Estigmatizar el debate: la libertad de expresión en riesgo

La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) evalúa cada año la situación de la libertad de prensa en 180 países de todo el orbe, para lo cual considera diversos aspectos que le permiten en su conjunto integrar un indicador anual denominado ‘Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa’.

Dentro del citado índice publicado en 2021, México se ubicó en la posición 143 de 180 países evaluados, encontrándose por debajo de naciones como Sudán del Sur (139), Palestina (132) e incluso Afganistán (122). Lo anterior implica que, conforme a los datos fríos y duros que arroja el indicador elaborado por la organización Reporteros Sin Fronteras, se puede concluir que en México existe menor libertad de prensa que en países en donde actualmente se desarrollan conflictos armados.

Lamentablemente este índice no constituye un simple dato en abstracto, pues refleja una terrible e innegable realidad: desde el año 2000 en nuestro país han sido asesinados 167 comunicadores, siendo el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador el más violento para ejercer el periodismo en la historia reciente de México, pues exactamente a la mitad de su periodo de gobierno la cifra de periodistas asesinados ya suma la indignante cantidad de 50; por encima de los 48 registrados durante todo el sexenio de Felipe Calderón y los 47 correspondientes al periodo de Enrique Peña Nieto.

Apenas en marzo de este mismo año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por conducto de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, publicó su informe anual sobre el tema –libertad de expresión–, abordando con preocupación el caso mexicano. Por ejemplo, tratándose de los delitos cometidos en contra de periodistas, la CIDH precisó que se tiene ampliamente documentado que el 99.6% de éstos no han sido esclarecidos. Pero el reporte va más allá pues consigna también los diversos señalamientos y ataques que se han lanzado desde el poder público en contra de comunicadores y medios.

En una parte del documento citado, la Relatoría Especial indica que “(…) tuvo conocimiento de una serie de declaraciones estigmatizantes de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador así como de otros funcionarios públicos en contra de medios y organizaciones de la sociedad civil”.

En múltiples páginas del informe, la Relatoría Especial da cuenta detallada de los diversos agravios que desde las conferencias mañaneras se lanzaron en contra de periodistas o de los propios medios de comunicación:

“(…) La Relatoría Especial recibió información sobre el uso que el presidente López Obrador le daría a algunas de sus conferencias de prensa matutinas para señalar a medios, periodistas y columnistas que en su percepción estarían siendo críticos de su administración”.

Lo consignado en el informe de la CIDH desnuda al régimen obradorista, pues mientras la realidad lo ubica como el sexenio más violento para el ejercicio periodístico, en contraste, sus posturas y declaraciones frente a comunicadores y medios resultan francamente beligerantes.

Así, lejos de adoptar una postura institucional que permita garantizar el ejercicio libre, seguro e independiente de la libertad de prensa, el presidente y sus apologistas han contribuido por acción –u omisión– al detrimento y polarización en torno a la labor periodística. 

En la sentencia de 28 de enero de 2009 relativa al ‘Caso Ríos y otros Vs. Venezuela’, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que las declaraciones estigmatizantes provenientes de funcionarios públicos podrían constituir una restricción indirecta al derecho a la libertad de expresión. 

Cada ataque en contra de un periodista o medio de comunicación, deberíamos sentirlo y asumirlo como un agravio directo en contra de cada uno de nosotros. Si bien es cierto la libertad de expresión constituye un derecho cuyo goce y ejercicio resulta común a todos los mexicanos, cierto también es que gracias a la labor periodística esa libertad le permite a los ciudadanos discutir y criticar de manera informada a los titulares del poder público, así como debatir reflexivamente para la formación de posición frente a los problemas colectivos.

La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los medios de comunicación social se cuentan entre los forjadores básicos de la opinión pública en las democracias actuales y en consecuencia resulta indispensable que tengan aseguradas las condiciones para incorporar y difundir las más diversas informaciones y opiniones. 

Resulta fundamental entender que somos nosotros, los propios ciudadanos, los mayores beneficiados cuando la libertad de prensa se ejerce de manera libre y sin presiones. Así, desde su dimensión política, el derecho fundamental a la libertad de expresión nos ha permitido mantener abiertos los canales para el disenso y el cambio político, al mismo tiempo que se configura como un contrapeso al ejercicio del poder y contribuye a la formación de la opinión pública.

A quienes hoy defienden a capa y espada a este régimen, resulta oportuno recordarles que gracias a la prensa libre se pudo documentar los incontables abusos y casos de corrupción acontecidos en gobiernos anteriores. Gracias a los medios de comunicación el debate público se diseminó y permitió contrastar las diversas ideas de gobierno, otorgándole a la ciudadanía la información necesaria para elegir a sus gobernantes. Incluso, me atrevería a afirmar sin temor a equivocarme, que fue gracias a la libertad de expresión, que la alternancia política se volvió una realidad en nuestro país.

Permitirle a cualquier gobernante en turno agraviar la labor periodística resulta equivalente a renunciar a nuestra propia libertad.