Licenciada en Relaciones Internacionales. Consultora en imagen pública y estratega en comunicación. Actualmente produce y conduce el programa The White Table para MMoodtv. Cofundadora del colectivo TÚ x México. Twitter: @anapatam_mx
La ley se aplica. No se somete a la voluntad ciudadana.
Legalmente cualquier consulta ciudadana solo es vinculante cuando el 40% del padrón electoral asiste a las urnas. Sin embargo, la pregunta que se planteará este 1º de agosto en la consulta popular 2021 es tan ambigua y absurda que me resulta fácil anticipar que los resultados serán un festín para la defensa legal de cualquier exfuncionario al que quieran iniciarle un procedimiento.
Al ir “en contra de una decisión política, tomada en los años pasados por los actores políticos”, la amplitud de “actores políticos” no se refiere a alguien en particular (es decir, se refiere a nadie), pero sí podría prestarse a promover una fácil defensa en el caso de señalar a exfuncionarios públicos. El término queda abierto a cualquier tipo de interpretación.
Lo más irónico de este asunto es que, a pesar de que el resultado del ejercicio fuera un Sí, no necesariamente se podría vincular a las instituciones de procuración ni a las de impartición de justicia para someter a ninguna persona a un proceso judicial. Nadie en su sano juicio se puede negar a que se investigue un delito. Y aun cuando se investigara, si no hubiera un delito que perseguir, la denuncia no conduciría a ningún resultado.
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En pocas palabras, el presidente o cualquier ciudadano puede presentar una denuncia sin necesidad de una consulta popular. Y claro, solo en caso de conocer algún delito se tiene la obligación de denunciar los hechos.
Por otro lado, este inservible ejercicio representará un gasto de 528 millones de pesos, sí, un gasto y no una inversión por 528 millones de pesos o más de 26 millones de dólares, equivalentes a alrededor de 70,000 quimioterapias. Fácil, adivina cuáles son las prioridades del presidente…
De acuerdo con las diferentes casas encuestadoras, se tiene prevista una muy baja participación ciudadana, principalmente debido a tres razones. La primera es que muchos mexicanos no creen en el valor de este instrumento, bajo la premisa de que la ley no se cuestiona. La segunda razón obedece a las fuertes críticas que el ejercicio ha recibido formal e informalmente, por la opinión pública y diversos sectores ciudadanos, cuestionando tanto su necesidad como su utilidad. La tercera, y no menos importante, es que estamos viviendo el tercer repunte de la altamente contagiosa variante delta del Covid-19.
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Sin embargo, la única realidad y la más poderosa razón es que actualmente la mayoría de la gente está más preocupada por su seguridad, su salud y por llevar alimentos a su hogar, que por participar en una encuesta patito.
Lo que se avecina después de la tomada de pelo de esta consulta popular es una tormenta perfecta de argumentos, pretextos y chantajes para que el presidente descalifique al Instituto Nacional Electoral (INE) y promueva los cambios necesarios sobre ese instituto, con el fin de quitarle la autonomía.
El presidente no deja que el pueblo realmente decida sobre temas de trascendencia nacional. Más bien se limita a armar circos de estilo romano para asuntos triviales y ruidosos. Porque es simple: la ley se aplica y no se somete a la voluntad ciudadana.
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