Desacatos legislativos en México, ¿hay solución?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucionales varias reformas realizadas por el Congreso de la Unión, algunas de las más relevantes son la regulación de objeción de conciencia por parte del personal médico y de enfermería, la prohibición para el uso recreativo del cannabis, la posibilidad de dar efectos retroactivos a la extinción de dominio, la asignación del gasto público en comunicación social y contratación de medios, y aceptar la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y los relacionados con los comprobantes fiscales falsos, entre otras.

Durante muchos años aquellos casos en que el Poder Legislativo desacataba una obligación constitucional de legislar, lo que técnicamente se conoce como la omisión legislativa, esta no podía ser atacable mediante el juicio de amparo o las acciones de inconstitucionalidad.

Inspirados en algunas sentencias del Tribunal constitucional español, la jurisprudencia de la Corte se modificó en el sentido de que a través del juicio de amparo se podía obtener la protección que derivaría de la omisión de legislar por parte del Poder Legislativo. Adicionalmente, nuestra Suprema Corte estableció jurisprudencia en el sentido de que el Poder Legislativo tiene la obligación de legislar en aquellos casos en que reformas constitucionales o decretos establecen la obligación de expedir mandatos legislativos por parte del Congreso de la Unión. 

La Suprema Corte cada vez más emite jurisprudencia o sentencias por las que obliga al Congreso de la Unión o a los Congresos estatales a legislar en determinado sentido, declarando la invalidez de alguna norma legislativa federal o estatal. El problema reside en el desacato que ya se ha vuelto costumbre en el Legislativo incumplir las determinaciones de legislar emanadas de nuestra Corte máxima. 

La Corte no goza de atribuciones para sancionar al Poder Legislativo, en virtud del principio de división y separación de poderes y, sobre todo, porque la responsabilidad jurídica de los miembros de este poder se da después de haber perdido el fuero constitucional y son sujetos de sanción a través del juicio político previsto en los artículos 108 a 111 de la Constitución, cuya aplicación depende del propio Poder Legislativo, lo que lo constituye en juez y parte. 

Una forma en que podría resolverse este dilema sería que el tribunal federal electoral pudiera sancionara a los legisladores responsables en la esfera de sus derechos electorales. Esta propuesta protegería no solo a los ciudadanos, sino a los propios legisladores, poniendo los incentivos necesarios para que logren los acuerdos políticos que les permitan cumplir con su función.

Recientemente un juez federal requirió el cumplimiento legislativo al diputado Sergio Gutiérrez Luna y a la senadora Olga Sánchez Cordero, presidentes de las cámaras de diputados y senadores respectivamente, determinando que de no cumplir la ejecutoria de amparo, se harán acreedores a una multa e incluso a ser destituidos. Esta acción podría constituir el primer paso para que el Poder Judicial lograra el cumplimiento de sus sentencias por el legislativo. 

La Suprema Corte, de hecho, no puede emitir sentencias con efectos generales, lo que también podría resolver el problema. Solo puede emitir jurisprudencia, que anula la resolución frente al Poder Judicial, pero no frente al resto de los poderes. Si la Corte pudiera lograr que todas sus resoluciones anularan con efectos generales una disposición legal, como en Estados Unidos, podríamos lograr que su fuerza como uno de los tres poderes de la federación facilitara el equilibrio de poderes tan indispensable para el funcionamiento de una democracia.

No es fácil el problema, pero la conciencia jurídica de un país reside en la fuerza moral y jurídica de su tribunal constitucional. Mientras el Poder Legislativo pueda desacatar los mandatos de la Corte respecto a su obligación de legislar, seguirá faltando un elemento fundamental para alcanzar un verdadero Estado de Derecho, y continuaremos en el peligroso reino de la impunidad que caracteriza a nuestro sistema jurídico.