Otro fracaso sin consecuencias
Ciudadano Político

Provocador de ciudadanos, creador de espacios de encuentro y conocimiento. Exservidor público con ganas de regresar un día más preparado. Abogado y politólogo con aspiraciones de chef. Crítico de los malos gobiernos y buscador de alternativas democráticas. Twitter: @MaxKaiser75

Otro fracaso sin consecuencias
Las casillas comezaron a cerrar a las 18 horas. Foto: Diego Delgado/La-Lista

Es incorrecto e inmoral tratar de escapar de las consecuencias de los actos propios”.

Mahatma Gandhi

Uno de los pilares fundamentales de una democracia es que las decisiones del poder son revisables y tienen consecuencias. Esta premisa no está sujeta ni al nivel de votación con el que se eligió a un gobierno ni a la popularidad que tiene al momento de tomar la decisión o sufrir sus consecuencias. En una democracia se rinde cuentas de cada decisión porque se toman en nombre del bien común, utilizando el poder y los recursos públicos, y limitado por la Constitución y las leyes.

El gobierno en turno en México cree, 32 meses después de haber tomado el poder, que esas reglas básicas de la democracia no le aplican. Confunde la legitimidad de arranque y la supuesta popularidad en las encuestas, con un permiso para violar la ley, mal gastar los recursos públicos, destruir las instituciones y, sobre todo, para no rendir cuentas respecto de los fracasos provocados por sus decisiones.

Este domingo sumaron un fracaso más a su larga lista. Vale la pena hacer un breve recuento de los daños. Una de las grandes promesas de campaña del actual presidente era luchar contra la corrupción. México tenía una enorme esperanza de justicia, después de décadas de impunidad, pactada entre la clase política. Los meses del actual gobierno pasaban y no había un solo caso investigado o sancionado. Las autoridades encargadas de investigar o documentar casos de corrupción estaban ocupados en proteger a miembros de este gobierno y filtrar supuestas acusaciones en contra de enemigos políticos, que hoy en día carecen de conclusión o sentencia.

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Los cuestionamientos sobre la fallida lucha contra la corrupción se empezaron a multiplicar, al igual que los cuestionamientos sobre los fracasos en temas fundamentales como la economía, el manejo de la pandemia, el desabasto de medicinas, la violencia, el despliegue de fuerza del crimen organizado, el aumento de la pobreza, el desastre de la política energética o el fracaso en las medidas para mantener funcionando el sistema de educación pública durante la pandemia.

Así, el presidente decidió atender uno a uno estos cuestionamientos, con toda seriedad, datos duros y medidas concretas, y corregir con base en la recomendación de expertos reconocidos. Es broma, no me volví loco, sólo quería saber que aún estabas conmigo. En realidad, el presidente decidió montar un circo. Utilizando el mecanismo de democracia directa de consulta popular establecido en la Constitución. En su afán de hacerlo espectacular envió la siguiente pregunta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ser calificada: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

La pregunta es a todas luces inconstitucional porque las autoridades competentes tienen la obligación de actuar en contra de cualquier persona que haya cometido un delito. Es decir, no es opcional. Además de que viola la garantía de presunción de inocencia, porque se señala a personas específicas, como si estuvieran bajo sospecha concreta y el Estado tuviera algún impedimento para investigarlos y sancionarlos. No hay, y no lo tiene. La SCJN la declaró inconstitucional, y ahí debió acabar el circo.

Pero el sr. López tiene un gran amigo en la Corte, su presidente, que cabildeó al interior del órgano para generar una alternativa. Y nació así la pregunta más ridícula y boba que pudieron concebir. El circo estaba vivo y el INE tendría la obligación de organizarlo. Esto costó 528 millones de pesos de tus impuestos. El INE hizo un trabajo impecable. Se instalaron el 99.99% de las 57 mil mesas receptoras del voto, con lo que esto implica en términos de despliegue nacional y organización. Todo el material estuvo en su lugar, y solo acudieron 6.6 millones de ciudadanos, el 7.1% de la Lista Nominal. 87 millones de mexicanos con credencial de elector se quedaron en su casa, 87 millones de boletas se quedaron en los blocs.

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El costo de este gran fracaso no solo es los 528 millones de pesos, sino el tiro de gracia que recibe este mecanismo de democracia directa, que apenas se estrenaba. No veo cómo pueda convencerse en un futuro a la población de que es un instrumento eficaz, que vale el gasto y el despliegue. ¿Quién paga los platos rotos? Nadie. Como todo fracaso de este gobierno, el costo económico, político y social se disuelve en una sorda discusión entre bandos.

Es momento de aprender a exigir cuentas y generar responsabilidades. La democracia solo funciona a medias si quienes ejercen el poder tienen un cheque en blanco que pueden utilizar impunemente todas las veces que quieran, durante el periodo de su encargo. Es momento de activar todos los mecanismos jurídicos a nuestra disposición para generar consecuencias concretas, sobre personas concretas, que toman malas decisiones. Solo así, la ciudadanía será tomada en serio por la clase política. Mientras solo tengan que aguantar algunas mentadas de madre, se seguirán riendo de nosotros.