Integración del Poder Judicial debe estar libre de conflicto de interés: Organizaciones de la sociedad civil
Las y los próximos ministros de la SCJN deberán actuar como garantes de derechos, no como facilitadores de los intereses económicos de una élite, aseguran

“La SCJN debe cumplir con las obligaciones constitucionales e internacionales que México ha asumido en materia de salud”, dijo la abogada experta en temas de justicia y salud, Isabel Rubio.
/SCJN
Organizaciones de la sociedad civil, activistas y defensores de derechos humanos hicieron un enérgico llamado durante la conferencia “La justicia no se negocia: llamado desde la sociedad civil a quienes aspiran a la SCJN”, con un claro mensaje: la próxima integración del Poder Judicial en México debe estar comprometida a la garantía y defensa de los derechos humanos, del medio ambiente y la justicia social, por encima de cualquier interés económico, corporativo y político.
En un contexto donde la constante amenaza por parte de las corporaciones en México, como las tabacaleras, refresqueras, productoras de ultraprocesados y plásticos, mineras, entre otras, es de vital importancia que los y las próximas ministras de la SCJN actúen como garantes de derechos de la población mexicana, no como facilitadores de los intereses económicos de una élite.
Respecto a esto, Isabel Rubio, abogada experta en temas de justicia y salud, declaro que “la SCJN debe cumplir con las obligaciones constitucionales e internacionales que México ha asumido en materia de salud, por lo que urgimos a la implementación de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, que garanticen una justicia libre de conflictos de interés”.
Impacto favorable de la SCJN en temas de salud pública
Durante la conferencia de prensa, se destacó el papel que ha tenido la SCJN en decisiones que han tenido un impacto favorable en la salud pública, como el etiquetado frontal de advertencia, la regulación del tabaco, las restricciones de la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes (NNA).
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Sin embargo, también se alertó sobre la amenaza constante de los litigios y estrategias legales impulsadas por las corporaciones y cámaras industriales que han logrado frenar y/o revertir algunas de los políticas y proyectos dirigidos a la protección de la salud y el medio ambiente, apoyados en muchas ocasiones, por algunas ministras y ministros de la Suprema Corte, violentando los derechos humanos.
Por su parte, Claudia Moreno, oficial de incidencia de Salud Justa, declaró que “desde Salud Justa hemos sido testigos directos cómo las industrias, en específico la industria tabacalera, han buscado frenar políticas públicas diseñadas para proteger la salud y el bienestar colectivo. La estrategia principal ha sido la promoción de amparos para crear regímenes de excepción a las obligaciones como la protección de espacios libres de humo de tabaco y nicotina, la prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio, así como la prohibición de vapeadores. En muchos de estos casos, la decisión final ha estado —y seguirá estando— en manos de la Suprema Corte. Por ello es indispensable asegurar que quienes resulten electos lleguen al cargo sin conflicto de interés y con plena independencia de poderes políticos y económicos”.
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Larisa de Orbe, directora de Acción Ecológica, comparte: “La emergencia sanitaria y ambiental que han producido los plásticos en el planeta, concretamente grave en México, y ante la voracidad de las corporaciones que forman parte de toda la cadena de su producción- desde la extracción de combustible fósil, fabricación hasta su desecho- hace apremiante que el nuevo poder judicial de nuestro país esté preparado para enfrentar la interferencia de esta industria y basar sus decisiones en la protección de derechos humanos, la salud y el interés común desde una perspectiva de justicia ambiental, y transparencia y de participación de las comunidades como les obliga el Acuerdo de Escazú”.
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Por último, Javier Zúñiga, abogado de El Poder del Consumidor, comparte: “Hacemos un llamado a las personas candidatas a la Suprema Corte para mantener su independencia, no solo del poder político, sino también del poder económico”.
“Es fundamental que quienes lleguen a la Suprema Corte, y a cualquier otro puesto del Poder Judicial, no antepongan la salud pública por los intereses económicos de las empresas. Así, en su labor jurisdiccional, las futuras candidatas y candidatos a la Corte deben de garantizar escuchar a la sociedad civil y allegarse de evidencia científica sin conflicto de interés para resolver los casos que las empresas les presenten”
Los voceros en la conferencia de prensa instaron a los y las candidatas a la SCJN, a conducirse bajo principios éticos, a favor de la ciudadanía, y siempre priorizando los derechos humanos, la justicia social y la equidad estructural.