La defensa de García Luna pide excluir dos testigos del gobierno

La defensa del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna pidió eliminar el testimonio de dos testigos que están por presentarse en el juicio que enfrenta en Estados Unidos por cargos relacionados con presuntamente recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.

La noche del jueves, la defensa presentó una moción para excluir los testimonios de Raúl y Heriberto Arellano Aguilera, quienes aún no se presentan a declarar ante el gran jurado.

El juez Brian M. Cogan, el mismo que encabezó el juicio en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán, tendrá que valorar los argumentos que hayan presentado y la probable respuesta que dé el gobierno.

La defensa ya logró eliminar una parte del testimonio de uno de los testigos esta semana. Parte de lo que declaró Tirso Martínez Sánchez, “El Futbolista”, fue eliminado por orden del juez Brian M. Cogan, en una orden emitida la noche del martes 24 de enero, en la que calificó su intervención como una “pérdida de tiempo” y expresó que no iba a permitir que el jurado escuchara rumores acerca del acusado.

El testigo logró una reducción de su condena a siete años de prisión y el pago de 7 millones de dólares por colaborar con el gobierno y una carta de los fiscales explicando cómo ha ayudado al caso, en el contrainterrogatorio de la defensa de García Luna, reconoció que si el juez de su caso lo aprobaba, podría recibir una visa S, un tipo de permiso de estancia para trabajar destinada a personas condenadas por algún crimen y que aceptan colaborar como testigos en contra de organizaciones criminales.

Al final, Martínez Sánchez rindió un testimonio en el que no mencionó a García Luna en los hechos que tuvieron que ver con su actividad criminal.

El otro caso es el de Edgar Veytia, exfiscal de Nayarit. El probable testigo en las siguientes semanas fue condenado en EU a 20 años de prisión y el pago de un millón de dólares tras declararse culpable de conspiración para fabricar heroína, cocaína, entre otras drogas, para distribuirlas en Estados Unidos.

La condena resultó en 2019 luego de una negociación con el gobierno federal de ese país para colaborar en otros juicio y lo hizo en el de Joaquín “El Chapo” Guzmán ese mismo año.

El 19 de enero se dio a conocer que el gobierno presentó una moción [170] para que la defensa de García Luna no cuestione a Edgar Veytia, alias “El Diablo”, sobre los acuerdos de cooperación con el gobierno.

“…para evitar que la defensa le pregunte a Veytia sobre los hallazgos adversos de credibilidad de varios brazos del gobierno federal y la decisión relacionada de no ofrecerle un acuerdo de cooperación”, describe un documento de la Corte del Juez Cogan.

El juez determinó que el gobierno debe presentar todos los materiales en su poder que considere que dan credibilidad a Veytia para que la defensa pueda conocerlos y responder a la moción de no interrogar al testigo sobre ese tema. Este jueves, respondió el gobierno en un documento sellado.

El miércoles, el juez hizo énfasis a quienes integran el jurado en que pueden evaluar la credibilidad de los testigos en función de los beneficios que reciben al colaborar en este proceso.

Además de “El Futbolista”, la defensa de García Luna cuestionó en la sala 8D al principal testigo hasta ahora, Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, quien fue uno de los líderes del Cártel de Sinaloa y lugarteniente de la fracción de los Beltrán Leyva.

Villarreal Barragán se encuentra en libertad después de haber cumplido dos sentencias, una de 10 años por conspiración y otra de tres años por lavado de dinero, de forma simultánea. Además logró una reducción de un porcentaje de la pena para estar solamente siete años en prisión después de pagar 100 millones de dólares.

La defensa se esforzó por hacerlo ver como un criminal violento y sádico, pero “El Grande” respondía con frases como: “No sé si una bala mía mató a alguien. En los enfrentamientos todos disparábamos” o decía cosas como “la verdad no recuerdo”. Dijo que no se acordaba de lo que le decían y hasta aclaró a una de las fiscales que sí sigue bajo vigilancia del gobierno, aunque siga en libertad.

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