas.

El gobierno de Nuevo León tenía que entregar además un “estímulo económico extraordinario” mensual a cada militar que participaba en labores de seguridad. Conforme mayor era el rango de los elementos castrenses, mayor era la cantidad de dinero que recibían. En total, en 2018 las autoridades de ese estado tenían que pagar 3 millones 492 mil 500 pesos por este concepto al mes.

Si se suman los pagos diarios y los estímulos económicos extraordinarios como el convenio establece, solo en 2018 las autoridades de Nuevo León tuvieron que haber pagado 308 millones 653 mil 570 pesos por recibir el apoyo del Ejército en el combate a la delincuencia. Esta cantidad se acerca a los 387 millones de pesos de financiamiento conjunto en el mismo año para fortalecer a las policías locales y al sistema de justicia mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

En todos los convenios de colaboración, la Sedena también se estipuló que si sus elementos llegaban a fallecer en medio de sus actividades el gobierno local debería entregar un millón de pesos a la familia de la víctima. Si el militar resultaba herido, las autoridades estatales habrían tenido que pagar entre 250 mil y 750 mil pesos al personal, dependiendo el nivel de gravedad de la lesión.

Los depósitos se tenían que hacer con un esquema de “pago electrónico de derechos, productos y aprovechamientos e5cinco”, un sistema utilizado por las dependencias del gobierno federal para cobrar por distintos servicios que ofrecen. En los convenios, la Sedena especifica las claves que se deben ingresar para realizar los pagos.

Al igual que con Nuevo León, en 2018 el Ejército elaboró convenios de colaboración para enviar a sus tropas a Veracruz entre el 8 de enero y el 30 de noviembre. En la página ocho del documento se estipula que las autoridades veracruzanas pagarían diariamente 826.41 pesos por cada militar desplegado. En total se acordó el envío de 400 militares, por lo que tener a las Fuerzas Armadas en este estado equivalía a gastar 330 mil 564 pesos cada día.

El gobierno veracruzano también tenía que pagar un estímulo económico extraordinario mensual de un millón 367 mil pesos por todos los militares que prestaban sus servicios en el estado.

Si se suman los pagos diarios y los estímulos económicos extraordinarios como el convenio establece, en 2018 el gobierno de Veracruz debió haber pagado 123 millones 131 mil 428 pesos por recibir la ayuda del Ejército en materia de seguridad, casi una tercera parte de los 388 millones de pesos que el gobierno federal entregó a las autoridades de ese estado para fortalecer a las policías locales y el sistema de justicia mediante el FASP.

Todas las autoridades locales que suscribían ese convenio tenían que proporcionar las instalaciones donde los militares iban a permanecer, ya sea en campos militares, edificios de la Secretaría de Seguridad del estado u otro tipo de inmuebles. La Sedena exigió que esos espacios recibieran mantenimiento, contar con baños, áreas de esparcimiento con televisión, depósitos de vestuario y armamento, colocación de literas y lockers, sistema de aire acondicionado y una lavandería.

En los convenios de colaboración se especifica que el costo a pagar a la Sedena podría incrementar o disminuir dependiendo si las autoridades estatales solicitaban más elementos militares para las labores de seguridad o si en el transcurso del año decidían reducir la presencia de los uniformados.

El Ejército en labores de seguridad permanece, pero no se sabe si hay un costo

Los últimos tres presidentes de México (Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador) han ocupado al Ejército como una institución clave en las labores de seguridad del país y no ha habido un plan integral para fortalecer los mecanismos de control de confianza de las policías locales y mejorar sus condiciones.

Un total de 167 mil 38 militares y elementos de la Guardia Nacional estaban desplegados en territorio nacional hasta septiembre pasado, según un informe de seguridad del gobierno federal. Sin embargo, no se ha dado a conocer si este despliegue tiene algún costo para los gobiernos estatales en la actual administración.

El presidente López Obrador informó este año que en 19 estados de la República hay más elementos de las Fuerzas Armadas que policías estatales y municipales.

El único convenio vigente entre Fuerzas Armadas y los estados del que se halló evidencia es el del Mando Especial de La Laguna, Coahuila y Durango, el cual inició en 2016 ante los altos índices de violencia en esa región. A partir de su puesta en marcha, los índices delictivos comenzaron a bajar.

Desde hace seis años, el convenio de colaboración para integrar a la Fuerza Metropolitana de La Laguna establece la creación de una policía compartida por los estados de Durango y Coahuila para dar seguridad a los municipios de Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo, así como asumir los costos del despliegue entre gobiernos estatales.

En el acuerdo de cooperación de este año se establece que el Ejército enviará 65 militares para que formen parte del Mando Especial de La Laguna de la Fuerza Metropolitana. Además enviará otros 120 elementos a Durango y otros 120 a Coahuila para robustecer esta corporación de seguridad conjunta.

En total son 305 militares los que colaborarían en la Fuerza Metropolitana y, según los términos del convenio, las autoridades duranguenses y coahuilenses tendrían que pagar a la Sedena 346.84 pesos como “cuota de recuperación diaria” por cada elemento entre el 1 de enero y el 25 de abril de 2022. La tarifa aumentará de precio a 356 pesos del 26 de abril al 1 de diciembre de este año. En el documento no se especifica por qué esta variación del costo del despliegue militar con respecto a los convenios que se tuvieron con otros estados en 2018.

El convenio también está disponible en la página de Coahuila Transparente, donde se da cuenta de las condiciones de contar con elementos de la Sedena.

Por tener a su disposición a 305 militares todo el 2022 los gobiernos de Coahuila y Durango tienen que pagar 39 millones 310 mil 413 pesos para la alimentación y el hospedaje de los elementos castrenses.

Aparte de esto, las autoridades de Coahuila y de Durango deben proporcionar armamento, municiones, vehículos, vestuario para los integrantes del Ejército, instalaciones y un pago anual de 168 mil pesos para el mantenimiento de los espacios donde se quedarán los militares. Todo esto no se estipuló en los convenios de Nuevo León y Veracruz en 2018.