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Jaime Bonilla viola la Constitución

Adela Navarro Bello

El gobierno de Baja California no publica la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de Tecate y veda a este ayuntamiento a cobrar impuestos y se queda sin ingresos para operar. Un ataque inconstitucional contra su alcaldesa, Zulema Adams, a quien el gobernador llama despectivamente “Lady Salón de Belleza”.

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Jaime Bonilla, Gobernador de Baja California
Foto: Foto: @Jaime_BonillaV

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El 28 de diciembre de 2020, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, fueron publicadas las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos del Estado y de los municipios de Ensenada, Mexicali, Rosarito y Tijuana. No así las correspondientes al Ayuntamiento de Tecate.

Han pasado 66 días al día de hoy, viernes 5 de marzo, sin que en el Periódico Oficial se publique la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de Tecate, lo cual veda al Ayuntamiento del Pueblo Mágico para cobrar los impuestos, derechos y servicios a los contribuyentes municipales, y por lo tanto, no posee de los medios económicos aprobados en el Congreso del Estado de Baja California para administrar la ciudad como es obligación de la alcaldesa Zulema Adams Pereyra, electa en 2018 para dirigir los destinos de esa localidad.

Al no publicar la Ley de Ingresos, como es su obligación, el gobernador Jaime Bonilla Valdez está violando la Constitución no solo la de Baja California, también la de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente el Artículo 115 que refiere las bases para el municipio libre y autónomo, y el 116, que establece las obligaciones del Gobierno del Estado.

La falta de publicación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto Egresos de Tecate es, a la vista de los especialistas, un acto inconstitucional. Una violación a la Constitución y las leyes que redunda en perjuicio de los intereses fundamentales del Estado, al generar inestabilidad e inseguridad jurídica.

Una vez más, Bonilla viola la Constitución, anteponiendo sus pasiones políticas al ejercicio de gobierno. Primero lo hizo cuando se encaprichó para lograr lo que la Constitución le prohibía: un gobierno de cinco años y no de dos, para el que fue electo. Y ahora mancilla la Ley, movido por el mezquino capricho de “acabar” políticamente con Zulema Adams, quien lo denunció por amenazas y violencia de género cuando se negó a ser parte de un gambito legislativo para beneficiar a Bonilla.

Desde que la también morenista se negó a sacrificar a su Cabildo y aprobar las reformas propuestas por Bonilla, este lo tomó personal y comenzó a atacarla. Le escatimó los recursos económicos, le activó -con apoyo de la Fiscalía General del Estado- una deuda de hace nueve años con la intención de meterla a prisión, hecho que intentaron físicamente, pero no concretaron legalmente.

En sus presentaciones en redes sociales, Bonilla ha llamado a Adams, “Lady Salón de Belleza”, narcoalcaldesa, cómplice del crimen organizado, le acusa de ser investigada por la DEA, además de mala administradora. Aparte de la venganza política del gobernador, está en juego la reelección de Zulema, a la cual, de acuerdo con las reglas del partido y las leyes electorales, tiene derecho.

Pero nada ha logrado Bonilla con desacreditarla. Una consulta con fuentes de las agencias antinarcóticos de Estados Unidos, confirma que Zulema Adams no está siendo investigada, mismo escenario ocurre en Baja California, a menos que el compadre del gobernador, el fiscal general del Estado, esté integrando una carpeta para amenazar con detenerla, tal como lo hicieron con el alcalde de Tijuana con licencia, Arturo González Cruz, a quien el mandatario inmiscuyó en un homicidio y por el cual la FGE le giró citatorios, hasta que González decidió dejar la administración de Tijuana a Bonilla y al fiscal, momento en que el proceso contra él comenzó a postergarse.

En el caso de Zulema Adams, al verse imposibilitados para detenerla, el gobernador arrecia en la campaña contra ella, pero en su afán vengativo contra la mujer que no lo apoyó, es evidente que el ingeniero Bonilla está dispuesto a todo. A violar la Constitución al negarse a publicar la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Tecate que el Congreso del Estado aprobó el 22 de diciembre de 2020, con 19 votos a favor y 5 en contra, y que envió al Ejecutivo para su publicación. Con esta acción, deja sin habilidad jurídica al Ayuntamiento para hacerse de recursos para la administración pública.

En Baja California, no hay poder o autoridad alguna que haga un llamado al gobernador a cumplir con su obligación de publicar la Ley de Ingresos de Tecate. La alcaldesa ha enviado oficios: dos a la titular de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la diputada Eva Griselda Rodríguez, fechados el 12 de enero y el 10 de febrero, solicitándole la publicación de la Ley de Ingresos; y uno al propio Bonilla el 28 de enero. En ninguno de los casos ha recibido respuesta.

El Gobierno del Estado continúa sin publicar la Ley, y el mandatario, omiso, necio, autoritario y apoyado por la impunidad que le confieren el cargo y una presumida amistad con el Presidente de la República, que nada cuestionable ve en su gestión.

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Hay dos figuras jurídicas que el Ayuntamiento de Tecate puede utilizar para avanzar en el tema, luego de dos meses sin que su Ley de Ingresos entre en vigor. Una es sancionadora de la omisión del gobernador para cumplir con su obligación; se trata del juicio político, que bien puede solicitar la autoridad municipal, como cualquier ciudadano. En su segundo párrafo, el Artículo 110 constitucional dispone:

“Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda”.

Y el Artículo 6 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, establece que “es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.

En este caso, al no publicar la Ley de Ingresos de Tecate, la omisión de Jaime Bonilla Valdez redunda en los intereses fundamentales del Estado.

La otra figura es correctiva, es presentar una controversia constitucional, para que una vez más, la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligue a las autoridades bajacalifornianas a cumplir con la Ley, y la de Ingresos de Tecate sea publicada.

La conducta omisa del mandatario bajacaliforniano, no solo es materia de responsabilidad política, también podría implicar comisión de delitos de servidores públicos y contra la administración pública, como ejercicio indebido de funciones o abuso de autoridad.

Pero por lo pronto, al no publicar la Ley de Ingresos de Tecate, Jaime Bonilla Valdez está violando la Constitución. Y eso, señor gobernador, también es corrupción.

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