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Medios Políticos

Consulta popular, entre euforia y contradicción

Luis Miguel Carriedo

El presidente no necesita consultar a nadie para cumplir con la ley y promover justicia, aunque esta consulta solo tendría por objeto obligar a la creación de comisiones de la verdad para esclarecer actos indebidos de administraciones previas.

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Foto de una boleta para ilustrar la consulta sobre expresidentes
Foto: Element5 Digital en Unsplash

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Convocada para el 1 de agosto, está en puerta la primera consulta popular que logra abrirse paso desde 2012, cuando la figura se incorporó a la constitución. Pese a la redacción ambigua que dejó la Suprema Corte en la pregunta que se votará con un “sí” o un “no”, y al engañoso argumento de que se vota por juicio o no juicio, finalmente existe una oportunidad más o menos seria de ejercer el voto para exigir que se investiguen crímenes del pasado. Es un arma de dos filos. Entre la euforia por la consulta, al promocionarse como relativa a juicio contra expresidentes se olvida que la justicia no debería votarse, al menos no cuando hay crímenes como las masacres y desapariciones forzadas durante la llamada “guerra contra el narco”; casos de violencia desde el Estado como lo que ocurrió en Ayotzinapa o Atenco.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no necesita consultar a nadie para cumplir con la ley y promover justicia, aunque esta consulta, en palabras del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, solo tendría por objeto obligar a la creación de comisiones de la verdad para esclarecer actos indebidos de administraciones previas, será una alternativa a la postura de borrón y cuenta nueva o amnistía. Entonces, pese al engaño propagandístico, no es votar por juicio sí o no juicio no, al menos no de forma inequívoca o directa, sino por medidas proactivas del Estado para esclarecer lo ocurrido en el pasado. Desde esa mirada se trata de un espacio inédito que puede tener consecuencias vinculantes y no necesariamente negativas.

La pregunta real no es juicio o no juicio, sino: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.  Esas 52 palabras las formularon las y los ministros de la Corte para dar luz verde a la consulta. Ante lo genérico del planteamiento, fue que Zaldívar aclaró, desde octubre del año pasado, que la consecuencia debía equipararse a pedir o no una comisión de la verdad. No fue lo que se pidió consultar originalmente, pero eso fue lo que quedó en la interpretación de la Corte, eso es lo que vamos a votar.

Así, se abrirán las urnas para resolver si se investigan o no crímenes en los que hayan participado “actores políticos” del pasado, si hay o no una acción proactiva del gobierno federal para esclarecer la verdad buscando justicia.

Sería discutible consultar eso de juicio sí o no, incluso el tema de procurar o no justicia, porque técnicamente podría tener un “no” como respuesta y eso podría jurídicamente asumirse como que se votó por cancelar acciones contra impunidad de crímenes. Eso no puede votarse, es contrario a derechos humanos, deben perseguirse los crímenes y no asumir que se vota por exoneración o juicio, porque de lo contrario habría un riesgo enorme para la justicia de las víctimas que ya tuvo un caso lamentable en 2009, cuando Uruguay votó porque prescribieran los delitos de la dictadura. El 53% en ese país prefirió no modificar la amnistía, en detrimento de víctimas. Por eso no debiera asumirse que se vota por condenar o exonerar, por juicios o no juicios, solo por lo que dijo la Corte: Comisiones de la verdad no comisiones. 

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Mucho se ha escrito de las condiciones poco adecuadas para que haya una participación masiva en esta consulta que es en favor de esclarecer el pasado en favor de la justicia. La constitución pide que participe el 40% del listado nominal de electores que hoy supera los 93 millones, es decir, necesitamos votar en la consulta 37.2 millones para que lo que quiso decir la pregunta según la interpretación de ministras y ministros sea obligatorio. 

Fue un error clave separar la fecha de jornada electoral de la fecha de consultas, porque hubiera bastado una urna extra el 6 de junio pasado para que hoy tuviéramos ya resultado sin doble gasto. No fue posible por una reforma constitucional en 2019 que impidió empatar elecciones con consulta y adiciono candados vergonzosos para impedir temas de consulta como las “obras en ejecución”. 

Es contradictorio que el propio presidente haya pedido la consulta respecto a lo que tiene obligación de hacer sin esperar resultados, pero no fue el único promotor, y eso hace diferencia, un grupo de ciudadanas y ciudadanos recabaron millones de firmas con el mismo propósito, la Corte avaló el tema, aclaró que se vota por comisiones de la verdad y en esa órbita la consulta tiene legalidad suficiente para llevarse a cabo. Además, organizada por servicio profesional del INE, garantiza solvencia técnica en las casillas y el conteo de los votos, para que no vote dos veces la misma persona.

Pese a la polémica y críticas, a la penosa pregunta edulcorada, el ejercicio no es condenable a partir de la aclaración de Zaldívar. Como muchas y muchos acudiré a votar, porque creo en el instrumento y porque no quiero pretextos para amnistías ilegítimas, aunque me parece urgente anular el diseño constitucional. 

En 2012 se incorporó la figura a nivel federal para definir, en votación abierta, el rumbo de asuntos con “relevancia nacional” convocados directamente por el presidente en turno, por 33% de alguna cámara o por el 2% de la lista nominal que hoy equivale a 1.8 millones de firmas. El diseño original incluyó otros requisitos para promover las consultas, algunos candados razonables como no someter a votación derechos humanos pero otras restricciones tramposas que se volvieron muros insalvables, como el impedimento a consultar cualquier cosa que se asumiera vinculada con “ingresos” del Estado. 

Para la Corte, durante los últimos ocho años, todo podría estar relacionado con los “ingresos”. Así se detuvieron dos consultas más claras y con preguntas más útiles que la actual sobre la reforma energética. No eran a petición del ejecutivo, sino producto de millones de firmas previamente recabadas, una promovida por Morena y en otra por el PRD. Se fueron a la basura, aunque cumplían con las firmas, se les cerró el paso por acuerdo de cúpulas y argumentos gelatinosos de las y los ministros, incluyendo a la actual secretaria de gobernación.

El artículo 35 constitucional se reformó en junio de 2019, ya con el partido Morena instalado como mayoría. Se dijo entonces que los cambios eran para que ese tipo de frenos no volvieran a ocurrir, facilitar la población el impulso de consultas populares sin tanto obstáculo o interpretación discrecional, permitirlas con menos requisitos, pero todo fue un engaño en partes sustantivas, incluso, un retroceso para comunidades afectadas por megaproyectos que antes habrían tenido alguna esperanza de promover consultas serias y vinculantes, pero ahora ya no es posible. Es el caso de la hidroeléctrica de Huexca, donde se hizo una farsa de consulta a modo mientras se cancelaba la posibilidad de una consulta constitucional obligatoria en su resultado, para ello se diseñó el vergonzoso e incongruente candado de nunca más consultar “obras en ejecución”.

Es decir, antes de que Morena tuviera mayoría, una consulta popular vinculante sobre el aeropuerto de Texcoco habría enfrentado, como ocurrió con la reforma energética, el criterio tramposo de la Corte sobre posible vínculo con “ingresos”, pero ya con Morena en lugar de quitarse ese candado indebido se aprobó en sus términos y se sumó otro adicional que es el de no consultar ninguna obra en ejecución. Un blindaje constitucional al Tren Maya y la hidroeléctrica que será aprovechado en el futuro por nuevos proyectos emblema de la cultura neoliberal que se supone ya no se promueve desde el gobierno.

Es cierto que con la reforma 2019 hubo algunos avances en cuanto a la revocación de mandato o la explícita posibilidad de hacer consultas estatales o regionales, pero la prometida disminución de firmas no llegó, el porcentaje para temas nacionales se quedó intacto (2% del total de electores) y se dieron retrocesos importantes como separar forzosamente consulta de elecciones y sobre todo en la lista de temas sujetos a ser consultados, pasando de cinco restricciones a nueve. Ya eran excesivas varias de esas cinco y ahora son peores.

Las consultas populares están débiles en diseño constitucional, llenas de piedras y contradicciones, pero logran su primera cita con las urnas y eso no es malo. Hay ángulos que requieren cirugía mayor por congruencia y debieran impulsarse nuevos ajustes constitucionales. Por lo pronto la primera consulta va y quienes sí queremos comisiones de la verdad iremos a votar, dejando claro que la justicia no es lo que estará en la boleta. Eso fue lo que dijo la Corte.

*Especialista en medios y elecciones.

@lmcarriedo

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