El Ejército toleró espionaje a activista en Tamaulipas, denuncian organizaciones

Organizaciones defensoras de derechos humanos acusaron a altos mandos militares de estar al tanto y tolerar el espionaje del que fue víctima el activista Raymundo Ramos, quien se dedica a documentar abusos cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

R3D, Social Tic y Artículo 19, junto con medios de comunicación obtuvieron una tarjeta informativa elaborada por el Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Centro Militar de Inteligencia, en la que se describen las actividades y las comunicaciones que Raymundo Ramos tuvo con periodistas en torno al fallecimiento de 12 personas que murieron en manos de militares el 3 de julio de 2020.

El año pasado las mismas organizaciones dieron a conocer que Ramos fue espiado con el software Pegasus entre el 16 de agosto de 2020 y el 3 de septiembre de 2020. Pero en esta ocasión hicieron énfasis en el papel que jugaron altos mandos militares en esta vigilancia contra el activista.

Según la investigación de las organizaciones sociales, la tarjeta informativa habría sido presentada durante una reunión a Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo que el más alto mando del Ejército tuvo conocimiento de este espionaje.

Homero Mendoza Ruiz, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y Conrado Bruno Pérez Esparza, subjefe de Inteligencia del Estado Mayor, son los dos funcionarios acusados por las asociaciones civiles de elaborar y revisar la tarjeta informativa sobre el espionaje a Ramos. Las asociaciones no revelaron otros tres nombres de militares que también aparecen en el documento y que forman parte del Centro Militar de Inteligencia.

“No imaginaba yo que fuera el general secretario de la Defensa quien tuviera conocimiento de estos hechos, por algún momento pensé que se trataba de operaciones que implicaban a mandos territoriales, pero con esta investigación que hoy se presenta sabemos que la información ha llegado a los más altos niveles de la Secretaría de la Defensa”, dijo Ramos en una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

El activista criticó que con el espionaje del Ejército no solo él es afectado, sino a su familia, las víctimas que acompaña, sus fuentes con las que documenta violaciones a derechos humanos.

“Este espionaje no tiene límites, este espionaje tiene recursos ilimitados para llevarlo a cabo y lo más grave de esto es que no sabemos qué van a hacer esta información ni a quién se la van a compartir”, lamentó Ramos, quien hizo responsable al Ejército de lo que le pueda suceder a partir del día de hoy.

Durante la conferencia de prensa, las organizaciones sociales que han documentado el espionaje del Ejército hicieron varias exigencias al gobierno federal:

El cese de inmediato el espionaje militar ilegal que se lleva a cabo desde el Centro Militar de Inteligencia; que el congreso llame a comparecer a la Sedena; que la Sedena deje de obstaculizar las investigaciones de la Fiscalía General de la República; que se establezca un mecanismo independiente e internacional de investigación sobre el espionaje ilegal en México; y que se garantice la no repetición del espionaje ilegal.

Raymundo Ramos es parte de una lista de personas que también han sido espiadas durante el actual sexenio, según las mismas asociaciones civiles. El periodista Ricardo Raphael y un reportero de Animal Político también habrían sufrido la vigilancia con el software Pegasus.