El juicio para matar al mensajero y la libertad de expresión

El 27 y el 28 de octubre de 2021 son, quizás, dos días que marcarán la vida no solo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, sino del mundo que cree en la libertad de expresión. Durante estos días, el Tribunal Superior de Londres analiza el recurso de apelación interpuesto por el gobierno de Estados Unidos para revocar la decisión de la jueza británica, Vanessa Baraitser, de no extraditar al periodista australiano a la jurisdicción estadounidense.

El fallo de la jueza Baraitser, emitido en enero, se basó en razones de salud mental, al admitir que una extradición pondría en riesgo de suicidio al fundador de WikiLeaks. No es para menos: Assange está prisionero en una cárcel de alta seguridad en Londres desde hace más de dos años, sumados a los 2 mil 487 días que estuvo exiliado en la embajada ecuatoriana de la capital inglesa.

Esto sirvió para que la representación legal de Estados Unidos combatiera la decisión en la audiencia del miércoles e intentara demostrar que no sería sometido a un tratamiento especial ni sería recluido en una prisión de alta seguridad ADX Florence, en Colorado, donde también se encuentra Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Si Assange es extraditado, se abre la posibilidad de que la justicia estadounidense lo someta a juicio hasta por 18 cargos, incluyendo el complot para hackear computadoras y conspiración para obtener y difundir información de seguridad nacional, enfrentando una sentencia de 175 años si es extraditado. 

¿Por qué debe importarnos? Si no fuera por WikiLeaks, no sabríamos, por ejemplo, sobre el ataque de dos helicópteros de guerra de Estados Unidos en contra de la población civil de Bagdad, quienes asesinaron además a dos periodistas de la agencia Reuters. Y quizás nos habríamos tardado en comprobar que el gobierno mexicano, durante el sexenio de Felipe Calderón, fue el principal cliente a nivel mundial de la empresa de tecnología para vigilancia masiva HackinTeam, lo que eventualmente planteó llamados enérgicos (aún vigentes) para establecer controles sobre la adquisición de este tipo de tecnología.

Y, no menos relevante, la amplificación de una cultura de la colaboración entre los medios de comunicación que va más allá de la rivalidad, para dar a conocer información de interés para la sociedad producida a partir de documentos filtrados. Así, las investigaciones recientes de casos como los Pandora Papers, los Panamá Papers o la corrupción de alto nivel, como el caso Odebrecht, han sido producto de trabajos colaborativos a partir de prácticas detonadas en gran medida por WikiLeaks y el desarrollo tecnológico. 

La judicialización y criminalización de Julian Assange deben ser vistas con preocupación por todas las personas, organizaciones y países que se dicen defensoras de las libertades y la justicia. Las acciones que persigue el gobierno de Estados Unidos son un intento por combatir en los tribunales que se lleve su actuar en la opacidad al escrutinio público. Esto es un claro mensaje de disuasión para quienes busquen crear y diseñar plataformas de denuncia y generar verdaderos contrapesos al poder que van más allá de los cortes ideológicos.

Assange no sería la primera persona que Estados Unidos lleva a prisión por la divulgación de información confidencial. La exmilitar y analista estadounidense, Chelsea Manning, fue condenada a 35 años de prisión por filtrar documentos secretos relacionados con la guerra de Afganistán e Irak (incluyendo el video que evidencia el asesinato de civiles y los periodistas de Reuters). El expresidente Barack Obama le otorgó el perdón en sus últimos días de gobierno. 

Otro informante, Edward Snowden, se encuentra autoexiliado en Rusia para evitar su detención y enjuiciamiento por dar a conocer la existencia de los programas de vigilancia masiva sin control y en contra de la población civil, lo que es un atentado contra los derechos a la privacidad, la libre expresión e información.

Tampoco se deben desestimar las advertencias sobre la salud de Assange. Por más que el gobierno de Estados Unidos pretenda demostrar que se le brindará el cuidado adecuado, lo cierto es que el fundador de WikiLeaks ya lleva más de 13 años sin libertad, sin autonomía y bajo amenazas constantes ¿Cómo tener la certeza de que se velará por su integridad, cuando hace unos días salió a la luz que la Agencia Central de Estados Unidos (CIA) estaba planeando asesinarlo? La situación es inhumana: Tan solo imagina vivir con un sentimiento de persecución permanente y que, por más de una década, no puedas salir siquiera a la tienda de la esquina. 

Por eso no debemos echar en saco roto los llamados que constantemente hacen organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Federación Internacional de Periodistas (IFJ), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) o Amnistía Internacional, figuras que van desde Snowden hasta el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: Julian Assange debe ser liberado. 

Hay que decirlo claramente: mantener encerrado a Assange, persistir con la persecución judicial, sin garantías sobre su seguridad ni respeto a su integridad es matar al mensajero y a la libertad de expresión. Las filtraciones hechas en WikiLeaks o cualquier otra plataforma deben detonar la transparencia, la rendición de cuentas y los controles de poder sobre los gobiernos, y no, la restricción de los derechos básicos en toda democracia.  

¿Qué evidencia el juicio de Assange? Que por muy alto que los gobiernos pongan su bandera de las libertades, existen vicios y maquinarias respaldadas por los Estados, que ponen en riesgo a las democracias; que no existen las garantías ni protecciones suficientes para quienes colocan la luz sobre las sombras donde persisten los abusos de poder, y que necesitamos una Ley que garantice la protección tanto de las personas como de las plataformas informantes. De lo contrario, seguirán matando mensajeros por intentar matar el mensaje.