Un año después del ataque al Capitolio, ¿qué ha aprendido realmente Estados Unidos?

Hace un año, colocó frenéticamente las barricadas en las puertas de la galería de la Cámara para impedir el paso de la turba violenta. Hoy, califica la insurrección como una “mentira descarada” y compara el suceso con “una visita turística normal”. La historia de Andrew Clyde, que representa una parte de mi –muy manipulada– ciudad universitaria liberal en la Cámara de Representantes, es la historia del partido republicano en 2021. Presenta un partido que tuvo la oportunidad de romper el curso antidemocrático existente durante el mandato de Donald Trump, pero que resultó demasiado débil en cuanto a ideología y liderazgo para hacerlo, presentando así una amenaza fundamental para la democracia estadounidense en 2022 y posteriormente.

Clyde es un ejemplo de otro acontecimiento en curso, la lenta pero constante toma de posesión del partido republicano por parte de nuevos, y con frecuencia relativamente jóvenes, partidarios de Trump. En 2015, cuando su enorme armería en las afueras de la ciudad todavía ondeaba la antigua bandera de Georgia, que incluye la bandera confederada, era un partidario solitario y abierto del entonces candidato presidencial Trump, y tenía varios grandes carteles a favor de Trump y en contra de las fake news que adornaban su armería. Cinco años después, Clyde fue electo para la Cámara de Representantes como parte de una avalancha de novatos que apoyan a Trump, que en su mayoría reemplazaron a los republicanos que apoyaron al presidente Trump de forma más estratégica que ideológica.

Con su giro de 180 grados sobre la insurrección del 6 de enero, Clyde regresa a la línea con la mayoría de la base republicana, como muestra una reciente encuesta de la Universidad de Massachusetts. Tras la conmoción inicial, y la amplia reprobación, los republicanos acogen a las personas que irrumpieron en el Capitolio el año pasado, refiriéndose principalmente al suceso como una “protesta” (80%) y a los insurrectos como “manifestantes” (62%), mientras responsabilizan al partido demócrata (30%), a la policía del Capitolio (23%) y a los inevitables antifa (20%) de lo sucedido. Como es lógico, la gran mayoría de los republicanos (75%) cree que el país debe “superar” el 6 de enero, en lugar de aprender de él. Y aunque a la mayoría no le importa ninguna de las dos cosas, un tercio de los republicanos señala que es más probable que vote por un candidato que se niegue a denunciar la insurrección.

También se puede observar la creciente amenaza antidemocrática del partido republicano en la avalancha de restricciones al voto propuestas y aprobadas en 2021. El Centro Brennan para la Justicia contabilizó la impresionante cifra de 440 proyectos de ley “que contienen cláusulas que restringen el acceso al voto” introducidos en todos los 50 estados de Estados Unidos menos uno, la cifra más alta desde que el Centro comenzó a realizar el seguimiento de los mismos hace 10 años. El año pasado se aprobaron 34 leyes de este tipo en 19 estados diferentes, y se han presentado 88 proyectos de ley en nueve estados para el período legislativo de 2022.

De manera preocupante, los republicanos apoyados por Trump que afirman que las elecciones de 2020 fueron robadas se están presentando como candidatos para la secretaría de Estado en varios lugares donde Trump impugnó sin éxito los resultados.

Al mismo tiempo, la situación de la extrema derecha no republicana resulta un poco menos clara. Aunque algunos expertos advierten que el movimiento de la milicia, en particular, se ha vuelto más extremista y violento, los márgenes violentos de la extrema derecha también se enfrentan a un Estado mucho más atento. Esto resulta especialmente cierto en el caso de los grupos vinculados a los ataques del 6 de enero, como los Oath Keepers, que se han enfrentado a un creciente escrutinio público y estatal después de que 21 de sus miembros presuntamente participaron en los atentados. Asimismo, los líderes de los Proud Boys se enfrentan a un juicio por el suceso, y algunos aceptaron cooperar con las autoridades en sus investigaciones.

Después de décadas en las que el gobierno estadounidense ignoró o restó importancia a la amenaza de la violencia de la extrema derecha, el presidente Biden convirtió el “extremismo violento nacional” en una de las principales preocupaciones de su nueva administración, destacando periódicamente a los supremacistas blancos como “la amenaza terrorista más letal en el país“. Respondiendo en parte a los informes de que exmilitares participaron prominentemente en el atentado del 6 de enero, el Pentágono reconoció “la amenaza de los extremistas nacionales, en particular de aquellos que adoptan ideologías de supremacía blanca o nacionalistas blancos”, para el ejército y el país en general.

Esto no quiere decir que el Estado controle a la extrema derecha violenta. Aunque más de 700 presuntos insurrectos han sido detenidos, hasta ahora solo alrededor de 50 han sido condenados, en su mayoría con multas y libertad condicional, después de que los jueces desestimaron al Departamento de Justicia. Además, los informes de los medios de comunicación revelaron que tanto el ejército como las fuerzas policiales han tenido dificultades para deshacerse de las ideas y los partidarios de la extrema derecha. Sin embargo, los individuos y grupos de extrema derecha potencialmente violentos ahora son objeto de una vigilancia mucho más intensa que la que se ejercía desde el 11 de septiembre de 2001, nos encontramos tal vez en un momento parecido al breve periodo posterior al atentado de Oklahoma City de 1995, que sigue siendo el ataque terrorista nacional más mortífero en la historia de Estados Unidos.

En resumen, un año después del ataque al Capitolio, la democracia estadounidense se encuentra en un lugar diferente, aunque todavía frágil. Lo más importante es que los extremistas ya no están en la Casa Blanca, alentando y protegiendo a la turba de extrema derecha. De hecho, el Estado es más consciente y está más atento a la amenaza de la extrema derecha de lo que nunca antes lo había estado en este siglo. La amenaza de la violencia directa de la extrema derecha probablemente sea menos grave que antes, no porque el movimiento sea más débil, sino porque el Estado es más fuerte.

Al mismo tiempo, el partido republicano se ha vuelto cada vez más unido y descubierto en su extremismo, el cual niega tanto el carácter antidemocrático del ataque del 6 de enero así como la legitimidad de la presidencia de Biden, y está aprobando un número sin precedentes de proyectos de ley de restricción de votantes en preparación para las elecciones intermedias de 2022 y las presidenciales de 2024. En la medida en que la Casa Blanca se centre principalmente en la lucha contra el “extremismo violento nacional”, y en gran medida ignore o minimice la amenaza mucho más letal para la democracia estadounidense que representan los extremistas no violentos, Estados Unidos seguirá acercándose cada vez más a un futuro autoritario.

Cas Mudde es profesor Stanley Wade Shelton UGAF de asuntos internacionales en la Universidad de Georgia, autor de The Far Right Today (2019) y presentador del podcast Radikaal. Es columnista de The Guardian US.