Consulta sin difusión ni presupuesto

La consulta popular del próximo domingo enfrenta un panorama poco favorable a la participación masiva, debido a que, por un lado, el Congreso se negó a otorgar presupuesto suficiente para llevarla a cabo y, por otro, el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió que la difusión fuera minúscula en radio y televisión pese a que pudo asignarle muchos más promocionales de tiempos del Estado, considerando que se requiere informar y convocar al menos a 37 millones de personas a las urnas, cifra que representa el 40% del listado nominal y es umbral mínimo para que el resultado de la votación sea obligatorio para el Estado.

La Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) aclaró desde hace meses que la polémica pregunta, redactada por las y los ministros como condición para avalar la consulta, tendría como consecuencia, en caso de alcanzar ese umbral de participación y de que gane el “Sí”,  la creación obligatoria de comisiones de la verdad que permitan esclarecer crímenes del pasado o decisiones cuestionables de expresidentes (“actores políticos”), una medida que es en favor de las víctimas si se aplica con seriedad, que no implica definir inicio de juicios o sentencias, pero que de atenderse podría ayudar a zanjar una deuda añeja del Estado respecto a diversos temas. 

Más allá de las contradicciones que hay en el proceso para que esta consulta pueda llevarse a cabo, o el debate sobre el tema y pregunta, es una pena que dos instituciones responsables de generar condiciones en favor de una figura de democracia participativa, como es la consulta popular, no hayan logrado acuerdo ni colmado las posibilidades a su alcance para dotar de presupuesto y difusión el ejercicio y así conducirlo a buen puerto en términos de participación ciudadana.

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La redacción de la pregunta era y es discutible, pero habría sido inconstitucional someter a votación directamente “juicio” a expresidentes, porque el derecho a la justicia en favor de las víctimas no puede votarse según candados razonables de la propia constitución que prohíben votar derechos humanos. Al poner un “No” como opción a votar, el espejo de ejercicios como plebiscito por la Paz de 2016 en Colombia o la Ley de Caducidad que en 2009 abrió se consultó por segunda vez en Uruguay para mantener una amnistía de facto contra cómplices de tortura en la dictadura, podrían presentarse si se asume que el perdón o el olvido se vota en detrimento de la justicia, pero comisiones de la verdad obligatorias serían una buena noticia.

Hoy, muchas y muchos políticos desestiman la consulta porque asumen que no tendrá participación alta. Ayudaron para que eso ocurriera. 

La figura es reconocida en el mundo y puede significar un camino a dirimir asuntos sustantivos involucrando pacíficamente a la población en la toma de decisiones. Hay que cuidar la figura, merece condiciones de difusión y presupuesto adecuado. Lo que avaló la Corte es la consulta posible para este domingo, se avaló con las reglas e institucionalidad que tenemos y a nadie le conviene un fracaso de la figura, aunque su estreno no es el óptimo. 

La frase “comisiones de la verdad” debió incluirse en la boleta para darle claridad, pero no ocurrió y así la confusión es entonces de origen. Pudo mejorarse con presupuesto pero no llegó, clarificarse con difusión, pero el INE solo pautó tres y cuatro spots en cada señal de radio y televisión privadas (entre uno y medio y dos minutos), respectivamente, en lugar de 96 spots (48 minutos) como ocurre en periodos electivos, es decir, le dio a la consulta tratamiento de periodo ordinario pese a que es un periodo donde se vota en las urnas, y asumió “suficiente” los pocos mensajes ordinarios de promoción. Solo se instalarán 57 mil casillas para recibir votos porque no hubo presupuesto para colocar las 162 mil necesarias (las instaladas el 6 de junio que convocaron más de 50% de participación).

Para el INE, el presupuesto adicional requerido para instalar esas 162 mil casillas era de 1 mil 500 millones de pesos. En el jaloneo para que se otorgaran esos recursos adicionales, la Secretaría de Hacienda le pidió una propuesta más austera y entonces el instituto planteó que, condicionado a un presupuesto de alrededor 900 millones, podría instalar unas 92 mil casillas. Al final no se asignaron ni los 1 mil 500 ni los 900 millones adicionales, y cuando la propia Suprema Corte determinó que el instituto tendría que organizar la consulta con o sin más recursos, el INE acató la decisión. Sorpresivamente informó que siempre sí había encontrado la manera de “reasignar” 500 millones de pesos que ya tenía (un “ahorro”, declaró su secretario ejecutivo).

Revisaron bien los números de sus gastos presupuestados y pudieron juntar esa ronchita de 500 millones extra sin afectar su funcionamiento. Pasamos de afirmar que no había manera de organizar la consulta sin presupuesto extra al reconocimiento de que había manera de reasignar 500 millones para sí llevarla a cabo, pero solo con 57 mil casillas. Más de 100 mil casillas menos a las que se instalaron el 6 de junio para la elección federal de este año.

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El Congreso debió asignar los recursos de cualquier forma y el INE difundir la consulta en radio y televisión. Trabajadoras y trabajadores electorales trabajan para instalar las casillas de votación, lo harán muy bien, pero no será suficiente para lograr una convocatoria masiva. Sea cual sea el resultado de este domingo, es importante cuidar la figura de la consulta, quizá volver a sincronizar su jornada con las elecciones ordinarias sin que eso implique que sea la única fecha, darle presupuesto necesario y asignarle tiempo del Estado en radio y televisión con tratamiento de periodo electivo y no interpretando que es “suficiente” darle tratamiento de periodo ordinario como se hizo esta vez. Debió asignarse más tiempo del Estado, aunque se molesten las grandes empresas televisivas, la consulta requería más difusión. Falló el Congreso en presupuesto y el INE en difusión masiva en radio y televisión, aunque ahí estarán las boletas esperando a cada votante.

@lmcarriedo