Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos?

Bajo la premisa de un supuesto fortalecimiento del empleo y la eliminación de prácticas que afectan los derechos laborales de los trabajadores, la Secretaría del Trabajo, de la mano de Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno, presentó el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse).

El padrón supone facilitar a empresas registradas el proceso de tercerización de servicios que no coincidan con su actividad preponderante y que, en un claro criterio de subordinación, el personal contratista no quede a las órdenes del cliente, sino de su patrón.

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), la Asociación Mexicana de Agencias de Promociones (Amapro), la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) y la Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos (ANFAD) aseguraron en tiempo y forma que la desaparición del outsourcing no tendría los resultados deseados por el actual gobierno, sino por el contrario derivaría en pérdida de empleos directos e indirectos, menor crecimiento en infraestructura de tiendas y supermercados, y disminución en reparto de utilidades.

La ley entró en vigor el 1 de septiembre y en la práctica ha sido todo un lío para las tiendas departamentales como Liverpool, entre otras, que no han logrado interpretar y echar a andar acciones concretas para su implementación. Demostradores de marcas tecnológicas, por ejemplo, que promueven la prueba de productos y servicios para concretar ventas de empresas tecnológicas no hay podido regresar a trabajar; y ni qué decir del enredo en el que están metidos los proveedores de call center que ofrecían miles de empleos que hoy penden de un hilo.

En paralelo entró en vigor la Ley de Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en materia de Contratación de Publicidad, alterando la historia de años del quehacer de esta industria en cuanto a compra de espacios publicitarios por parte de las agencias para venta a anunciantes, y cerrando la posibilidad del pago de comisiones por parte de los medios a las agencias de publicidad, al obligar a los medios a emitir facturas de manera directa a los anunciantes.

Aunque la propia Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó en su momento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el decreto de la ley de publicidad, ésta la desmintió argumentando que se estaba metiendo en asuntos que no le competen, aún cuando la naturaleza de la comisión sea contribuir al bienestar de las personas, al funcionamiento eficiente de los mercados y mejorar las condiciones para que se ofrezcan al consumidor servicios de mayor calidad para sentar las bases de un suelo parejo para las empresas.

Tristemente la conclusión de la gestión de Jana Palacios como comisionada presidenta de la Cofece no es buen augurio para que las cosas tomen un buen cauce. Al desmantelamiento de los órganos reguladores se suman también los del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como un compromiso de la 4T para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob).

Lo interesante será definir qué significa el concepto de bienestar para el gobierno y por qué todos sus nuevos organismos coinciden que lo que hacen es por el bien de las empresas y de los propios consumidores mexicanos, cuando en la realidad se están quedando sin instituciones que velen por sus intereses y se están perdiendo cientos de empleos en la puesta en marcha de un sin fin de estrategias sin una orientación de crecimiento económico. Todo esto en un entorno donde los programas asistencialistas de “bienestar” se usan como bandera para “combatir“ la crisis económica en la que nos encontramos como país.

Así comienza el noveno mes de año, y la mitad de un sexenio donde cada vez son menos los que podrán defendernos.