Reglas opcionales

Durante el fin de semana hubo información sobre un accidente en la carretera México-Cuernavaca que dejó varias personas muertas. Desde esta columna, mandamos nuestras condolencias a quien haya perdido a algún familiar en tal accidente. 

Una vez dado el pésame, es indispensable reflexionar sobre las razones por las cuales ocurren estas cosas, y por qué ocurren en México.

De acuerdo con información proporcionada por el Inegi el 29 de julio de 2021, los accidentes son la novena causa de muerte en México, con 32 mil 334 decesos. La mayoría de los difuntos somos hombres (25 mil 371 vs 6 mil 942 que sufren las mujeres). En ellas es la novena causa de muerte, en los hombres, es la octava. 

Las carreteras federales y estatales en México no están diseñadas para circular a altas velocidades. Ir a más de 120 kilómetros por hora en una autopista en el país es una invitación a que la muerte nos alcance. Habrá quien diga que los mexicanos estamos “cableados” para asumir ese tipo de riesgos. El reto, la velocidad, la adrenalina son parte de nuestra “pulsión de muerte”, para usar un término freudiano que Paz determinó como el sentimiento dominante entre nosotros. 

Tenemos en esta columna una hipótesis más banal: son crímenes que no se castigan con la suficiente frecuencia. Por ello, la gente piensa que las reglas de velocidad, que son de observancia obligatoria, en realidad son opcionales. 

Normalmente, cuando algún diputado o senador quiere legislar en la materia, pide “penas más duras” para los irresponsables, o prohibiciones.

Ni las motos, ni los coches, ni las bicis, ni los peatones, ni los camiones chicos o grandes deberían estar prohibidos. Lo que debe estar prohibido es la imprudencia al volante, y esta debe tener un castigo adecuado. Castigos leves, con una probabilidad de castigo alta, van a funcionar mejor que penas más duras que rara vez se aplican. 

Las pruebas de alcoholemia son un gran ejemplo. El castigo es leve, pero la probabilidad de castigo es alta. Por lo tanto, los mexicanos sí hemos modificado nuestra conducta a partir del alcoholímetro y el arresto de fin de semana. Si la pena fuera dos años de cárcel, al juez le temblaría la mano al imponerla. Todos los encargados de hacer justicia tendrían incentivos a extorsionar al delincuente, quien podría evitar el castigo mediante corrupción.

Repensemos los crímenes viales y sus castigos. Las casetas de cobro son un lugar donde se puede detener a los infractores por velocidad. Una foto digital alertaría a la Guardia Nacional para detenerlos justo antes del pago de peaje. 

Para ello, necesitamos consenso social de que las reglas se tienen que cumplir. En las carreteras, donde hay riesgos gigantescos a la seguridad, con más razón. Quizá la gente que vende dulces y camotes en el arroyo vehicular antes de las casetas de cuota podrían vender sus productos a los detenidos en el “torito” que Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) instalen en cada caseta. 

En lugar de prohibir las motos o los dobles remolques, prohibamos a los imprudentes en las carreteras. Quitémosle su derecho a manejar al que recurrentemente rompe las normas. Boletinemos en las cantinas o bares a los que salen siempre positivos en las pruebas de alcoholemia, con prohibición para que se les sirva alcohol. Pasemos los costos de no cumplir con las normas a los infractores, no al resto de la población.