¿Alza de impuestos a los cigarros en México podría disparar el mercado negro? Esto advierte la industria tabacalera sobre aumento de precio por cajetilla

México está a punto de enfrentar una nueva batalla fiscal en el sector tabacalero. El Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta) levantó la voz de alarma ante la propuesta del gobierno de aumentar en más del 30% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los cigarros y productos de nicotina.

Si bien la medida busca aumentar la recaudación y desincentivar el consumo, la industria advierte que podría tener un efecto contrario: disparar el mercado negro y desviar el control de los productos a manos del crimen organizado.

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El alto precio de un impuesto más alto

La propuesta, presentada ante el Congreso el 8 de septiembre, planea un aumento de 20 pesos por cajetilla y una cuota por cigarro que subiría a 1.1584 pesos para el 2030.

La Conainta, que representa a gigantes como Philip Morris México y British American Tobacco, argumenta que este tipo de medidas no han logrado sus objetivos en el pasado. De hecho, los datos fiscales muestran que la recaudación por IEPS de tabacos labrados ya experimentó una caída del 7% entre 2023 y 2024, a pesar de las tasas existentes.

Según la industria, el efecto de esta nueva reforma sería el siguiente:

• Se prevé que el contrabando de cigarros crezca, potenciando el mercado ilícito hasta en un 50% del mercado total.
• Esto se traduciría en una pérdida fiscal anual estimada entre 13 mil y 15,000 millones de pesos.
• Riesgos sociales: El aumento del comercio ilícito no solo afecta la economía, sino que también fomenta el crimen organizado, ya que estas redes utilizan el contrabando de cigarros para financiar otras actividades delictivas, como el narcotráfico y la trata de personas, como lo ha documentado un estudio del Colegio de México (Colmex).

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¿Una barrera para las alternativas de menor riesgo?

Más allá del cigarro tradicional, la propuesta fiscal también incluye un nuevo impuesto del 200% a productos de nicotina distintos al cigarro, como las bolsas de nicotina. La industria tabacalera critica esta medida, argumentando que desincentiva el uso de alternativas que, al no generar combustión, producen hasta un 99% menos de sustancias tóxicas.

La Conainta subraya que esta medida va en contra de la experiencia internacional. “Experiencias internacionales, como Suecia, muestran que incentivar esos productos contribuyó a bajar la tasa de fumadores al 5%”, señala la asociación.

Al no ofrecer una vía para que los fumadores adultos dejen el cigarro combustible, la industria considera que la política podría dificultar la reducción del tabaquismo.

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Un llamado al diálogo y al equilibrio

Ante este panorama, la industria ha hecho un llamado al Congreso para entablar un diálogo abierto y constructivo. Su objetivo es lograr una “reforma fiscal equilibrada” que combine los objetivos de recaudación fiscal, salud pública y, lo más importante, el combate efectivo contra el comercio ilegal.

La Conainta insiste en que las políticas de salud pública deben considerar el riesgo de potenciar el mercado negro, que no solo elude impuestos, sino que también pone en riesgo a la población al comercializar productos sin control sanitario. La batalla fiscal por el tabaco no es solo una cuestión de dinero, sino también de seguridad, salud y control de un mercado que parece estar, una vez más, al borde del abismo.