México, paraíso de criminales

“100 sospechosos no prueban nada”Fiódor Dostoyevski

El negocio más rentable en México es el crimen. No es una invitación, ni una buena idea y menos estoy haciendo apología del delito. Estoy describiendo un hecho tangible y verificable. 

En este país, quienes ponen un negocio o tienen una empresa establecida tienen que invertir mucho dinero propio, cumplir muchas leyes y reglas, crear una base de clientes y mantenerla a través del buen servicio, la buena calidad de los productos y de la confianza que genera la marca. Esto es un reto enorme. La promesa para las empresas y los empresarios en una democracia es que si hacen todo esto les irá mejor que a los delincuentes o, por los menos, que correrán menos riesgos y serán socialmente aceptados. Pero en México todo funciona al revés.

Hoy, ser un empresario formal es un negocio de alto riesgo. Las leyes y las reglas se aplican a capricho de los diferentes gobernantes, que las cambian a placer y las ejecutan con rigor a quienes no forman parte de su grupo político. Los negocios establecidos están permanentemente expuestos a la delincuencia privada y a la pública, es decir, a los funcionarios que utilizan el poder para extorsionar y obtener beneficios ilegales a través de sus funciones. Están expuestos a los vaivenes de una economía inestable y mediocre que nunca crece hasta su potencial. Están expuestos a leyes laborales populistas que no promueven la inversión. Y, ahora, si se organizan para promover sus intereses, son además el enemigo político del gobierno en turno. Y, a pesar de todo esto, tienen que pagar puntualmente sus impuestos, o ser tratados como los peores delincuentes del país.

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En cambio, hacer de la delincuencia el negocio familiar es altamente rentable. Desde la delincuencia organizada privada y la pública (las redes de servidores públicos que se enriquecen con el poder) hasta los delincuentes menores poco organizados, que roban en un transporte público. No invierten recursos propios y no están sometidos a regla alguna. No pagan impuestos y su éxito no depende del crecimiento de la economía. No están obligados a respetar derecho alguno de la red de personas que “contratan”, ni de repartir utilidades. Todos estos “beneficios”, en una democracia, deberían estar contrarrestados por el enorme riesgo de perderlo todo, por violar la ley. Pero ese riesgo en México es muy bajo. Los delincuentes no parecen ser los enemigos reales del Estado mexicano.

Según Impunidad Cero, organización social que se dedica a estudiar el fenómeno de la delincuencia, en 2019 la impunidad en el delito más grave e impactante socialmente, que es el homicidio, fue del 90%. Es decir, de cada mil asesinatos, 900 quedan impunes. Según otro estudio realizado por México Evalúa en 2018, el promedio nacional, en diferentes tipos de delitos, es del 87%. Todos los elementos del sistema de justicia parecen indicar que en los últimos tres años está cifra solo ha empeorado. Así, la posibilidad de pagar una consecuencia legal por matar a alguien, secuestrarlo, robarle sus bienes o defraudarlo es solo de 10 por cada 100 veces que se realiza uno de estos actos. Así, los delincuentes invierten muy poco, “ganan” mucho, y su riesgo de pagar una consecuencia legal es muy bajo. Es el negocio más “rentable”. 

Este problema tiene décadas, y nadie ha querido entrarle de manera integral. Hay cinco cosas que el Estado tiene que hacer bien para que el delito sea un negocio de alto riesgo. Primero, el Estado debe tener capacidad para identificar delitos, para saber que alguien está violando la ley. Segundo, el Estado debe tener herramientas para reunir los elementos de prueba que permitan señalar a una persona en concreto, una vez que sabe que se violó la ley. Es decir, debe saber investigar. Tercero, el Estado debe tener la capacidad de convertir esas pruebas en un expediente que pueda defender frente a un juez, y que este tenga la capacidad de encontrar responsable a aquel que fue señalado. Cuarto, el estado debe ser capaz de impartir justicia, es decir, de sancionar a aquel que fue probado responsable a través de un juicio justo en el que se respetaron todas las garantías. Y quinto, el Estado debe tener la capacidad de aprender de todos los pasos anteriores, para generar verdaderas políticas de prevención, que eviten el delito, antes de que se cometa. 

Ninguno de estos cinco pasos sirve hoy en México, y nada se está haciendo para que mejoren. Es poco popular, y poco rentable electoralmente, arreglar un sistema que tiene décadas descompuesto, y que tardará muchos años en componerse, si se hace la inversión política hoy. Por eso, el gobierno en turno prefiere mentir con cifras oscuras y triunfalismos absurdos. Apela a la confianza de los propios y al desprestigio de los críticos. Y, mientras, los ciudadanos vivimos a merced del crimen, que disfruta de este paraíso de impunidad. Pero esto tiene remedio. Cada uno de estos cinco aspectos puede reconstruirse y mejorar sustancialmente. Muchos países lo han logrado, pero se requiere de un compromiso total de gobierno y sociedad, que debemos construir ya. Esta debe ser la prioridad de la gran coalición ciudadana que debemos construir hacia el 2024.