Conectividad: democracia y autocracia

Vivir en plena capacidad de comunicación y de libertad de expresión, así como gozar de conectividad y acceso de internet, es un derecho fundamental de todos los seres humanos. Debería incluso formar parte de la canasta básica de productos y servicios esenciales para la subsistencia y el bienestar de cualquier ciudadano, para la promoción de sus libertades individuales.

El confinamiento por coronavirus subrayó que muchos gobiernos apuestan por la conectividad como un medio democrático, mientras que otros aprovecharon el momento para formalizar un control autócrata, basado en la censura y la vigilancia de sus habitantes.

China, por ejemplo, confirmó que no juega en el mismo tablero tecnológico que los países capitalistas. Sus habitantes tienen acceso a un internet donde el Estado protege sus propios intereses, al tiempo que vigila la privacidad y transparencia de datos de todos sus ciudadanos.

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El desarrollo de nuevas tecnologías, como la 5G y una incipiente 6G, ha profundizado una guerra geopolítica entre naciones occidentales que ven en la tecnología asiática un canal de espionaje y debilitamiento de su seguridad nacional y hegemonía. Por su lado, países orientales viven en un acelerado crecimiento tecnológico, y han razonado que los datos son el arma más poderosa para dominar la economía mundial, por lo que cuidan celosamente que su información no sea compartida en otras plazas públicas digitales, y que su población no caiga en ningún tipo de propaganda social ni política que no sea la local.

Lo que antes se denominaba como la Ruta de la Seda es hoy un negocio tecnológico. Quien coloque primero su infraestructura de redes y desarrolle a mayor velocidad sus capacidades digitales, será quien domine la conectividad y el avance industrial y comercial en el mundo.

Ciudadanía digital

La justicia social coexiste entre el mundo analógico y el digital. 

Un e-Ciudadano cada vez más evolucionado empuja a que su e-Gobierno interactúe en un esfuerzo conjunto para el desarrollo de oportunidades justas, sustentadas en una economía digital, acorde a un mundo hiperconectado para un cambio sistémico de gobernanza en el internet del futuro.

La conectividad y el acceso a internet son dos de los principales factores para el desarrollo del empleo, la salud, la academia, la seguridad pública y garantizar una sociedad más justa, equitativa y, por lo tanto, democrática. 

La pandemia demostró desde su inicio que quienes aún no gozan de conectividad, viven en una profunda pobreza digital. La marginación informática e informativa les impidió implementar estrategias para la detención de la emergencia sanitaria por Covid-19 y ser asistidos plenamente.

El fortalecimiento de la libertad de expresión para el ejercicio democrático logrará que una sociedad ya globalizada se movilice hacia un legítimo desarrollo social, y la eliminación de una brecha digital que a nadie conviene.