El caso Azcárraga y a la sucesión en la Corte

Inimaginable controversia interna ha generado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el asunto de la devolución de impuestos a Carmela Azcárraga Milmo, tía del actual presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean.

La decisión de la Segunda Sala para conceder que en el caso hubo un exceso de pago de impuestos, más su actualización que en números redondos significan 47 millones de dólares que el SAT tendrá que reintegrar a los deudos de la señora Azcárraga Milmo, tiene enfadado al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien no le interesa saber de los tecnicismos del añejo litigio para reprochar a la institución el boquete que tendrá que solventar su administración.

El marcaje mediático que se ha dado al asunto desde Palacio Nacional tiene nerviosos a algunos integrantes del pleno rumbo a la sucesión del ministro Arturo Zaldívar en la presidencia del Tribunal Constitucional.

Si pensamos en un criterio de exclusión rumbo a este trascendente relevo, se debe considerar fuera de la ecuación a Luis María Aguilar, a su escudero Alberto Pérez Dayán, al ministro Fernando Franco que se retira en poco más de dos meses y a quien llegue en su lugar. También quedarían fuera de las posibilidades el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y el propio Zaldívar. Esta hipótesis deja en la pelea a las tres mujeres del pleno (Yasmín Esquivel Mossa, Norma Piña Hernández y Margarita Ríos Farjat), además de Alfredo Gutierrez Ortiz Mena, Javier Laynez y Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Curiosamente, de estos seis nombres a tres se les ha querido asociar en el salpicadero de recriminaciones por el tema de la millonaria devolución de impuestos, en virtud de sus anteriores responsabilidades en asuntos tributarios. Alfredo Gutierrez y Margarita Ríos Farjat como exjefes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Laynez Potisek como exprocurador Fiscal de la Federación, siendo que ninguno de los mencionados tiene responsabilidad en el tema en el que patinó directamente la ministra Yasmín Esquivel Mossa, que es sabido dentro del Máximo Tribunal, tiene operadores externos de comunicación que llevan su agenda sin recurrir al aparato institucional.

¿Por qué les digo todo esto? Por versiones directas generadas recientemente en los pasillos y oficinas del tercer piso del edificio sede allá en Pino Suárez 2. Ante el golpeteo externo por el litigio fiscal de Carmela Azcárraga, cuyo proyecto fue elaborado por la ministra Esquivel Mossa y que ante el naufragio busca repartir responsabilidades a dos de los más adelantados perfiles para aspirar con fuerza a la presidencia de la Corte. 

Desde esa ponencia se presentó una forzada aclaración de sentencia que hizo levantar las cejas por improcedente y que solo se explica desde la pretensión de justificarse ante los ojos del Ejecutivo Federal. En la desafortunada aclaración se trató de reinterpretar la resolución para trasladar la procedencia de la devolución de los mil millones de pesos a las autoridades administrativas. 

La estrategia mediática para golpear a Ríos Farjat está encaminada a desviar la atención generando impactos negativos para la extitular del SAT al inicio del sexenio. En la operación jurídica el ejecutor de Yasmín Esquivel se llama Juvenal Carbajal, magistrado con licencia que coordina su ponencia e intenta demorar lo más que se pueda el expediente de la aclaración, para evitar que se active la maquinaria que haga cumplir materialmente el pago del SAT, que probablemente costaría a su jefa la preferencia presidencial que la convierta en sucesora de Zaldívar. 

Juvenal Carbajal es un personaje que ha concentrado diversas denuncias de maltrato y prepotencia en esa oficina dentro del equipo que tampoco le reconoce un amplio conocimiento jurisdiccional para coordinar la ponencia. Resta mucho y suma poco a las aspiraciones de su protectora, sin embargo es muy cercano a ella y se ufana de ser intocable.

Por otro lado, el ministro Laynez votó contra el proyecto de la devolución y su anterior encargo como procurador Fiscal nada tiene que ver con lo resuelto. En el caso de la ministra Margarita Ríos Farjat, su paso por el SAT no muestra por ningún lado responsabilidades respecto a la resolución de la millonaria suma, ni siquiera integra la Segunda Sala en la que se votó el caso. Parece que desde la perspectiva de la ministra Esquivel, cuya cercanía con López Obrador se da a través de su esposo, José María Riobóo, uno de los empresarios consentidos del tabasqueño, sus principales rivales rumbo a la presidencia del Tribunal Constitucional son justamente los nombres más mencionados en el golpeteo mediático. 

Esto es un preámbulo de la encarnizada y anticipada disputa por la presidencia de la Corte, en la que el voto de quien llegue en lugar del ministro Franco en diciembre será crucial para enero de 2023. Todo tema álgido ante la opinión pública a resolverse en el pleno o las salas tendrá resortes que generarán fricciones en la carrera de la sucesión, así suele ser cada cuatro años. 

El peor escenario para el presidente López Obrador es el de una Suprema Corte independiente que resista las presiones que ejerce ante el trabajo autónomo de los juzgadores federales, entre los que se incluyen las ministras y los ministros. A Zaldívar le restan poco más de 15 meses al frente del Poder Judicial, tiempos intensos en los que los desgastes serán cada vez mayores para la construcción de alianzas al interior del pleno que está dividido en grupos antagónicos.       

EDICTOS

Se han cumplido 12 semanas de la violenta intervención con policía estatal para tomar las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Es increíble la desfachatez con la que el gobernador Miguel Barbosa ha operado para intentar apropiarse de patrimonio privado, bajo la fachada de la “normalidad” que un patronato y rector espurios tratan de mostrar ante una sociedad poblana severamente lastimada por la impunidad flagrante de un grupo de cuatreros que acechan con artimañas y engaños el patrimonio de la fundación filantrópica más importante de Latinoamérica, propietaria de ese campus en Cholula. La Fundación Mary Street Jenkins ha exigido al gobernador de Puebla que saque las manos del conflicto que lastima a la UDLAP y pide a la sociedad no perder la capacidad de indignación por un atropello tan infame, que podría reproducirse en otras instituciones privadas con el mismo modelo empleado por los abogados chicaneros que viven de lo ajeno comprando voluntades de diversos funcionarios y jueces corruptos en la Ciudad de México. Mientras tanto, parece que la noche se le viene encima al fiscal general de la República por ser evidentes y hasta burdos los casos en los que ha utilizado a la institución que encabeza para fabricar persecuciones contra quienes le estorban en sus intereses personales. Los abusos de Alejandro Gertz Manero son insostenibles y llaman la atención de diversos organismos internacionales dedicados a la protección de los derechos humanos.