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Ciudadano Político

Impunidad, el sello del sexenio

Max Kaiser

La corrupción no es el único mal que goza de impunidad en este sexenio. Hay otras tres clasificaciones de actos que gozan del mismo mal: las tragedias, los daños patrimoniales y perjuicios, y los actos de gobierno inconstitucionales o ilegales.

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10 de Mayo, Ciudad de México. Representantes de la comunidad Otomí y activistas protestaron en la estación del Metro Zapata para exigir castigo a los culpables del colapso de la línea 12 que dejó un saldo de 26 muertos. Foto: Carlos Ramírez/EFE

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En 30 meses que van de este sexenio no hay una sola sentencia en contra de una sola persona de relevancia, involucrada en un caso de corrupción del pasado o del presente. Cero, ninguna. No se ha desarticulado una sola red de corrupción, no se han recuperado activos obtenidos por vías corruptas ni se ha hecho un solo operativo especial para sorprender a corruptos en el acto. Los actos de corrupción cometidos en el primer año y medio del sexenio de Enrique Peña Nieto ya quedaron impunes para siempre, por lo menos por la vía administrativa, porque prescribieron a los siete años. Los corruptos del sexenio de Peña cuentan cada mes que pasa sin ser llamados a cuentas como un mes más que le ganan al plazo de los siete años de prescripción, y los bienes obtenidos en ese tiempo, como parte inamovible de su patrimonio. Mucho tienen que agradecerle al presidente actual. Lo mismo que los acusados por los múltiples escándalos de corrupción de este sexenio, que, al parecer, solo tienen que jurar lealtad política a su jefe para evitar cualquier investigación, y así empezar a sumar meses, y luego años, a su cuenta de siete. Pero la corrupción no es el único mal que goza de impunidad en este sexenio. Hay otras tres clasificaciones de actos que gozan del mismo mal: las tragedias, los daños patrimoniales y perjuicios, y los actos de gobierno inconstitucionales o ilegales.

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La tragedia de la Línea 12 del Metro es un buen ejemplo de la primera clasificación. No habrá responsables de alto nivel. Ni los que tomaron la pésima decisión de hacer una obra con fines políticos, ni los que manipularon los procesos de contratación, ni los que aceleraron su ejecución, ni los que precipitaron su inauguración, ni los que escondieron las investigaciones sobre corrupción, sobre costos y fallas técnicas, ni los que ordenaron parchar las fallas y esconderlas, ni la que decidió quitarle presupuesto al mantenimiento y la seguridad. Ninguno de ellos será llevado a la justicia por la muerte de 26 personas y las lesiones de decenas más. Se taparán entre ellos, para tratar de conservar el poder. Veremos a uno o varios funcionarios de nivel medio sentir todo el peso del Estado, y lavar las culpas de todos demás. Así como pasó con los 137 muertos de la explosión de los ductos de Pemex en Tlahuelilpan o como sucederá con los irresponsables en el manejo de la pandemia que provocaron varios miles de muertes innecesarias, por privilegiar criterios políticos sobre los medico-epidemiológicos. Impunidad, cero responsables concretos.

La segunda clasificación de eventos (además de la corrupción) en los que la impunidad es el sello de la casa es la pérdida innecesaria de miles de millones de pesos en las decisiones de gobierno, como en el manejo de Pemex, que quema dinero más rápido que petróleo. O el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuya cancelación ilegal nos costó a los mexicanos varios cientos de miles de millones de pesos en daño patrimonial directo, sumado a una cantidad incalculable de recursos que ese aeropuerto pudo haber sumado al erario con su operación. En ninguno de los casos hay consecuencia alguna en contra de nadie. Es decir, impunidad total.

Y la tercera clasificación es la multiplicidad en actos de gobierno en los que se excede abiertamente un límite constitucional o legal, o se viola abiertamente una norma, y nadie responde jurídicamente por el acto. El ejemplo lo ha puesto el propio presidente que un día cancela contratos, al otro modifica proyectos o políticas establecidas en ley, o altera el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, o designa funcionarios públicos sin el perfil adecuado, o crea órganos y funciones que deberían ser creados por ley. Todo esto en franca y abierta violación al orden jurídico. Y todo esto, sin consecuencias para él o para quienes ejecutan las ilegales órdenes. Impunidad absoluta.

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Y, no conformes con hacer de la impunidad el sello del gobierno, además han convertido en enemigos del Estado a quienes se atreven a exponerlo y denunciarlo.

La única manera de cambiar esto es redistribuyendo el poder, generando un Estado formado por diferentes intereses políticos, para así evitar que la impunidad sea fácil de prometer, por quien aparenta controlarlo todo.

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