Entiéndanlo, no es la CFE, es el poder total

Para los que llevamos cerca de veinte años dedicándonos a estudiar, entender, trabajar, analizar y explicar el sector eléctrico en México y su marco jurídico, entendemos un poco mejor lo que está ocurriendo en estos momentos en México.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue creada en 1937, época de grandes cambios y sentimientos nacionalistas; ello como antesala de la expropiación petrolera de 1938.

Sin embargo, empresas extranjeras seguían ofreciendo servicios de generación, transmisión y comercialización de energía, por lo que en 1960 se llevó a cabo la nacionalización de la industria eléctrica.

Hasta ahí todo bien.

Esa gran empresa, como todo lo que toca el estatismo, la centralización, la ineficiencia administrativa del gobierno y el corporativismo sindical, se vio sumida en una ineficiencia brutal y en una enorme carga laboral en la época de Luis Echeverría y José Lopez Portillo, dos de los grandes fracasos populistas y centralistas de México.

Así, en 1972 se promulga la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, fundada en lo que los artículos 25, 27 y 28 Constitucional permitían en ese momento.

Sin embargo, para 1990 la CFE, como todas las entidades paraestatales de ese momento, era ya una enorme carga para el erario, sumida en la más profunda corrupción e incapaz de poder contar con los recursos para acometer el crecimiento industrial que México requería.

Eso conllevó a reformas que permitiesen esquemas de producción público-privada tales como la Producción Independiente de Energía (PIE) y las Obras Públicas Financiadas (OPF).

Dichos esquemas permitieron un crecimiento exponencial de la capacidad de generación y transmisión en México, sin comprometer recursos del erario, los cuales podían ser destinados a áreas de atención como salud, educación y seguridad.

Sin embargo, CFE seguía sumida en la ineficiencia, secuestro sindical, sobrepoblación laboral y corrupción.

A efecto de hacer más competitivo el mercado es que se promulgó la Ley de la Industria Eléctrica en el 2014, cuyo objetivo era que fuesen los racionales de despacho económico, costos, externalidades, compromisos internacionales de cambio climático, eficiencia económica y competitividad, los que guiasen los racionales de generación y comercialización, estos ya como áreas abiertas a la libre competencia.

Quedaron como áreas exclusivas del Estado la distribución y la trasmisión, lo cual es lo correcto y apropiado.

Ahora bien, el Gobierno Federal intenta una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica para “rescatar a la CFE”.

¿En serio quieren rescatar a la CFE?, ¿de quién la rescatan, de los sindicatos que la siguen teniendo secuestrada, de la sobrepoblación laboral o de la corrupción endémica interna e histórica?

¿Acaso la rescatan de su limitada capacidad financiera e incapacidad para cubrir toda la demanda que México requiere?, ¿rescatarla es inyectar recursos a fondo perdido para seguir alimentando el cáncer que la consume y subsidiarla sin razón cuando existen esquemas para que ofrezca energía económica?

Esa reforma a la Ley de la Industria Eléctrica será una lucha frontal con las instituciones nacionales judiciales y el Gobierno lo sabe perfectamente.

Podría ser declarada inconstitucional como ya lo fue la llamada “Ley Nahle” de corte ideológica retrograda echeverrista y nivel setentero municipal, pero sin sustento alguno en la Constitución.

Tan retrógrada y setentera es que ya nos llaman traidores a la Patria a quienes simplemente hacemos notar que una ley federal no puede ir por encima a la Constitución.

Es más, la reforma creemos que abre la puerta a que se denuncien sendos tratados internacionales por violaciones directas a los mismos y conforme el nivel jurídico que tienen esos propios tratados, según al Artículo 133 de la Constitución mexicana. El Gobierno sabe que esa reforma es un petardo legal sin fuerza, pero un tráiler populista sin frenos, pero es justo lo que quiere, y me explico a continuación.

De ser declarada la inconstitucionalidad y se ganen los amparos contra tal pifia jurídica, esto podría ser usada para justificar la reforma a la Constitución. Para llevar a cabo la reforma a la Constitución se requiere tener controlado el Poder Legislativo.

Para tener controlado el Poder Legislativo se requiere nuevamente del voto masivo el 6 de junio del 2021. Con el voto masivo se abre la puerta a reformas profundas para ostentar el poder absoluto de forma eterna.

Entiéndanlo, al Gobierno le interesa poco el rescate a la CFE, como le importa poco el penacho de Moctezuma o la piedra de “El Pípila”; lo que quiere es usar el populismo y sentimientos nacionalistas para tener el poder absoluto, y encontraron en ese animal herido de muerte por su propia ineficiencia a la excusa perfecta.

La trampa de rescatar la soberanía (con sus apagones y dependencia de gas) para caer en la esclavitud, nuevamente.

Ya lo decía bien F.A. Hayek en su libro Camino a la Esclavitud, a razón de los regímenes como el de Luis Echeverría y el actual.

No aprendemos y eso es lo verdaderamente patético. La verdad nos hará libres y no, no es traición a la Patria. Seamos serios.

*Claudio Rodríguez-Galán es socio de la Práctica de Energía de Thompson & Knight. Está clasificado como un “Abogado Líder en Energía”, mexicano y global por varias publicaciones internacionales, incluyendo Global Chambers, Chambers & Partners, Legal 500 y Who’s Who Legal. Síguelo en su perfil de LinkedIn.