#TodosSomosUDLAP

Siempre que sabemos o somos testigos de intervenciones policíacas en instituciones de educación superior que gozan de autonomía es inevitable remontarse a una época que creíamos ya superada en México. Los abusos de autoridad, el uso de la fuerza y la presencia de elementos armados dentro de un centro del saber es la antítesis de la academia, el lado opuesto a las virtudes del diálogo y el uso de la razón.

Las acciones ilegales emprendidas con lujo de violencia e intimidación en el campus de la Universidad de las Américas Puebla son ejemplo claro de esos regímenes autoritarios que queremos desterrar de la escena nacional.

Siendo la UDLAP una de las mejores universidades privadas en Latinoamérica y cuna de grandes profesionales que ejemplifican la excelencia es verdaderamente indignante presenciar una embestida basada en ilegalidades, que intenta fabricar una percepción alejada de la realidad, faltando a la verdad y pisoteando la autoridad de jueces federales.

La incursión policíaca del pasado 29 de junio representa un día negro en la historia moderna de Puebla y la educación superior. Fuimos testigos de un atropello que pretende normalizarse con base en mentiras, ocultamientos y desconociendo dos suspensiones definitivas otorgadas desde el Poder Judicial de la Federación, para evitar la remoción de los integrantes del patronato de la fundación de esa universidad, que ha respaldado su desarrollo y que tiene una rica historia que comenzó en 1940.

El trabajo de la institución dio como resultado un centro académico de excelencia con espíritu humanista, que además genera valiosas oportunidades para jóvenes becados que buscan respaldo para sus estudios, tal y como se diseñó desde la Fundación Mary Street Jenkins que asigna los fondos necesarios para su sostenimiento.

Objeto de codicias, la Universidad de las Américas Puebla ha sufrido diversos embates que han pretendido apoderarse de ella, como ocurrió con Rafael Moreno Valle, quien vio en la institución un jugoso botín para beneficio personal, contexto que logró revertirse con diversos litigios que la defendieron con éxito hasta que esa permanente ambición se materializó nuevamente con Miguel Barbosa.

Los impulsores del atropello dicen estar legitimados, sin embargo, violentaron medidas precautorias vigentes. Trataron sin éxito de restarle importancia a la intervención de policías armados dentro del campus, buscaron de inmediato obtener el reconocimiento del gobierno de Puebla a través de su Secretaría de Educación, que llegó de forma expedita y refieren auditorías al vapor capaces de “descubrir” supuestas irregularidades en 72 horas. Todas estas maniobras tienen el objetivo de normalizar lo inadmisible y han logrado unificar el criterio de solidaridad en torno a la UDLAP y su fundación por parte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana (Anuies) y de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).  

Hay otros elementos objetivos que hacen de este caso un repertorio de irregularidades, ya que se han violentado los protocolos que existen para recibir en la Secretaría de Educación Pública de Puebla a una supuesta fundación no legitimada, sin duda espuria, que además no tiene autoridad académica para representar a la Universidad de las Américas.

Es además inverosímil que se quiera establecer una narrativa en la que se acusen presuntos desvíos, fraudes e irregularidades en una fundación legalmente constituida, encabezada por Margarita Jenkins de Landa que en la última década ha logrado posicionar a la UDLAP como un centro de excelencia académica con reconocimiento global. 

El fondo de esta crisis es uno de los efectos nocivos del diferendo familiar propiciado por Guillermo Jenkins de Landa, que fue capaz de denunciar penalmente a sus hermanos y a su madre.

Un tema del que poco se habla y es el tronco de un árbol podrido de origen es la violación al principio de cosa juzgada para desconocer resoluciones firmes que fueron transgredidas indebidamente. Después de una investigación exhaustiva a los integrantes de la familia Jenkins y sus abogados y ante la falta de elementos, se determinó en mayo de 2018 por parte de la entonces PGR el no ejercicio de la acción penal por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, administración fraudulenta, defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada. Esta determinación solo era susceptible de ser revocada por un Juez de Control, de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, situación que no ocurrió y propició que el resolutivo fuera inatacable con posterioridad. Tiempo después fue revocado indebidamente para establecer un doble juzgamiento que vicia de origen actuaciones posteriores que pretenden validarse sin justificación constitucional.

La violación de la cosa juzgada fue ocultada ante los jueces federales, lo que hace aún más grave esta serie de abusos. Ahora, nuevamente se actualiza un nuevo intento de apoderamiento ilícito en el campus de Cholula, propiedad de la Fundación Mary Street Jenkins.

Expreso mi solidaridad con la comunidad académica y estudiantil de la Universidad de las Américas Puebla. Escribo este artículo con la seguridad de que una serie de mentiras repetidas mil veces, no se convertirán en verdad.

EDICTOS

La variante delta que ya ha enfermado a miles de personas en México tiene en jaque la ya de por sí desgastada y maltrecha Secretaría de Salud. La irresponsable relajación de las medidas de distanciamiento y cuidado personal propician el incremento de contagios, principalmente a los jóvenes que sin vacuna y hartos del encierro están subestimando la agresividad de esta cepa más contagiosa que puede provocar graves daños hepáticos, según las investigaciones más documentadas de los expertos infectólogos. Por favor sigan cuidándose mucho.