México se prepara para una elección histórica: por primera vez, los jueces y ministros que integran el Poder Judicial serán elegidos por voto directo. El próximo 1.º de junio de 2025, de acuerdo con datos del INE, estarán en juego 881 cargos judiciales, desde ministros de la Suprema Corte hasta magistraturas y jueces de distrito. Esta reforma, que busca “democratizar” la justicia, está plagada de sinsentidos y de desinformación, que han generado más confusión que certezas entre la población mexicana.
La irrupción de la inteligencia artificial generativa, capaz de crear imágenes, videos, audios y textos indistinguibles de los reales, vuelve a cambiar las reglas del juego electoral. Esta tecnología puede ser aliada de la transparencia o herramienta de manipulación. Todo depende de cómo se use, quién la controle y qué tan preparada esté la sociedad para identificar sus trampas.
En otras partes del mundo ya vimos los efectos. En Estados Unidos, circularon deepfakes de líderes políticos que alteraron la percepción del electorado. En México, este riesgo no es hipotético: estamos a semanas de un proceso judicial inédito, sin legislación específica, con vacíos regulatorios y un ecosistema digital saturado de ruido.
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Los peligros son claros. Uno es la manipulación algorítmica: los mensajes que vemos en redes no aparecen por azar. Plataformas como Facebook, X o TikTok amplifican lo polémico y personalizan el contenido que consumimos. Esto permite a actores con recursos y malas intenciones usar IA para diseñar mensajes hipersegmentados, apelando a las emociones y sesgos de cada grupo socioeconómico.
Otro riesgo es la desinformación. Cualquiera puede fabricar un video donde un juez “declara” algo que nunca dijo o publicar una nota falsa con apariencia profesional. Si circula en los chats familiares o en redes sociales, puede ser tomada por cierta sin cuestionamientos, o bien sembrar discordia entre grupos afines. En una elección judicial, esa desinformación puede ser determinante.
Está, también, la automatización de la propaganda: bots conversacionales que simulan apoyo ciudadano, atacan rivales o viralizan rumores. Si no sabemos distinguir entre una persona real y una IA programada para desinformar, la discusión pública se convierte en una farsa.
México llega a esta elección sin un blindaje normativo suficiente frente a los desafíos que plantea la inteligencia artificial. No existe, hasta ahora, una legislación específica que regule su uso en procesos electorales. El INE ha fortalecido sus medidas de transparencia, con más de 316,000 personas solicitando acreditarse como observadoras. Sin embargo, esto resulta insuficiente, como lo evidencia la participación de observadores vinculados a partidos políticos, lo cual desvirtúa la imparcialidad del proceso. Además, los pactos éticos entre partidos no son vinculantes, y las autoridades aún carecen del conocimiento técnico y de las herramientas jurídicas necesarias para contener una posible oleada de manipulación algorítmica, propaganda automatizada y desinformación digital.
Frente a este escenario, la ciudadanía tiene un papel crucial. La defensa de la democracia ya no es solo ir a votar: es aprender a detectar lo falso, verificar lo que consumimos y exigir transparencia a candidatos y plataformas. La alfabetización digital y cívica no es un lujo: es una necesidad. Porque, si no sabemos cómo funciona la tecnología, corremos el riesgo de que ella decida por nosotros.
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En conjunto, academia, medios, organizaciones civiles y ciudadanos deberíamos construir una red de vigilancia informativa. Las autoridades pueden, y deben, acelerar marcos legales y protocolos para actuar rápido ante contenidos manipulados. Y cada persona puede contribuir, desde su pantalla, con sentido crítico y responsabilidad.
La elección judicial debería ser una oportunidad para innovar democráticamente, si logramos garantizar que el voto sea libre, informado y genuino. Si permitimos que los algoritmos nos lleven de la mano sin saber quién los programó ni con qué fines, perderemos mucho más que una elección: pondremos en juego la confianza en la justicia misma.
No seamos espectadores pasivos. Antes de compartir una noticia, cuestionémosla. Antes de creer en un video viral, verifiquemos su origen. Antes de votar, informémonos. Este 2025, la democracia necesita ciudadanos conscientes, digitales y activos. Aseguremos que el futuro del Poder Judicial, y de nuestra democracia, quede en nuestras manos, no en las de un bot, un algoritmo o una campaña manipulada. El poder de decidir sigue siendo nuestro. Usemos bien ese poder.